El último día del año 2019, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) informó sobre un escape masivo superior a los 23.000 salmones desde el centro de cultivo Caucahue, propiedad de la empresa transnacional japonesa Cermaq Chile S.A. en Quemchi, Chiloé, hecho que se había mantenido en silencio desde el 22 de diciembre.
Anteriormente, dos empresas salmoneras habían protagonizado desde sus centros de cultivos sendas fugas de éstas especies de peces carnívoros introducidos en aguas chilenas: En el centro Huito, con una biomasa de 696.000 especies de salmón Coho, ubicado en Calbuco, Región de Los Lagos, perteneciente a la empresa Salmones Aysén, se produjo una rotura en la jaula 104, la cual tenía un total de 32.485 peces declarados en el Sistema de Información para la Fiscalización de la Acuicultura (SIFA).
En tanto, el 21 de noviembre de 2019, Sernapesca fue notificada de un escape de salmones salar en el centro ACS 32, ubicado en el sector Seno Ventisqueros, comuna de Cisnes, Región de Aysén, perteneciente a la empresa Granja Marina Tornagaleones S.A. Sernapesca no informó -en ese momento- la cantidad de salmones escapados.
Estos son solo algunos de los hechos que marcaron a la industria salmonera en 2019 y que a juicio del director de EcoOceanos, Juan Carlos Cárdenas, son un reflejo de la desregularización con la que opera este sector en el sur de nuestro país “lo que existe en la práctica es una especie de Far West austral y el Estado chileno en la zona desde el Bío Bío hasta la Patagonía es una republiqueta salmonera, para hacer el símil con las republiquetas bananeras, donde la industria impone su ley”, recalcó.
Juan Carlos Cárdenas se refirió además a la oportunidad que se abre con la eventual redacción de una nueva constitución, para incorporar estos temas en la futura carta magna “se tiene que definir el rol del Estado porque en este tipo de industria está minimizado y no tiene capacidad de regular y castigar”, señaló.
Para el director del Centro Ecocéanos, “el prontuario o criminal record de la industria salmonera en Chile durante el 2019, demuestra que esta industria que exporta el 98% de su producción a mercados como el norteamericano, japonés, chino y ruso, continúa siendo ambientalmente insustentable, socialmente inequitativa, y constituye una grave amenaza para la salud pública y la pristinidad sanitaria de los ecosistemas acuáticos chilenos”.
Además, sostiene que “amenaza la soberanía alimentaria, los intereses de los consumidores y los derechos de comunidades costeras y pueblos originarios”.
