En una primera instancia, el proceso se paralizará por un plazo de 15 días.
Diario Universidad de Chile. Viernes 26 de julio 2019
El jueves recién pasado el ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel, firmó una resolución exenta que tiene por fin suspender el proceso de Consulta Indígena durante 15 días. Este periodo será renovado en dos ocasiones más, hasta cumplir los 45 días.
La información fue confirmada este viernes por La Tercera. De acuerdo a ello, esta acción no requiere del respaldo de Contraloría y es acompañada de un informe en el que se advierten los lugares en los que se no se concretó el proceso.
¿El argumento principal? Los “hechos de violencia que fueron de público conocimiento, que obstaculizaron gravemente la realización de un importante número de reuniones convocadas”, advierte el texto.
Según el jefe de la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas (Ucai) del Ministerio de Desarrollo Social, Gonzalo Arenas, la medida también es el telón de un debate mucho más amplio: la suspensión definitiva de la Consulta.
“Vamos a ver si hay esa disposición en los principales dirigentes indígenas para ver si continuamos o no después de los 45 días o derechamente la suspendemos, la dejamos sin efecto y el día de mañana comenzaremos otro proceso”, dijo a La Tercera.
Actualmente, la Consulta Indígena se encontraba en la primera de sus cinco etapas y contemplaba once temas, entre los que destacaban, la venta de las tierras indígenas indígenas.
Frente a ello, Arenas sostuvo: “Lo primero que vamos a ver es cómo reducimos la lista de los temas a discutir; 11 es demasiado, por lo tanto, vamos a reformular esas propuestas”.
“El convenio de la OIT pide un ambiente que tiene que ser de buena fe, de diálogo y, especialmente, tiene que hacerse con el espíritu de llegar a acuerdos. Y, por supuesto, cuando hay violencia y un rechazo tan grande de sectores, seguir con la consulta hubiese sido un ejercicio voluntarista que no iba a cumplir con los estándares del Convenio 169, porque se iba a ver como una imposición del gobierno a forzar una discusión porque las comunidades no querían”, concluyó.
