Patricio López | Miércoles 27 de noviembre 2019
Diario Universidad de Chile
Un nuevo informe de derechos humanos -en este caso de Human Rights Watch- viene a señalar la gravedad y extensión de las violaciones a los derechos humanos cometidas en nuestro país desde que empezó el estallido social, el pasado 18 de octubre. El conocimiento de este rotundo reporte coincide con el dolor profundo que ha producido en el alma nacional el último parte de salud del joven Gustavo Gatica, según el cual su ceguera será total y permanente, como consecuencia del uso alevoso y criminal de armas con balines, por parte de funcionarios de Carabineros.
Como todo está entrelazado, el descontrol policial generalizado y la nula respuesta del Gobierno respecto a las demandas sociales han incrementado y son sin duda antecedente de la violencia vandálica que, siendo grave y cuestionable, es menor en comparación a la gran mayoría de la población movilizada que ha ocupado el espacio callejero pacíficamente. Ante la incapacidad de la propia Policía de controlar el orden público, se ha ido construyendo desde fines de la semana pasada una aparentemente coordinada agenda mediática entre el Gobierno, dirigencias políticas, grandes medios de comunicación y columnistas, según la cual la violencia del lumpen, desvinculada de las demás variables, es en realidad el problema y debe ser enfrentada de cualquier modo, incluso con los militares, mientras algunas voces de alarma empiezan a advertir -o amenazar- con una asonada golpista.
El escenario mediático es perfecto para incrementar la represión y es el mismo que se ha venido tratando de imponer desde el día 1. Ayer, como tantas otras veces, hubo manifestaciones multitudinarias y pacíficas, pero las cámaras de los canales desdeñan aquellos hechos noticiosos y ponen el foco en el saqueo o en el incendio. Insistimos: nada de ello es aceptable y nadie lo valida. Pero del mismo modo se debe señalar que la situación actual es de una naturaleza esencialmente política, por tanto la interpelación adecuada es al Gobierno para que ejerza el mandato democrático que le dio la ciudadanía y no una obsesión de mano dura que, si se mira con atención, más parece un modo desesperado de defender un orden de privilegios e injusticias que es precisamente lo que enrabia y rebela al Pueblo.
Por muy grave y condenable que sea la violencia vandálica, cuyo control -insistimos- es responsabilidad de Carabineros, sería un error de cierto sector de la opinión pública ser arrastrado a una retórica políticamente correcta de rasgar vestiduras por la destrucción de un edificio, mientras al mismo tiempo son enceguecidos, violados, golpeados, gaseados y abusados miles de compatriotas. No puede haber nada más prioritario ni importante que la defensa de los derechos humanos y la vida, sin perjuicio de que al mismo tiempo se puedan condenar los desmanes.
No es de extrañar, como lo hemos visto decenas de veces desde que ejercemos el periodismo, que las portadas de los diarios de hoy muestren encapuchados y fogatas, y no a las multitudes pacíficas que expresan la voluntad mayoritaria de este Chile que despertó. Se hace necesario por lo tanto un acto de resistencia argumental para que no se desvíe el foco y no se generen las condiciones para que el Pueblo vea cercenadas sus libertades, supuestamente por su propio bien, para que el incremento de la violencia de Estado restaure el orden. Pero no cualquier orden, sino aquel que, en defensa de la acumulación privada, construyó este país desigual e injusto que no queremos que siga existiendo.
