Por Camilo Espinoza
THE CLINIC 07 de Abril, 2020
Sin esperar su publicación en el diario oficial, ni la resolución del Ministerio de Hacienda, y a sólo 24 horas de que Piñera promulgara la llamada Ley de Protección de Empleo, la empresa Alsea le notificó a más de 4 mil trabajadores que sus contratos serían suspendidos por el tiempo que dure la alerta sanitaria del Covid-19. La firma mexicana, que entre sus cadenas de comida rápida controla las marcas de Starbucks y Burger King, acusa que “la industria de restaurantes está siendo profundamente afectada” por la pandemia y asegura que han sido golpeados “de manera profunda”. Sin embargo, desde los sindicatos critican que la compañía ha sumado millonarias utilidades año a año, superando incluso a las AFP, y advierten que los trabajadores no están dispuestos a pagar los costos de esta crisis.COMPÁRTELO
Alrededor del mediodía del viernes pasado, un correo electrónico confirmó lo que temían los cerca de 1.600 baristas y supervisores de la cadena Starbucks en Chile.
Dicho mail, al que tuvo acceso The Clinic, es firmado por Santiago Farinati, country manager de la empresa operadora de restaurantes de origen mexicano Alsea, donde confirma los rumores que se habían esparcido entre los trabajadores desde el día anterior: A partir del 3 de abril, el contrato de todos sería suspendido.
La noticia generó tanto ruido que hasta The New York Times hizo eco de la información, ya que dicha medida obliga a recurrir al seguro de cesantía a casi cuatro mil trabajadores repartidos entre los locales Starbucks, la cadena de hamburguesas Burger King, de comida china PF Chang’s y de comida texano-mexicana Chili’s, amparándose en la llamada Ley de Protección de Empleo, que había sido promulgada por Sebastián Piñera hace menos de 24 horas.
La firma ni siquiera esperó que se publicara la ley en el diario oficial (lo que ocurrió finalmente este lunes) ni que la Subsecretaría de Hacienda terminara de redactar la resolución que detallará “la zona o territorio afectado” por las medidas sanitarias del Covid-19, clave a la hora de determinar qué empresas se pueden acoger a la ley y cuáles no.
“Seguimos trabajando en él”, respondieron desde dicha cartera a The Clinic al cierre de esta edición.
“UNA HORA DE SUELDO VALE MENOS QUE EL CAFÉ MÁS BARATO”
“Tenemos una relación bastante compleja”, es lo primero que revela el presidente del sindicato de Starbucks, Andrés Giordano, sobre el vínculo que tienen con la empresa.
En conversación con The Clinic, relata que primero “fuimos notificados indirectamente, por algunos gerentes de tienda por vía telefónica, que la empresa había tomado la determinación unilateral de suspender los contratos de trabajo” y que “deberíamos subsidiar nuestras remuneraciones a través del seguro de cesantía”.
Eso los motivó a enviar un correo electrónico de queja a la empresa pidiendo una explicación y recién alrededor de las 17:00 horas de ese fatídico jueves pudieron reunirse con la gerencia de relaciones laborales. Sin embargo, asegura que “no pudimos hacer muchas preguntas”.
“Lamentablemente, Starbucks ha sido una empresa a nivel internacional que no ha tenido buenas relaciones con los sindicatos, ha sido condenada por prácticas antisindicales en su país de origen, Estados Unidos, y al menos cinco veces aquí en Chile”, critica.
Giordano grafica con claridad la situación de los trabajadores de la cadena de café: “Una hora de nuestro trabajo vale menos que el café más barato que vende la empresa, que es un expresso. La mayoría de los trabajadores ganan el sueldo mínimo o algo muy cercano a este”.
“La empresa es una multinacional que ha tenido cuantiosas utilidades año a año, con rentabilidades superiores a las de las AFP. Nosotros somos los que menos ganamos, los que nos llevamos una porción tan pequeña de esa generación de riqueza, y además tenemos que pagar el costo de esta crisis”, se lamenta.
Para el dirigente sindical, no se justifica que Alsea recurra a una ley que “está pensada para empresas que no tienen las espaldas, que no tienen el tamaño ni el acceso al capital financiero que sí tienen las multinacionales”. Además, acusa que dicha decisión “agrava la crisis sanitaria y la convierte en una crisis laboral, socioeconómica y humana”.
EL CASO DE BURGER KING
Desde que se decretó el cierre de bares y restaurantes el pasado 20 de marzo, las tiendas de Starbucks se mantienen oficialmente cerradas. Sin embargo, desde el sindicato han estado monitoreando y constataron que algunos locales siguen funcionando con reparto a domicilio.
Según su propio registro, este sábado al menos 10 tiendas fueron detectadas operando de este modo sólo en la Región Metropolitana.
La situación es similar para Burger King. Según la presidenta de su sindicato, Kelly Cerda, la crisis sanitaria “nos está afectando de la misma manera” y al menos siete tiendas se mantuvieron operando con el sistema de delivery hasta que el país entró en la Fase 4 del Covid-19.
La dirigenta sindical también rechaza la medida tomada por Alsea y acusa que se trabajó de manera unilateral. Pese a que la ley plantea que podría haber acuerdo con el sindicato o con cada trabajador de manera personal, ella acusa que en este caso “ni siquiera hubo un diálogo. No fue de mutuo acuerdo, no sabíamos nada de lo que iba a hacer la empresa”.
Kelly relata que entre los trabajadores “hay mucha ansiedad, mucho estrés. Muchos de ellos dependen del sueldo para cubrir sus necesidades básicas. Hay personas que dependen netamente del sueldo de Burger King. Además, no todos van a poder acceder al seguro de cesantía. Es mi caso, yo no tengo más de 200 mil pesos en el seguro”.
LA FÓRMULA DE ALSEA
El proyecto bautizado por Piñera como Ley de Protección del Empleo finalmente se convirtió en la Ley 21.227, que permite acceder al seguro de cesantía en circunstancias excepcionales que impliquen la paralización de actividades en el país, e impida totalmente la prestación de servicios. Un escenario que ofrece la pandemia del coronavirus en distintos niveles, dependiendo de la empresa y las comunas donde operan.
Según explica el abogado y experto en derecho laboral, Claudio Palavecino, la ley permite el retiro de dichos dineros en “un régimen progresivo”, donde “si no se cubren ciertos mínimos con la cuenta individual, entonces, lo faltante se saca del Fondo Solidario de Cesantía”, donde el Gobierno inyectó 2 mil millones de dólares.
En simple, durante el tiempo que dure la suspensión del contrato (máximo seis meses) el trabajador podrá retirar un porcentaje de su sueldo que irá decreciendo mes a mes. Ahora bien, ese porcentaje no puede superar una cantidad máxima ni puede descender de un monto mínimo establecido por ley. Puedes revisar el detalle en la siguiente tabla:
Consultados por The Clinic, desde Alsea aseguran que su principal objetivo es “garantizar que todos nuestros colaboradores sigan contando con su fuente laboral intacta” y agregan que van a cumplir con las obligaciones que les exige la ley: pago de cotizaciones y obligaciones previsiones.
Además, sostienen que durante el mes de abril adicionarán un pago extra de un 10% del sueldo base e incluirán una gratificación a cada trabajador. Con esto se asegura al menos el pago de un 80% de la remuneración original. “Esta medida aplica para todas nuestras marcas sin distinción”, aclaran.
Pero hay una situación global que podría golpear duramente estos recursos. Tanto el fondo individual como el solidario son administrados por la Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía (AFC), una entidad financiera que funciona del mismo modo que una AFP. “La única diferencia con los fondos de pensiones es que los dineros del seguro de cesantía se invierten en un solo fondo, equivalente al Fondo C”, explica Palavecino.
Esto implica que dichos recursos han estado expuestos a las pérdidas que han registrado las AFP en el mercado. El especialista agrega que esta caída “en el caso de los fondos de pensiones es menos dramática, porque ciertas pérdidas se cubren con eventuales alzas en el futuro. Pero en el Fondo de Cesantía, los fondos se ocupan rápidamente y evidentemente que la caída impacta, porque se van a empezar a usar fuertemente ahora”.
LOS LÍMITES DE LA LEY
Según el artículo 5 de esta ley, los empleadores “podrán suscribir con el o los trabajadores personalmente, o previa consulta a la organización sindical a la que se encuentre afiliado, un pacto de suspensión temporal del contratode trabajo”.
La diputada e integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, Karol Cariola, deja entrever que la ley podría ser más ambigua de lo que parece. “La palabra ‘podrán’ podría ser interpretativa. Esto significa que, si el empleador no quiere acordarlo de forma individual o colectiva, también podría tomar una definición unilateral”.
“Tanto en la comisión como en la sala, propusimos, para que precisamente no se dieran decisiones unilaterales a la hora de la aplicación de la ley, que pudieran ser los sindicatos o la mayoría de los trabajadores los que pudieran establecer esta definición”, subraya.
Palavecino concuerda con el margen interpretativo que le atribuye Cariola a dicho artículo, pero además agrega que la empresa podría ampararse en el reciente dictamen de la Dirección del Trabajo.
“Recuerda que el dictamen dice que si los trabajadores por cualquier razón no pueden concurrir al trabajo, el empleador no está obligado al pago de las remuneraciones. La compañía puede ampararse en esa interpretación, lo que seguramente va a dar lugar a litigio y probablemente los tribunales digan otra cosa”, explica.
Para Karol Cariola, las observaciones al proyecto no se acaban ahí, y hay otras críticas a la iniciativa, como la marginación de los trabajadores a honorarios quienes hasta ahora no tienen solución. Sin embargo, acusa que “el Gobierno sencillamente no las adoptó”.
“Creemos que si bien hoy día es necesario buscar mecanismos que le entreguen seguridad a los trabajadores respecto a la mantención de sus empleos, es impresentable que sea a costa de sus remuneraciones y de sus propias cuentas de fondos de cesantía”, subraya.
Además, expone que “lamentablemente la ley metió a todas las empresas en el mismo saco”, cuando en realidad hay grandes empresas que “evidentemente tienen la espalda económica para poder hacerse cargo del pago de los sueldos de los trabajadores, como lo hicieron en otros países”.
Consultados por The Clinic, desde Alsea aseguran que “la industria de restaurantes está siendo profundamente afectada y sin duda esto nos ha golpeado de manera profunda. Todo esto nos ha obligado a revisar minuciosamente nuestros planes financieros y abocarnos a dar continuidad a nuestra operación a través de distintas medidas de ahorros y restricciones presupuestarias”.
Si bien la empresa plantea que “estamos abocados en mantener una permanente comunicación con nuestros colaboradores”, desde el sindicato de Starbucks lo desmienten y aseguran que trabajarán en la “defensa íntegra de nuestros salarios” y no descartan “eventuales litigios, porque se está vulnerando la ley”.
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