El país más pobre de América comenzó 2017 con la noticia de que tiene nuevo presidente tras más de un año de crisis política. Hay temores, sin embargo, de que más que ser una solución el nuevo gobierno pueda consolidar los problemas. Mientras tanto, en Uruguay se volvió a prorrogar la presencia de cascos azules en Haití.
Roberto López Belloso
Brecha, Montevideo, 5-1-2017
“Es una catástrofe para Haití.” Las palabras de Frédéric Thomas, investigador en ciencias políticas del Centro Tricontinental de Louvain-la-Neuve (Bélgica), no se refieren al terremoto de 2010, que mató más de 200 mil personas, ni al reciente paso del huracán Matthew que dejó al menos 800 muertos. Tampoco al aumento de un 41 por ciento en los casos de cólera que se registró el año pasado. O a las cifras, ya habituales, de que el 80 por ciento de la población está bajo la línea de la pobreza. El académico habla de la elección de Jovenel Moïse como nuevo presidente, anunciada este martes 3 después de un complejo y cuestionado proceso electoral.
En una entrevista concedida al diario francés Libération, Thomas criticó la opacidad de la carrera política y empresarial del futuro mandatario, a quien considera un “hombre de paja” detrás del cual se esconden los intereses económicos de la elite local y cuyos hilos son movidos por su predecesor, Michel Martelly. Para peor mal de males, existen sospechas de que Jovenel Moïse está involucrado en el lavado de dinero, según una reciente investigación que reveló que el empresario, que se presenta a sí mismo como un outsider de la política, posee 14 cuentas bancarias a su nombre. Para completar un identikit que parece cercano al arquetipo del presidente neocolonial, el principal rubro en el que giran las empresas de Moïse, además de sus intereses en las zonas francas, es el negocio bananero.
Con esos antecedentes todo hace prever que su mandato será una continuación de lo hecho por Martelly. Un período que según Thomas se caracterizó por sospechas de corrupción, una política económica ultraliberal, el retroceso de los derechos de las mujeres y el agravamiento de las amenazas contra la sociedad civil.
La elección en sí misma fue el resultado de un largo ciclo del que la población pareció mantenerse ajena, más allá de las protestas que se originaron en las acusaciones de fraude. Todo comenzó en octubre de 2015 con unos comicios que llevaron a Moïse a una segunda vuelta que nunca se realizó, dado que su competidor, Jude Celestin, desconoció los resultados y cambió la contienda por el boicot, fundando un grupo de ocho partidos que reclamaron por la anulación de todo el conteo de votos. Las denuncias fueron de tal gravedad que las autoridades electorales debieron hacer borrón y cuenta nueva.
Las protestas, según escribió Fabrizio Lorusso, periodista italiano que trabaja para La Jornada de México, se dirigieron no sólo contra el supuesto fraude sino también contra la Minustah, la misión de estabilización de las Naciones Unidas para Haití, “percibida por la mayoría de los haitianos como un ejército invasor, responsable de violaciones a los derechos humanos y de la introducción del virus del cólera, que ha provocado 9 mil muertos y 800 mil contagios desde 2010”.
Sin embargo, en el camino posterior a la suspensión de la segunda vuelta de 2015 nada cambió. Los ocho partidos opositores, que habían tenido éxito al unirse para forzar la anulación de lo votado, no lograron formar ningún tipo de coalición que le disputara el gobierno al poder establecido. Así que cuando se abrió el proceso de presentación de nuevos candidatos para una nueva campaña electoral, éstos surgieron como hongos, aumentando la atomización de una oferta que se caracteriza por “las unipersonales políticas”, según varios periodistas que siguen de cerca la realidad haitiana. Postulaciones centradas en individuos, sin claridad programática y sin partidos sólidos detrás. Esto produce un vacío en el sistema que se traduce en desinterés ciudadano. Tanto es así que en las nuevas elecciones, realizadas el 20 de noviembre de 2016, sólo participaron 21 por ciento de los habilitados para votar, lo que implica un 10 por ciento de los más de 6 millones de haitianos.
El resultado fue casi un espejo. Nuevamente Moïse a la cabeza. Nuevamente Celestin segundo. Otra vez acusaciones de fraude. Otra vez protestas. De nuevo los reclamos de transparencia electoral mezclados en la calle con protestas contra la Minustah.
Una misión cuestionada
Los seis meses que originalmente iba a durar en el terreno el despliegue de los cascos azules, cuando fue votado por las Naciones Unidas en 2004, ya se han transformado en 12 años, luego de una serie de prórrogas que se fueron aprobando de manera casi administrativa. La más reciente de esas extensiones es la que surge de la resolución número 2.313 del Consejo de Seguridad, que el 13 de octubre de 2016 dispuso que la misión seguirá en el terreno al menos hasta el 15 de abril de 2017.
Uno de los ejes del debate sobre esa presencia radica en el tipo de funciones que se han llevado a la práctica. No se trata de un país en guerra, en el que la mera presencia de los cascos azules ya cumpla un rol de separación “pasiva” de bandos en conflicto. Tampoco de un lugar con una guerra civil en curso o en proceso de resolución, donde las tropas de paz pueden ayudar a que el desarme de los insurgentes no tenga como efecto residual los ataques contra la población civil de bandas desencuadradas de los acuerdos. Lo que ocurre en Haití está más cerca de aquel muy polémico concepto de “Estado fallido” que Fund for Peace popularizó en 2005 a través de la publicación de su índice de inestabilidad (cuanto más alto se ubica un país, más en riesgo se encuentra) en la revista Foreign Policy. En el ranking de 2016 Haití se ubicaba décimo, detrás de Afganistán y por delante de Irak, los tres calificados como estados en “alerta alta” de fallar. El primer puesto, con “alerta muy alta”, lo ocupaba Somalia, y el último, como “Estado muy sustentable”, Finlandia. Uruguay está considerado el país más estable de América Latina, en el mismo rango que Francia, Reino Unido, Japón y Estados Unidos.
Por eso, en un lugar donde el Estado tiene dificultades para extender la ley a todo el territorio, donde hay incapacidad para suministrar servicios básicos, y donde se produce una erosión de la legitimidad de la autoridad que se supone debería ser la legítima, las funciones que cumple un destacamento de casi 5 mil uniformados (que llegaron a ser 7 mil) resbalan con cierta facilidad hacia la polémica.
Una realidad que no parece tener perspectivas de variar en estos cuatro meses de la enésima extensión, ya que la resolución 2.313 encomienda a la Minustah mantener “su capacidad de desplegar contingentes rápidamente en todo el país”, en un contexto en el que el propio Consejo de Seguridad recuerda que en cualquier momento puede “adaptar el mandato y la dotación” de la misión a efectos de que, ante algo tan difuso como “un cambio en las condiciones en Haití”, pueda hacer algo aún más difuso: todo lo que cabe en la frase “preservar los progresos hechos en materia de seguridad y estabilidad duraderas”.
Ida y vuelta
Las intervenciones activas de la Minustah en barrios dominados por bandas de narcotraficantes han tenido en algunos casos cierto parecido con esas operaciones que realiza la Policía Militar brasileña para tomar el control de una favela. Y en los hechos se ha señalado que la propia intervención de Brasil en la fuerza de paz desplegada en Haití tenía el efecto colateral de favorecer el “saber hacer” para el operativo de seguridad de largo aliento previo a los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro.
Un artículo de Miriane Peregrino indica que soldados brasileños que sirvieron en Haití fueron utilizados en las ocupaciones militares de favelas cariocas: Complejo del Alemán, en 2010, y de Maré, en 2014. Peregrino señala además que en las últimas conformaciones del contingente brasileño para la Minustah se había producido la corriente inversa: eran los soldados que habían servido en las favelas de Maré los que se llevaban rumbo a Haití. Hasta las cifras presentan cierta simetría: en 11 años a la cabeza de la Minustah –escribe Peregrino–, Brasil envió 23 mil soldados a la isla francófona, y en el proceso de ocupación militar de las favelas de Maré, la fuerza de pacificación la integraron 27 mil soldados.
De entre casa
Aunque el tema regresa cíclicamente a la agenda informativa uruguaya, no lo suele hacer mediante el debate de las cuestiones de fondo que implica mantener tropas en una realidad tan compleja como la haitiana.
Esta vez no fue diferente, y todo se redujo a la anécdota –casi al gag– de la cachetada en la cara que un diputado suplente (Gabriel Courtoisie, de Asamblea Uruguay) le dio a un colega de la oposición (Eduardo Rubio, de Unidad Popular). Y cuando se argumentó, una parte de lo dicho pareció alejarse de la esfera del compromiso internacional: las tropas uruguayas ya cuentan con ese “sobresueldo” al que acceden en las rotaciones del contingente y quitárselo sería afectar casi un “derecho adquirido”. Otra parte de los argumentos de las voces que apoyaron en el Parlamento cada nueva prolongación de la misión, y que formaron parte de todo el espectro de la interna del Frente Amplio, destacaron la importancia de mantener los cascos azules para proteger a la población haitiana, y se negaron –en ese sentido se expresó el diputado del Espacio 609 Ruben Martínez Huelmo– a considerarlo una intervención. Sectores que anteriormente habían votado en contra de la permanencia de Uruguay en Haití, como Casa Grande, que lidera la senadora Constanza Moreira, esta vez votaron a favor con el argumento de que se trata de la última extensión.
En todo caso, en la nota enviada por el presidente Tabaré Vázquez al Parlamento el 21 de diciembre, para que se permita a los militares uruguayos seguir en Haití, se indica que “el Poder Ejecutivo acuerda el retiro de la totalidad de las tropas, una vez que expire la prórroga del mandato aprobada en la resolución 2.313”.
Si se cumple con esa intención, y no se deroga mediante otra ley que acompañe una eventual nueva resolución del Consejo de Seguridad, en abril de 2017 habrá llegado a su fin la larga presencia uruguaya en Haití que comenzó con la ley 17.785, del 22 de junio de 2004.
El regreso, también es cierto, puede producirse antes, ya que lo aprobado el reciente 21 de diciembre establece que “el Poder Ejecutivo podrá en cualquier momento, dentro del plazo de la prórroga prevista y por decisión fundada, reducir en mayor número los efectivos desplegados e incluso proceder al retiro total de los mismos, comunicándolo a la Asamblea General”. Pero ese segmento debe relativizarse. Es casi un calco de textos que ya estaban en las leyes anteriores, las que siempre fueron sustituidas por una nueva ley.
Sea esta la retirada definitiva, o no lo sea, por detrás queda la sensación de un debate ausente. Lo más cerca que se estuvo fue con la repercusión pública que tuvo la renuncia a su banca del diputado socialista Guillermo Chifflet, ocurrida el 1 de diciembre de 2005 por discrepar con el envío de cascos azules a Haití. Luego de eso, todo han sido intercambios reducidos a los diarios de sesiones y a ocasionales artículos en la prensa. Pero poco más. Como si todo hubiera sucedido en las brumas del sueño y a la otra mañana, sin recordar bien lo ocurrido, apenas quede la sensación de que se estaba intentando escapar de una pesadilla en la que sólo había dos salidas: una con cocodrilos dormidos y otra con hipopótamos hambrientos. Se optó por el primer camino, pero al hacerlo se debió pasar en puntas de pie por algo que, tal vez, hubiera requerido un debate nacional amplio y con múltiples actores.
Despliegue
Uruguay tiene desplegados a la fecha 249 efectivos en el contingente militar. La mayoría de ellos se encuentran desplegados en la localidad de Morne Casse, mientras se mantiene una célula logística en Puerto Príncipe.
El contingente nacional desplegado en la República de Haití se ha ido disminuyendo paulatinamente, según resulta de los siguientes datos: a diciembre del año 2010, 1.130 efectivos; a diciembre del año 2011, 959 efectivos; a diciembre del año 2014, 594 efectivos; octubre del año 2015, 254 efectivos; agosto del año 2016, 249 efectivos.
Esta disminución ha ido acompañando el proceso de reducción general del componente militar de la misión en función del plan de consolidación de la Minustah, el cual ha centrado las actividades de la misión en un conjunto básico de tareas encomendadas, teniendo en cuenta la reducción de su capacidad y conforme a lo acordado con el gobierno de Haití.
(Tomado de la nota enviada a la Asamblea General por parte del presidente Tabaré Vázquez. Repartido 621 de la Cámara de Representantes, diciembre de 2016.)
