Matìas Freire V *
Mucho se ha hablado en el ùltimo tiempo respecto a la necesidad de cambiar la constituciòn, a travès de mètodos democràticos inèditos en nuestra historia republicana. Esto es parcialmente cierto, porque si bien es absolutamente necesario cambiar la Constituciòn, no es totalmente cierto que nuestra historia republicana no cuente con un proceso de dichas características. Es más, existió un proceso constituyente, republicano y democrático (para la época) que ha sido sistemàticamente silenciado o tergiversado por la historiografìa tradicional, la cual lo tildò en su momento de “anarquìa”. Me refiero al perìodo que comienza con el derrocamiento de la dictadura de Ohiggins en 1823 y que finaliza con la sangrienta Batalla de Lircay en 1830, Etapa que Isidoro Erràzuriz caracterizarà como un “una luminosa interrupción, como un oasis de humanidad y candor, entre las proscripciones tenebrosas de la primera dictadura y las proscripciones y condenaciones por mayor de la época siguiente”. Dicho perìodo de nuestra historia fue estigmatizado y sentenciado al olvido por muchos años, situàndolo entre los gobiernos “fuertes” de Ohiggins y Prieto (con su ministro Portales), en los cuales primò el principio de “autoridad” y no el asambleismo anàrquico.
Esta es la historia rosa que nos contó la historiografía tradicional, y la que le contó antes a nuestros padres y abuelos, porque no es un secreto que la historia oficial la escriben los vencedores, y en este caso el sector reaccionario de la sociedad logró vencer y establecer un orden “portaleano” que duró décadas y cuya estructura fundamental dura hasta nuestros días, manifesténdose en elementos tales como la lógica de seguridad interior del Estado, la disparidad entre Santiago y las regiones (y la falta de autonomìa de èstas), el patriotismo entendido comoun desdén hacia pueblos o naciones vecinas, o lo escuàlido de nuestra democracia.
El proceso constituyente de la dècada de 1820 no fue perfecto, es verdad, ya que habìan grupos de la sociedad que aùn se mantenìan excluìdos de la decisiones (mujeres e indìgenas por ejemplo). Pero esto responde a un contexto mundial en el cual ninguna naciòn, ni las màs civiizadas habían incorporado a dichos grupos. Independiente de esa limitaciòn, lo relevante es que se logrò incorporar en el debate -por primera vez y ùnica en nuestra historia- a las provincias como un actor clave y en igualdad de condiciones con la capital. Y no sòlo eso, tambièn es necesario señalar la importancia de los actores civiles durante este proceso, tanto los que participaron en los distintos congresos, como los que participaron en las asambleas provinciales y cabildos locales. La actividad de esta ciudadanía empoderada tuvo como consecuencia que se desarrollara un fructífero debate en torno a la ampliación de la ciudadanía, la cual llegó a considerar a amplios sectores del pueblo, integrando a quienes no tenían bienes o profesiones, e incluso a los analfabetos. Actores como Camilo Henríquez, José Miguel Infante o Ignacio Cienfuegos, -además de decenas de republicanos anónimos que la historia oficial no recuerda- fueron fundamentales a la hora de determinar, a través del debate, la deliberación y la consulta popular, la forma de Estado y la regulación jurídica que más les acomodase. Esto se plasmó en variados óredenamientos constitucionales, los cuales desembocaron en la carta de 1828, la más equilibrada de nuestra historia en relación a la distribución de los poderes.
Un último elemento a considerar durante este período fue el rol de los militares. Si bien durante buena parte de nuestra historia posterior los militares fueron una herramienta de la oligarquía destinada a mantener el orden anti-democrático construido por ella, durante este período se produce un fenómeno inverso. Los militares fueron custodios del proceso constituyente, y en efecto fueron dos de ellos los que lideraron desde la máxima magistratura este proceso, Ramón Freire y Francisco Antonio Pinto. Y esto principalmente porque el Ejército que peleó la independencia era un Ejército conformado por ciudadanos, por vecinos que tomaron las armas para darle libertad a su gente. Por eso se alzaron contra Ohiggins cuando éste se convirtió en dictador, y por eso se alzaron sistemáticamente contra el gobierno de Prieto para derribar la tiranía de Portales. A diferencia de los ejércitos del siglo XX, éste era democrático y ciudadano. Por eso no es extraño que no sólo haya sido custodio del proceso constituyente, sino que además varios de sus miembros hayan participado activamente, en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos.
Lamentablemente este perìodo de nuestra historia ha sido escasamente estudiado, porque de lo contrario sabrìamos que tenemos una experiencia anterior, la cual podría ser utilizada como referente. Es menester entonces recuperar la memoria que se guarda sobre esta experiencia histórica para guiar el proceso presente y llevando así a cabo una asamblea constituyente, la cual debe ser popular, equitativa en su representación y democrática, en ningún caso designada. Entonces, y sólo entonces lograremos tener la primera Constitución democrática desde 1828.
(*) Matìas Freire V.
Concejal de San Miguel.
