Sharon Lerner *
The Intercept, 13-3-2020
Traducción de Sinfo Fernández – Rebelión
A medida que el nuevo coronavirus propaga enfermedades, muertes y catástrofes por todo el mundo, prácticamente ningún sector económico ha podido evitar los daños. Sin embargo, en medio del caos de la pandemia mundial, hay una industria que no solo está sobreviviendo sino que se está beneficiando enormemente.
“Las compañías farmacéuticas ven en el Covid-19 una oportunidad única en la vida para hacer un gran negocio”, dijo Gerald Posner, autor de “Pharma: Greed, Lies, and the Poisoning of America”. Por supuesto que el mundo necesita productos farmacéuticos. En particular, para el nuevo brote del coronavirus necesitamos tratamientos y vacunas y, en EE. UU., tests. Docenas de compañías rivalizan ahora para hacerlos.
“Todos se han apuntado a esa carrera”, dijo Posner, quien describió como enormes los beneficios potenciales en caso de ganar la carrera. La crisis global “será un éxito de taquilla para esa industria en términos de ventas y ganancias”, dijo, y agregó que “cuanto peor sea la pandemia, mayores serán sus futuras ganancias”.
La capacidad de ganar dinero con los productos farmacéuticos es ya excepcionalmente grande en EE. UU. al carecer de los controles básicos de precios que tienen otros países, lo que brinda a las compañías farmacéuticas más libertad para fijar los precios de sus productos que en cualquier otro lugar del mundo. En la actual crisis, los fabricantes de productos farmacéuticos pueden tener aún mayor margen de beneficios de lo habitual debido al discurso que los grupos de presión de la industria metieron en un paquete de gasto para el coronavirus de 8.300 millones de dólares, aprobado la semana pasada, para maximizar sus ganancias a causa de la pandemia.
Algunos legisladores trataron inicialmente de asegurarse que el gobierno federal limitaría la cantidad de compañías farmacéuticas que podrían recoger los frutos de las vacunas y los tratamientos para el nuevo coronavirus que se desarrollaran con el uso de fondos públicos. En febrero, la representante Jan Schakowsky, demócrata por Illinois., y otros miembros de la Cámara escribieron a Trump pidiéndole que “asegurara de que cualquier vacuna o tratamiento desarrollado con dólares de los contribuyentes estadounidenses sería accesible, disponible y asequible”, un objetivo que alegaron no podría cumplirse “si las corporaciones farmacéuticas tienen autoridad para establecer precios y determinar la distribución, poniendo los intereses con fines de lucro por encima de las prioridades de salud”.
Cuando la financiación del coronavirus estaba negociándose, Schakowsky lo intentó de nuevo escribiendo al Secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, el 2 de marzo postulando que sería “inaceptable que los derechos para producir y comercializar esa vacuna se entregaran posteriormente a un fabricante farmacéutico a través de una licencia exclusiva sin condiciones respecto al precio o acceso, lo que permitiría que esa compañía cobrara lo que quisiera y vendiera fundamentalmente la vacuna al público que pagó para que pudiera desarrollarse”.
Pero muchos republicanos se opusieron a agregar una redacción al proyecto de ley que restringiera la capacidad de ganancias de la industria, argumentando que eso sofocaría la investigación y la innovación. Y aunque Azar, que trabajó como principal grupo de presión y jefe de operaciones de Estados Unidos para el gigante farmacéutico Eli Lilly antes de unirse a la administración Trump, aseguró a Schakowsky que compartía sus preocupaciones, el proyecto de ley continuó consagrando la capacidad de las compañías farmacéuticas para establecer precios potencialmente exorbitantes para las vacunas y medicamentos que se desarrollan con los dólares de los contribuyentes.
El paquete final de la ayuda no solo omitió el lenguaje que habría limitado los derechos de propiedad intelectual de los fabricantes de medicamentos, sino que prohibía específicamente al gobierno federal emprender cualquier acción en caso de sentir preocupación de que los tratamientos o vacunas desarrolladas con fondos públicos tuvieran un precio demasiado alto.
“Esos grupos de presión merecen una medalla de sus clientes farmacéuticos al haber liquidado esa disposición de propiedad intelectual”, dijo Posner, quien agregó que el lenguaje que prohíbe que el gobierno responda al aumento de precios fue aún peor. “Permitirles tener este poder durante una pandemia es indignante”.
La verdad es que sacar provecho de la inversión pública es también un negocio habitual para la industria farmacéutica. Desde la década de 1930, los National Institutes of Health (NIH) han invertido unos 900.000 millones de dólares en investigaciones que las compañías farmacéuticas utilizaron para patentar medicamentos de marca, según los cálculos de Posner. Cada medicamento aprobado por la Food and Drug Administration entre 2010 y 2016 involucró ciencia financiada con dólares de los impuestos a través del NIH, según el grupo de defensa Patients for Affordable Drugs. Los contribuyentes gastaron más de 100.000 millones de dólares en esa investigación.
Entre los medicamentos que se desarrollaron con algunos fondos públicos y se convirtieron en grandes ingresos para las empresas privadas se encuentran el medicamento contra el VIH AZT y el tratamiento contra el cáncer Kymriah, que Novartis vende ahora por 475.000 dólares.
En su libro “Pharma”, Posner señala otro ejemplo de compañías privadas que obtienen ganancias exorbitantes de medicamentos producidos con fondos públicos. El medicamento antiviral sofosbuvir, que se utiliza para tratar la hepatitis C, surgió de una investigación clave financiada por los NIH. Ese medicamento es ahora propiedad de Gilead Sciences, que cobra 1.000 dólares por píldora, mucho más de lo que muchas personas con hepatitis C pueden pagar; Gilead ganó 44.000 millones de dólares del medicamento durante sus primeros tres años en el mercado.
“¿No sería genial que algunas de las ganancias de esos medicamentos volvieran a la investigación pública en los NIH?”, se preguntaba Posner.
En cambio, esas ganancias han financiado enormes bonificaciones para los ejecutivos de las compañías farmacéuticas y una comercialización agresiva de medicamentos para los consumidores. También se han utilizado para impulsar aún más la rentabilidad del sector farmacéutico. Según los cálculos de Axios, las compañías farmacéuticas obtienen el 63% de las ganancias totales de la atención médica en EE. UU. Eso se debe en parte al éxito de sus esfuerzos de cabildeo. En 2019, la industria farmacéutica gastó 295 millones de dólares en cabildeo, mucho más que cualquier otro sector en los EE. UU. Eso es casi el doble que el siguiente sector que más gasta -el sector de la electrónica, la fabricación y el equipo- y mucho más del doble de lo que las empresas de gas y petróleo invierten en ese objetivo. La industria gasta asimismo profusamente en contribuciones a las campañas de los congresistas demócratas y republicanos. A lo largo de la primarias demócratas, Joe Biden ha liderado el grupo de receptores de contribuciones de las industrias farmacéuticas y de la atención médica.
El gasto de las Big Pharma ha posicionado bien a la industria en la actual pandemia. Si bien los mercados bursátiles se han desplomado en reacción a la crisis de la administración Trump, más de 20 empresas que trabajan en una vacuna y otros productos relacionados con el nuevo virus SARS-CoV-2 se han librado en gran medida. Los precios de las acciones de la empresa de biotecnología Moderna, que comenzó a reclutar participantes para un ensayo clínico de su nuevo proyecto para una vacuna contra el coronavirus hace dos semanas, se dispararon durante ese tiempo.
El jueves, un día de carnicería general en los mercados bursátiles, las acciones de Eli Lilly disfrutaron de un buen impulso después de que la compañía anunciara que se unía también al esfuerzo para conseguir una terapia para el nuevo coronavirus. Y Gilead Sciences, que también está trabajando en un posible tratamiento, está asimismo prosperando. El precio de las acciones de Gilead ya había subido desde que apareció la noticia de que su medicamento antiviral remdesivir, creado para tratar el Ébola, se estaba administrando a pacientes con Covid-19. Hoy, después de que el Wall Street Journal informara de que la droga tuvo un efecto positivo en una pequeña cantidad de los pasajeros infectados en un crucero, el precio subió aún más.
Varias compañías, incluidas Johnson & Johnson, DiaSorin Molecular y QIAGEN han dejado claro que están recibiendo fondos del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) para los esfuerzos relacionados con la pandemia, pero no está claro si Eli Lilly y Gilead Sciences están utilizando dinero del gobierno para sus trabajos sobre el virus. Hasta la fecha el HHS no ha emitido una lista de beneficiarios de sus subvenciones. Y según Reuters, la administración Trump ha dicho a los altos funcionarios de la sanidad que traten sus discusiones sobre el coronavirus como tema clasificado excluyendo a quien no tenga acreditación de seguridad.
Los excabilderos principales de Eli Lilly y Gilead están ahora trabajando en el Grupo de Trabajo del Coronavirus de la Casa Blanca. Azar fue director de operaciones de EE.UU. para Eli Lilly y presionó a favor la empresa, mientras que Joe Grogan, que ahora es director del Consejo de Política Nacional, fue el principal cabildero de Gilead Sciences.
* Sharon Lerner cubre los temas de salud y medio ambiente para The Intercept. Sus trabajos han aparecido también en el New York Times, The Nation y el Washington Post, entre otras publicaciones. Ha recibido premios de la Society for Environmental Journalists, la American Public Health Association, el Park Center for Independent Media, The Women y Politics Institute y el Newswoman’s Club of New York. Su serie, The Teflon Toxin, fue finalista en uno de los premios de National Magazine.
