Lo primero que debe quedar claro, es quienes son los ancianos recluidos en este recinto ad hoc.
Quienes se encuentran ahí recluidos, son personas que cometieron crímenes horrendos contra la población civil durante la Dictadura Cívico Militar que se instaló en Chile en 1973.
Durante 17 años gozaron de TODO el poder del Estado, y lo usaron criminal y dolosamente. Durante década gozaron de protección institucional e impunidad. Ya ancianos entraron a cumplir condenas en recintos habilitados especialmente para su comodidad. Están en una situación impresentable de privilegios, respecto a las miles de personas hacinadas que permanecen en prisión por delitos mucho menos graves que los cometidos por estos delincuentes condenados en procesos judiciales que respetaron todas sus garantías.
Estamos conscientes de la necesidad de descongestionar las cárceles, y que para ello es necesario remplazar – a la mayor brevedad- las prisiones preventivas e indultar a grupos de riesgo. Deben ser protegidos –enviándoles a sus domicilios- jóvenes y niños en prisión preventiva (sobre todo a los presos políticos de la Revuelta) y a toda persona que de ser condenada, no tendría pena de cárcel o porque su delito implica una pena menor.
Debe cambiarse la medida cautelar de prisión preventiva a todo mujer embarazada o con hijos menores en riesgo social y sanitario. Otorgar el beneficio de indulto o libertad condicional a la población adulta mayor en riesgo.
Pero eso en ningún caso -como pretenden parlamentarios de Chile Vamos y el propio Presidente de la República-, puede ser una excusa para liberar a los reclusos de Punta Peuco. Ellos no viven en condiciones de hacinamiento y cuentan con equipamiento y medidas de salubridad que ninguna cárcel de Chile tiene. No deben olvidar que conforme al Derecho Internacional, la gravedad de los crímenes cometidos por ellos hacen que no puedan ser indultados, amnistiados, ni valerse de argucias para eludir cumplimiento de sus condenas.
En esa línea va el requerimiento ante el TC de Chile Vamos contra la ley de indulto; la urgencia puesta a la ‘ley humanitaria’ de Piñera; y está el riesgo de que las libertades condicionales acaben sirviendo al propósito declarado por el Gobierno y sus sostenedores.
Como lo han señalado organismos internacionales de DD.HH. indultar, otorgar el beneficio de la libertad condicional o cualquier otro resquicio legal para liberar criminales de lesa humanidad, contraviene Acuerdos y Convenciones firmadas por el Estado de Chile.
NO A LAS MANIOBRAS DE IMPUNIDAD DE UN GOBIERNO CORRUPTO Y SIN LEGITIMIDAD.
COMANDO UNITARIO DE EX PP y FAMILIARESChile, 8 de abril 2020
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