“La reincorporación de los 500 compañeros despedidos fue una victoria en sí misma, pero además permitió otra tan importante o más: el triunfo político, el triunfo en el plano subjetivo. Se pudo romper con la idea cientificista, positivista, del científico aislado en su laboratorio. Esta lucha permitió entender que el científico es un sujeto político, transformador, que es un trabajador. Se ha visto en la práctica lo que Jóvenes Científicos Precarizados (JCP) sostiene desde siempre: investigar es trabajar. Quienes negaban eso ahora se vieron arrastrados por la realidad”.

Lucía Maffey tiene un doctorado en Biología, ha desarrollado una investigación sobre terapia de anticuerpos contra virus productores de la diarrea infantil y ahora se propone abordar otra: un análisis genético sobre poblaciones de mosquitos causantes del dengue. Es, además, dirigente de Jóvenes Científicos Precarizados, y tuvo un papel de primera línea en la toma del Conicet y del Ministerio de Ciencia y Técnica (MinCyT); en la lucha, en fin, que logró hacer que el gobierno se viera obligado a retroceder en su intención de despedir a 500 investigadores del Conicet.

“Algunos sectores kirchneristas insistían en circunscribir el debate -prosigue en su entrevista con Prensa Obrera- a las cuestiones más generales de la política científica y sostenían el eslogan de que ‘los afectados somos todos’ y no sólo los despedidos, de modo que se perdía de vista a los 500 compañeros que quedaban en la calle para tratar las cosas de mediano y largo plazo. Era una opción falsa. Nosotros nos opusimos fuertemente a esa trampa, explicamos que no sólo una cosa no se contrapone con la otra; por el contrario, para pensar en los problemas científicos de largo plazo resultaba indispensable reincorporar a los trabajadores echados. Con ellos afuera era la derrota”.

-Antes de las elecciones de 2015, Barañao dijo que él podría continuar en un gobierno de Cambiemos porque la ciencia, según él, debía ser “política de Estado”. Hubo entonces un acuerdo para que siguiera, pero la política científica “de Estado” que él impulsa, la que impulsa el Estado argentino, es la de los sojeros, la de Monsanto, la de laboratorios y grandes empresas privadas en general, en su mayoría extranjeras. El desarrollo científico en el país, y no sólo en el Conicet, está orientado por esas empresas, lo que implica un obstáculo a ese mismo desarrollo y una transferencia de fondos estales al sector privado.

-Te digo el primero que se me ocurre: Fonarsec, que obliga al científico que presenta un proyecto de investigación a tener una contraparte privada. El MinCyT financia esos proyectos que convienen a intereses privados. Eso determina la orientación de los trabajos y también el destino de los productos derivados de la investigación, en las patentes. Se sustituye el papel del Estado en la producción de determinadas cosas. Eso es muy notable en el caso de las vacunas de sanidad animal o en una cantidad de medicamentos, cuyas patentes se transfieren a los privados. Otro ejemplo: la Universidad del Litoral desarrolló una semilla resistente a la sequía, y la patente se transfirió a Bioceres, un monopolio semillero que además controla pools de siembra. Barañao es un defensor decidido de esa mercantilización, de esa colonización de la ciencia.

-Del glifosato y de la soja transgénica. Barañao llegó a decir que el glifosato es como el agua con sal, que hubo quien se tomó un vaso de glifosato para suicidarse y no le pasó nada, que es un compuesto inocuo. Y ha hecho de esto una defensa activa y represiva. Por ejemplo, desató una persecución en regla contra el médico investigador Andrés Carrasco, fallecido en 2014, que denunció los efectos del glifosato. Barañao llegó a presionar, y con éxito, para que a Carrasco no le permitieran hablar en la Feria del Libro, hizo que lo censuraran.

-Literalmente, y hasta lo llaman así. Barañao habla del “científico emprendedor”, que crea pymes de vinculación tecnológica. El impulsa que las universidades e instituciones como el Conicet tengan “incubadoras de empresas”, lo que hará que los científicos “emprendedores” trasladen los beneficios de la investigación pública a grandes empresas. Así, el Estado estimula y financia determinados niveles de investigación y entrega los resultados a las privadas. Todo eso en un contexto de empobrecimiento: el kirchnerismo no revirtió ni mucho menos el proceso de destrucción de institutos descentralizados de los tiempos de Menem: ni el Malbrán ni el laboratorio de Pergamino, por ejemplo, pudieron recuperar el nivel que tuvieron en otras épocas. Por ese deterioro presupuestario, vos podés desarrollar vacunas o alimentos, pero no vas a tener dónde producirlos y ni siquiera dónde hacer las pruebas clínicas: tendrás que caer en laboratorios privados. Y, por supuesto, los productos de la ciencia aplicada, la ciencia de aplicación inmediata, sólo llegan a las franjas de población que constituyen mercado. Al resto no.

-En principio, se necesita pelear para asegurar un presupuesto adecuado a un desarrollo científico independiente, no sometido al financiamiento privado. La política científica la deciden, en gran parte, los monopolios, los grandes intereses económicos. Hay que terminar con eso. Y es necesario democratizar los organismos de investigación, establecer un sistema de cogobierno paritario, con representación de todos los trabajadores. Pero eso, aún no sería un cambio de fondo. Un cambio de fondo exige una transformación social también de fondo: terminar con el capitalismo.