LA IZQUIERDA DIARIO
Por Giacomo Turci
La política del gobierno italiano en respuesta a la crisis sanitaria se ha basado durante semanas en medidas descaradamente proburguesas unidas por una retórica de «unidad nacional». Este miércoles, convocado por el sindicato de base USB, al que en el norte se sumaron sectores de los sindicatos mayoritarios CGIL, la CISL y la UIL, el primer día de la huelga general reunió a varios sectores de la lucha obrera que respondían a la política de «business as usual».
Italia es uno de los países más afectados por la pandemia del coronavirus. El miércoles el recuento oficial arrojaba el dato escalofriante de 57.500 infectados y 7.500 muertos. El sistema de salud ya ha superado su capacidad máxima y la elección de no centralizarlo, confiscando la asistencia sanitaria privada, ha empeorado la situación. Así pues, el contagio se ha extendido fuera del brote inicial en Lombardía, en el norte, en la región más rica e industrializada del país.
La política de mantener en el negocio al mayor número posible de empresas ha generado la ira y una respuesta de lucha de los trabajadores y las trabajadoras, que comenzó con formas completamente espontáneas y sin dirección, en particular entre los metalúrgicos y en la logística. La ola de miedo que los medios de comunicación y el gobierno propagaron para convencer a la población de que se encerrara en sus casas -con la «pequeña» excepción de más de diez millones de trabajadores- les ha salido por la culata: el movimiento obrero ha difundido rápidamente la demanda de cierre de las actividades no esenciales y el pago íntegro de los salarios a todos los trabajadores en cuarentena, con más medidas de seguridad (por el momento, ausentes en muchos puestos de trabajo) en las actividades que permanecen abiertas.
Ante el incumplimiento del gobierno de su promesa de cerrar todas las actividades no esenciales, el sindicato de base USB lanzó este miércoles una huelga general de un día. Así pues, la unión motivó su iniciativa:
“El nuevo decreto aprobado el domingo por la tarde por el presidente del Consejo de Condes es el fruto envenenado del veto de los jefes a un verdadero bloqueo de la producción de todo lo que no tiene nada que ver con la emergencia y la seguridad de la vida de las personas. Ceder a los dictados de la Confindustria y de otras asociaciones patronales es una responsabilidad muy grave que agravará el costo de las vidas humanas que nuestro país ya está pagando, asumido para asegurar que las empresas puedan volver a obtener beneficios.
¿No está claro que la amplitud del contagio y el número de víctimas se registran en las mismas zonas donde la producción es más fuerte y donde, dada la cínica obstinación de los empleadores, miles de trabajadores se ven obligados a transmitir el virus y un alto porcentaje de ellos se enferman?
Para USB, no sólo permanecen intactos, sino que hoy, paradójicamente, esos caracteres de urgencia y emergencia nos han llevado a proclamar una huelga general para este 25 de marzo, para que cesen todas las actividades que no son realmente esenciales y en defensa de todos los trabajadores que tendrán que seguir en servicio, para que se adopten realmente todas las protecciones a las que tienen derecho.
Hemos pedido que se reciba al presidente en ejercicio del Consejo para que represente la dramática situación de un gran número de trabajadores, empezando por los trabajadores de la salud, que a menudo se ven obligados a trabajar en condiciones insoportables, y para que defina claramente las sanciones para los empleadores que no lo hagan. No aceptaremos que Confindustria dicte las normas a todo el país y que establezca realmente el número aceptable de muertes que tendremos que soportar.
Hacemos un llamamiento a todos los trabajadores para que participen en la huelga general en las formas y maneras que son posibles hoy en día, salvaguardando la protección de los ciudadanos. ¿Cuántas muertes más serán necesarias para inducir a los sindicatos cómplices a hacer su trabajo, dado que los jefes hacen el suyo muy bien por su cuenta?
Que el 25 de marzo se convierta en un día nacional de huelga general para todos y todas!»
Presión de las bases y rebelión obrera
Esta medida, junto con la fuerte presión de un gran sector de la clase obrera de base de los grandes sindicatos confederados, llevó al gobierno y a los dirigentes de la CGIL, la CISL y la UIL a dialogar en una reunión fluvial entre el 24 y el 25 de marzo, lo que condujo a la definición de un acuerdo para el cierre de un sector más amplio de empresas. Estos sindicatos retiraron así todo el apoyo a la huelga, antes de que, en una declaración vaga y ambigua, «dieran permiso» a los trabajadores para movilizarse y hacer la huelga de ayer.
Bajo la presión de sus miembros, en las dos regiones fundamentales de Lazio y Lombardía, los sectores de la industria metalúrgica, química y papelera se declararon en huelga, y los propios sindicatos confederados se vieron obligados a reconocer el éxito de la huelga, con una afiliación de entre el 60% y el 90%.
El día de la huelga, en su conjunto, registró una adhesión mucho mayor que la de los miembros de la USB (algunas decenas de miles concentrados en el sector público): por ejemplo, más de 400 enfermeras firmaron un llamamiento invitando a todos aquellos que no trabajan en sectores esenciales (como el personal médico) a la huelga, y se adhirieron con un minuto simbólico de huelga, difundiendo el hashtag #scioperaperme (#huelgaparamítambién).
En el caso de Ilva de Taranto, con la excusa de la necesidad de mantener el alto horno en llamas, la empresa «ordenó» el trabajo a muchos, negando efectivamente el derecho a la huelga.
La Comisión de Garantía del derecho de huelga impugnó la proclamación de la huelga por parte de la USB, alegando razones de seguridad relacionadas con la pandemia y reservándose el derecho de imponer sanciones contra el sindicato, una amenaza que, de hecho, había logrado desactivar las movilizaciones del 8 de marzo y la huelga general que debía tener lugar el 9 de marzo.
Sin embargo, no parece que las maniobras del gobierno, las amenazas antihuelgas y la política de multas masivas a los que se van de casa puedan detener tan fácilmente esta ola de lucha obrera. Mientras los trabajadores siguen infectándose y muriendo, el gobierno alterna el tratamiento medieval de cuarentena masiva con muy pocos tampones con una escalada de represión completamente desmotivada por la propia crisis sanitaria: mientras que los militares son enviados por las ciudades casi como si hubiera un toque de queda bajo la ley marcial, ayer se impusieron unas 120.000 multas (de unos 200 euros) a quienes salgan de casa «sin causa justificada», una valoración que las fuerzas del orden pueden hacer de forma arbitraria.
Al mismo tiempo, según el acuerdo gobierno-sindicato, el cumplimiento de las nuevas medidas de seguridad puede ser autocertificado por las propias empresas, con la inspección de los prefectos (conocidos expertos médicos) y el apoyo de las burocracias sindicales territoriales, una broma trágica que costará más muertes.
Contra esta política, es necesario tener comités de seguridad e higiene en todas las demás empresas, compuestos exclusivamente por trabajadores, con plenos poderes y sin ninguna interferencia del gobierno ni las patronales. Es necesario que los propios trabajadores establezcan las condiciones de trabajo y el tiempo de trabajo adecuados para contener el contagio.
La huelga comienza a romper rompe la «unidad nacional» reaccionaria que impera en Italia. Por ello debe prolongarse y relanzarse, en primer lugar, mediante la lucha que se lleva a cabo desde hace dos semanas en la logística, para imponer el cierre real de las actividades no esenciales, la reconversión de las industrias que sean factibles para producir elementos necesarios para enfrentar la pandemia y todas las medidas urgentes que son necesarias no para los industriales, sino para la clase obrera y las masas populares.
