Si bien existen ministros visitadores que deben velar porque en cada Tribunal o recinto perteneciente al Poder Judicial se garanticen buenas condiciones para los trabajadores y trabajadoras, en la práctica no siempre funciona así.
DIARIO UNIVERSIDAD DE CHILE
Bustos C. Martes 16 de julio 2019
Aunque en el último tiempo se ha logrado instalar la discusión respecto de la (In) Justicia patriarcal en el sistema y de la necesidad de modernizar el Poder Judicial en lo que refiere al tratamiento de temas de género, no se ha puesto énfasis en cómo, en su interior, las mujeres son violentadas, discriminadas o subestimadas en sus capacidades laborales.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la abogada de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Silvana del Valle, comentó que éste “es un sistema profundamente patriarcal, desde el punto de vista laboral”.
“Existen denuncias de acoso laboral de género en contra de jueces, juezas, administradores de tribunal, por parte de funcionarias”, dijo.
Un informe de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género del Poder Judicial, indicó, a fines de 2018, que en las jefaturas del conjunto de instituciones que lo componen, las mujeres representan al 39,4 por ciento y los hombres ocupan el 60,6 por ciento de este tipo de cargos.
Respecto de cómo las jerarquías pueden también influir en que la discriminación o el acoso se presenten con mayor facilidad, Silvana del Valle indicó que “desde esa perspectiva es muy difícil que una persona que con vocación ingresa al sistema para cambiarlo pueda hacerlo. Están dadas las condiciones para que los varones aprovechen sus condiciones de género y de clase y puedan seguir perpetuando la situación”, aseveró.
Cerca del 60 por ciento de las jefaturas en el Poder Judicial son ocupadas por hombres – Créditos: Agencia Uno
La misoginia y el acoso en el Poder Judicial
Uno de los casos que se ha hecho público respecto de conductas de este tipo al interior de instituciones del Poder Judicial es el del ex director de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, Luis Torres González, que en enero de este año fue removido de su cargo al comprobarse acoso sexual en contra de dos alumnas en práctica y una funcionaria.
Diario y Radio Universidad de Chile conoció de otro caso de abuso de poder dentro del sistema, que tuvo entre sus acciones la discriminación y la misoginia como factores claves de vulneración en el Tribunal de Garantía de Puente Alto.
Francisca Ramírez ingresó a trabajar el año 2010 a dicho tribunal y, desde un inicio, no se sintió del todo cómoda, pues consideró que el administrador del tribunal, Patricio Yáñez, era demasiado cariñoso. De esa época la estudiante de administración pública recordó que se acercaba más de lo necesario y le acariciaba el rostro sin que ella hubiese permitido una relación cercana.
Se ha denominado (In)Justicia Patriarcal al conjunto de acciones realizadas por el sistema que perpetúan la violencia hacia las mujeres.
Al ignorar las conductas de Yáñez, la joven comenzó a ser recargada de trabajo y, producto de esta situación, tuvo una depresión severa y lesiones en sus brazos, específicamente, un atrapamiento del nervio cubital, quedando con un dolor crónico, ante lo que comenzó a consumir cannabis medicinal y, precisamente, esa decisión la vinculó con sus problemas posteriores.
A partir de su consumo, el juez presidente del Tribunal, Cristian Villegas se acercó a ella y solicitó que le ayudara a conseguir aceite de cannabis para un amigo y aseguró comprender su uso ante los dolores crónicos que tenía. “Luego un compañero me llama y me dice cuídate, Villegas te quiere joder, porque consumes cannabis”, comentó Francisca.
Un tiempo después la actitud del juez cambió y empezó a decir públicamente que solo quería trabajar con hombres y las mujeres comenzaron a ser segregadas de la zona de trabajo. Así Francisca y dos compañeras más fueron trasladas a trabajar en unas bodegas, con malas condiciones para desempeñar sus labores.
Miedo al despido
Para cambiar la situación es que se contactaron con la Asociación de Empleados para solicitar su intervención. “Hablamos con ellos, nos fueron a ver y después de un tiempo decidieron hacer una denuncia en contra de este juez por misoginia. La denuncia se presentó en la Corte de Apelaciones de San Miguel y en ella se resguardó la identidad de las denunciantes para protegerlas, pues tenían temor a represalias”.
En el texto, emitido en octubre de 2017 y que se dirigía a la presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Sylvia Pizarro, a cargo del Tribunal de Puente Alto y ministra visitante del tribunal de alzada, se preveía el miedo de los funcionarios y se detallaban las vulneraciones que estaban sufriendo las funcionarias.
Prohibición de desarrollo personal y profesional, ausencia de procedimiento de aplicación objetivo e igualitario, trato discriminatorio y maltrato provocado por otros compañeros fueron los puntos mencionados.
Además, en el apartado sobre trato discriminatorio, se hizo directa alusión a la misoginia del juez Villegas. Se agregó que un grupo de funcionarias fueron apartadas del resto de los trabajadores y que en las oficinas/bodegas donde debían desempeñarse enfrentaban problemas de luminosidad, climatización, seguridad y de acceso al baño y al agua.
Extracto de la denuncia realizada por la Asociación de Funcionarios.
Los reclamos de las trabajadoras las posicionaron como conflictivas al interior del tribunal, entre ellas fue Francisca la que siempre tomó con más fuerza la voz y es precisamente lo que cree que la perjudicó hasta el punto de ser despedida por calificación deficiente, a pesar de que aseguró no había motivo para obtener una mala nota en lo que refiere al ejercicio de sus labores. Más bien, las quejas sobre ella solo apuntaban a que reclamó por las malas condiciones de trabajo a las que fue expuesta.
“Me despidieron sin ninguna causa, porque pudo haberme hecho un sumario, alguna nota de mérito y yo nunca tuve nada, siempre estuve en lista sobresaliente. En los siete años mi nota más baja en calificaciones fue un 65 (…).Antes de que te entreguen tu calificación hay un comité pre-calificador donde está el administrador, tu jefe directo y un funcionario que elegimos nosotros y ellos hacen una precalificación que proponen, la mía fue más de 6 y él me lo bajó”, explicó Francisca.
La persona que determinó su desempeño como deficiente fue, precisamente, el juez Cristian Villegas, quien manifestaba no querer trabajar con mujeres y la segregó de la oficina.
Precalificación de Francisca Ramírez.
Calificación de Francisca Ramírez.
Una de las situaciones más preocupantes en torno a este caso, es cómo el Poder Judicial ignoró en su funcionamiento interno la queja de las funcionarias, pues a pesar de haber sido respaldadas por la Asociación de Funcionarios, nadie fiscalizó la situación.
“De la denuncia nunca supimos que pasó. La asociación pidió cuenta y nunca se supo que pasó”, comentó Francisca, agregando que es probable que se haya “escondido bajo la alfombra”.
Respecto de este desinterés por fiscalizar, la abogada Silvana del Valle dijo que la violencia “se ve como un problema menor, entonces, la dedicación que se le puede dar desde las jefaturas es menor también”.
“Estos tribunales están a cargo de casos muy graves, muy serios, que generan conmoción pública, entonces, para ellos es más importante darle curso a esa situación y no llenar las cárceles. Los jueces están preocupados de que sus superiores no les vayan a calificar mal por, por ejemplo, generar más medidas cautelares de las que el sistema puede soportar”, agregó, concluyendo que finalmente dentro del sistema hay más preocupación por la imagen externa que por resolver asuntos internos como estos.
Además, la abogada señaló que uno de los aspectos más graves de este tipo de casos es cómo luego esos magistrados juzgarán casos de violencia, los que probablemente serán subestimados, pues no tienen una real valoración de la existencia y gravedad del problema que viven las mujeres.
Extracto de denuncia hecha por Asociación de Funcionarios.
La búsqueda de justicia
Ante su despido, Francisca Ramírez apeló en todas las instancias correspondientes pero no obtuvo resultados positivos, también inició un juicio de tutela por vulneración de derechos fundamentales, pero tampoco se dictó un fallo favorable, pues se rechazó la demanda por error en el denunciado: Ramírez acusó a la Corporación Administrativa del Poder Judicial y debió ser el comité de jueces del tribunal.
En el proceso enfrentó el retraso del juicio producto de que varios jueces se inhabilitaron por su cercanía con Cristian Villegas, ya que la causa se revisó en Puente Alto, lo que también influyó en que la joven sintiera que en su caso había miedo en criticar el actuar de una autoridad de la misma institución.
El rechazo se dio a pesar de que, en lo que refiere a pruebas, ella contó con varios testigos que dieron cuenta del hostigamiento vivido, la discriminación y segregación hacia las mujeres.
Ante la sospecha de que en su juicio hubiese influencia por la posición de Cristian Villegas al interior del Tribunal, por la poca eficacia que tuvo el Poder Judicial en fiscalizar sus denuncias iniciales y buscando justicia, la joven acudirá en los próximos meses a la Corte Interamericana de Derechos Humanos argumentando que en Chile no ha habido un juicio justo.
Desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres aseguraron que la violencia no es vista como un problema grave dentro del sistema.
Respecto de esta decisión, el abogado de Francisca, Lorenzo Morales, indicó que acudirán al tribunal internacional por la denegación de justicia que hubo en nuestro país y fundándose en antecedentes de casos anteriores revisados por la Corte Internacional.
“En el caso, si uno escucha los audios del debate que hubo en tribunales, se ve la crudeza con que la trataban algunos funcionarios que no deberían estar en el Poder Judicial, pero con todos estos poderes fácticos que hay en Chile pudieron salir airosos, pero solo hasta este minuto, porque nosotros creemos que la Corte Interamericana va acoger la petición de Francisca”, comentó el abogado.
Poder encontrar justicia es fundamental para la joven, pues con su despido por calificación deficiente no puede trabajar de por vida en el Poder Judicial y por cinco años en la administración pública, lo que la perjudica gravemente, pues es precisamente esa la carrera que está punto de terminar.
Además, la joven dijo a nuestro medio que con la demanda no solo le importa por limpiar su hoja de vida como trabajadora, sino que también le parece esencial que, a través de un fallo, el Poder Judicial pueda ser cuestionado y así marcar precedentes para que este tipo de hechos dejen de repetirse en las instituciones.
Diario y Radio Universidad de Chile se contactó con el administrador del Tribunal de Garantía de Puente Alto, Patricio Yáñez, descrito por Francisca como un hombre en exceso cariñoso, quien se mostró aparentemente incómodo con el tema y declinó dar declaraciones, pues aseguró que al existir ya un fallo al respecto no hay más que comentar sobre este caso.
