por Gustavo Burgos
El sábado 25 recién pasado, en el ex Congreso Nacional, culminó el Foro Latinoamericano de DDHH, instancia convocada por los senadores de oposición de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Adriana Muñoz (PPD), Juan Ignacio Latorre (RD) y el progresista Alejandro Navarro.
A la actividad concurrieron expertos y activistas en la materia. La actividad puede considerarse exitosa atendida la nutrida concurrencia y la relevancia de sus expositores, los que a pesar de las bajas de Evo Morales y Dilma Rousseff, contó con la presencia estelar de Baltasar Garzón que bien permitió dotar al encuentro de la notoriedad internacional que demandaba un encuentro de esta naturaleza. La lucha por el respeto a los DDHH ha dado cuerpo a las reivindicaciones democráticas desde los años 50 en todo el mundo y en el Cono Sur latinoamericano, su reivindicación ha resultado medular en el enfrentamiento a las dictaduras militares.
De hecho, la iconografía de la lucha democrática en nuestros países, está marcada por la tarea realizada por las organizaciones de familiares y ecuménicas que la asumieron, por la vía de la heroica denuncia de los atropellos y la búsqueda de los desaparecidos. En Chile, particularmente, no se puede hablar de lucha democrática sin referir a CODEPU, la Vícaría de Solidaridad, el Movimiento Sebastián Acevedo, la AFDD, etc.
Que -desde instancias oficiales- se haya convocado a esta actividad luego de tres meses de castigo implacable y de sistemáticas violaciones a los DDHH por parte del Gobierno de Piñera, era algo obligatorio. Puede señalarse que este acto es el primer intento de toda la oposición por ocupar un espacio en la lucha democrática. La visita de Garzón a la Plaza de la Dignidad y la invitación de un compañero de la Primera Línea al encuentro, marcan un giro a una política que hasta este momento ha estado centrada en la desmovilización e institucionalización, de lo que llaman el «estallido social». Se trata de un gesto político que requiere de la máxima atención.
La simple lectura de las conclusiones, más allá de la formalidad participativa y democrática del Foro, permite apuntar dos ideas fundamentales . La primera, que la defensa de los DDHH, extendidos a derechos económico-sociales, hasta su tercera y cuarta generación, conforman el núcleo de la lucha en contra del neoliberalismo. La segunda, que desde las esferas del poder neoliberal se ha desatado una guerra judicial -lowfare- que instrumentaliza a los tribunales de forma de arrasar con toda forma de oposición e imponer una concepción, una agenda, única servil a los intereses imperialistas, víctima de la cual sería Cristina Fernández, Rafael Correa, Lula, Dilma Rousseff y Evo Morales.
A primera vista resulta sorprendente que se organice una actividad de esta magnitud para poner de relieve una conclusión tan pobre: que los tribunales de justicia sirven los intereses del neoliberalismo. La verdad es que no resulta necesario ser un connotado jurista para arribar a esta conclusión, que en el actual proceso político que vive nuestro país resulta sino una banalidad, al menos una obviedad. Esto aparece de manifiesto en tanto esta conclusión -el carácter clase, patronal, de la Justicia- no puede ser la estación de término del análisis, sino su comienzo. En efecto, para el senador progresista, Alejandro Navarro, el foro significó una señal para el Gobierno y subrayó que éste debe terminar la política de represión. En la misma línea, las conclusiones del encuentro orientan la actividad a la participación en el proceso constituyente.
Las conclusiones expuestas agotan la capacidad política de la oposición burguesa y pequeñaburguesa al Gobierno asesino y fascistizante de Piñera. A mayor abundamiento, una de las convocantes de este Foro y próxima Presidente del Senado, Adriana Muñoz, ha sido clara en este sentido el día de hoy en «El Mercurio: «mi sello será ser intransable en buscar la transversalidad de acuerdos de la oposición y el diálogo con la derecha».
Mientras desde La Moneda se digita una criminal operación de castigo sobre el movimiento de masas, que ha tenido como resultado 30 muertos, más de 300 mutilados oculares, 2500 presos políticos y centenares de miles de detenidos, gaseados y apaleados, ante esto se nos propone seguir el camino institucional y de diálogo con los asesinos.
Mientras ese Gobierno proclama su sacrosanto derecho ha seguir masacrando al pueblo, imponer una legislación -llamada Ley Antisaqueos- y preparar la normalización del uso de FFAA para la represión interna, se nos propone recordarle a los carniceros del pinochetismo, la necesidad de respetar las normas del derecho humanitario.
Tales planteamientos resultan ingenuos hasta la pusilanimidad porque un proceso revolucionario como el que vivimos no puede resolverse normativamente, apelando a la buena voluntad de jueces y gobernantes. La historia nos demuestra lo contrario: la justicia y la libertad son el resultado de la insurrección de los explotados y no su presupuesto. Es la violencia de masas la partera de la historia, no las normas ni el derecho.
Por el contrario, el itinerario institucional ya fue invocado por la burguesía en el llamado año decisivo de 1986. Y este proceso de institucionalización, de elecciones libres «con un lápiz y un papel» permitió perpetuar el régimen pinochetista sin Pinochet, legitimando con el aura democrática el régimen de superexplotación y de entrega al imperialismo de la Dictadura Militar. Es lo que podríamos llamar la «constitucionalización» de la Doctrina del Shock, para seguir a Naomi Klein. El plebiscito de 1988 se limitó a dar por establecidas las libertadas individuales conquistadas en la lucha antidictatorial, restableciendo las formas de la democracia burguesa, para que nada cambie. Es lo que quieren reeditar ahora con el llamado «proceso constituyente», cuya moneda de cambio -al igual que en los 80- es la impunidad para los asesinos del pueblo. SEGUIR LEYENDO
