Vivimos tiempos de grandes cambios. El último periodo hemos sido testigos de un creciente descontento y cuestionamiento a las instituciones del orden establecido.
Pedro Albornoz
Socialismo Revolucionario, CIT en Chile.
Primero, fue el movimiento estudiantil el 2011 desenmascarando el lucro en la educación y ahora el masivo movimiento contra las AFP, que ha golpeado al corazón del sistema económico y financiero del capitalismo chileno, con sus demandas por el fin a las AFP y por un sistema de reparto, público y solidario. Toda esta enorme presión que se ha acumulado por años bajo la superficie de aparente éxito económico, está significando un verdadero terremoto para la clase dominante y sus instituciones. El descrédito de los partidos tradicionales, del parlamento, los empresarios, la iglesia, las fuerzas armadas y de la justicia han llegado a bajos históricos entre amplios sectores de la población.
En un contexto de crisis global del capitalismo, que desde el año 2007 vive una gran recesión sin solución; y en un contexto local, de una profunda desaceleración de la economía chilena; los movimientos sociales irrumpen sacudiendo los cimientos del sistema político y económico forjado en dictadura y legitimado por los sucesivos gobiernos de la Concertación y la Alianza. Este último año ha sido el de la pérdida de la inocencia para muchos, se ha develado la trama tras el poder, tras la ilusoria democracia que vivimos. Finalmente son un puñado de multimillonarios grupos económicos los que deciden por nosotros, vía financiamiento de campañas o sencillamente comprando políticos, que terminan legislando para ellos. Esto incluye a dirigentes de la Concertación y la Alianza, no hay diferencias fundamentales entre ellos; muchos de estos personajes comparten asientos en Directorios de Universidades Privadas, de Empresas, de AFPs y Bancos. Tienen los mismos privilegios e intereses; es por esa razón que se oponen y se opondrán a cualquier cambio fundamental. Es por eso que el gobierno de Bachelet y la Nueva Mayoría, más allá de las promesas, solo han hecho cambios cosméticos, manteniendo las viejas instituciones y leyes de la dictadura que solo favorecen a los grandes empresarios. Esto lo hemos visto en las llamadas reformas de la educación, tributaria, laboral, y últimamente con la propuesta presidencial de cambio previsional, una burla ante las demandas de la población.
Es en este contexto de crisis, que los sectores políticos defensores del establishment se reagrupan para defender sus intereses, levantando las candidaturas de Sebastián Piñera y Ricardo Lagos, personajes que representan muy bien la vieja política de los consensos y pro empresarial; en sus gobiernos así lo demostraron.
Piñera, encarnó la confluencia del poder y el dinero, acompañado de un discurso populista de derecha que pretende alejarse de su legado pinochetista, sin éxito.
Ricardo Lagos, por su parte, a pesar de su historial de opositor a Pinochet, se ha terminado transformando en el mejor legitimador de su obra, empezando por la constitución de 1980 que tras algunas reformas irrelevantes, pretendió validar poniendo su firma en lugar del dictador. En su gestión desarrolló políticas en favor de los grandes empresarios, abriendo numerosos nichos de negocios en áreas de la economía, a través de concesiones a privados. Por ejemplo, impulsó la Ley corta de pesca, que entregó el 80% de las cuotas totales de captura a empresas del grupo Angelini, implementó el CAE (Crédito con Aval del Estado), que ha significado el traspaso de millones de dólares al sistema financiero, endeudando a miles de estudiantes y familias. Desarrolló el diseño del Transantiago, que se ha transformado en una pesadilla para millones de usuarios y una sangría de recursos públicos para el fisco.
Es bajo esta situación que se plantea un gran desafío para los movimientos sociales que han despertado recientemente a la lucha; la necesidad urgente de coordinarse para luchar unidos contra toda la herencia de la dictadura y sus defensores, levantando una alternativa independiente del duopolio neoliberal (Alianza y Nueva Mayoría), que defienda un programa de transformación revolucionaria de la sociedad; en que la política y la economía funcionen al servicio de las necesidades de la mayoría de la población y no de las ganancias de los poderosos de siempre.