Sustentabilidad Económica
El Desafío que Chile debe Superar para Alcanzar el Desarrollo
JORGE ROJAS VALLEJOS*
Chile está enfrentando una etapa de crisis económica y política, lo cual no es necesariamente algo negativo. Las crisis suelen ser instancias para crecer y desarrollarse si se consideran como una oportunidad y se toman las decisiones correctas. En Chile por muchos años la política y los negocios se habían estado combinando de un modo poco claro. Las formas de financiamiento de los partidos y las campañas electorales por parte de grandes empresas dejaba de manifiesto la existencia de leyes que no necesariamente se alinearían con el interés público. Los casos de la empresa minera SQM, del banco Penta y de Corpesca sacudieron la opinión pública. Acompañando a estos sucesos, también se desencadenaron escándalos de colusión de empresas de los más variados sectores económicos. Los casos más emblemáticos fueron el caso de las farmacias en el año 2009, el caso de los pollos en el 2011, y el del papel higiénico en el 2015, entre otros.
Todas estas situaciones han creado mucha desconfianza en la ciudadanía y los llamados a cuidar el sistema de libre mercado no han escatimado esfuerzos para destruirlo. El populismo ronda en el mundo y comienza a pasearse por las calles de Chile. El descontento y su necesidad hacen que las personas sean una presa fácil de aquellos que proponen soluciones inmediatas a problemas tan antiguos como la República. El candidato responsable que apela a la factibilidad técnica y económica de los problemas es visto como un político que no desea cambios. La crítica sin propuesta se ha transformado en la mejor estrategia electoral. Criticar todo e ignorar el conocimiento de expertos bajo la frase “no queremos una dictadura de los expertos”, es la nueva norma.
Sin embargo, existe una salida para escapar del populismo. Esa salida es la sustentabilidad económica. Existen varias definiciones de sustentabilidad. Una de las más utilizadas corresponde a la entregada en el informe denominado “Nuestro Futuro Común” de las Naciones Unidas en 1987, también conocido como Informe Brundtland. Aquí se define “el desarrollo sustentable como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Esta es una definición algo vaga desde un punto de vista operacional, pero que contiene dos conceptos clave: primero, la idea de necesidad, y luego el concepto de futuro.
El modelo de desarrollo Chileno no ha sido sustentable ya que se ha basado en la explotación de recursos naturales, principalmente el cobre y otros minerales, recursos que no son renovables. Por lo tanto, gran parte de nuestro crecimiento económico se ha enlazado fuertemente a la explotación minera. Pero no sólo eso, los ingresos provenientes de estas riquezas naturales no han sido utilizadas para innovar o crear valor agregado en otros sectores de la economía. En los últimos días hemos visto como el Estado debió inyectar a Codelco 975 millones de dólares para resolver el grave problema de capitalización de la empresa estatal. Esto debido a problemas generados por el bajo precio del metal rojo (bajó de 4.2 dólares por libra en el 2011 a 2.2 dólares en promedio este año). A eso se le debe sumar una ley anticuada como lo es la ley reservada del cobre que obliga a la estatal a entregar el 10% de sus ventas a las fuerzas armadas. Un ejemplo de utilización de un recurso no renovable para generar desarrollo en el futuro es el Fondo Global de Pensiones del gobierno Noruego.
Chile debe caminar hacia el sendero de la sustentabilidad económica. El primer paso es fortalecer la competencia en los mercados y eliminar la fuerte influencia de las grandes empresas y grupos económicos en la creación de las leyes (recordemos el caso de la ley de pesca). El país ha dado algunos pasos en la dirección correcta como lo es el cambio a la ley de partidos políticos y su financiamiento, junto con otras medidas propuestas por la Comisión Engel. No obstante, hay muchos otros temas que deben ser tratados como lo es la reducción de los cargos de confianza política (alrededor de cinco mil). Con aquello se evitaría el establecimiento de redes que no siempre cuentan con el conocimiento o la capacidad técnica para la correcta ejecución de proyectos estatales. También se debería prohibir la entrega de bonos (clientelismo electoral) y priorizar la inversión en infraestructura. De este modo, se invertiría en capital productivo que es vital para el desarrollo de las futuras generaciones. No hace falta decir que el gasto en infraestructura genera trabajos de calidad tanto en el corto como en el largo plazo. Finalmente, se deben promover políticas para el mejoramiento de los salarios y la estabilidad laboral, y por sobre todo, promover el desarrollo cognitivo temprano de los niños y niñas de Chile.
(*) Ingeniero Civil, Universidad de Chile.
Master en Economía, Universidad de Sydney.
Doctor en Economía, Universidad de Washington.
Profesor Asociado, Escuela de Ingeniería Comercial PUCV
