Ya instalado el «gobierno paralelo» en suelo venezolano desde la Asamblea Nacional controlada por la oposición y dirigida transitoriamente por Voluntad Popular (VP), Estados Unidos plantea enviar una «ayuda humanitaria» para apoyar directamente a la delegación encargada de concretar un golpe de Estado contra la administración del presidente Nicolás Maduro.
Esta vez, desde la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo ofreció a la oposición la cantidad de 20 millones de dólares en la mentada «ayuda», una cifra irrisoria en comparación con lo que el Estado venezolano gasta una y otra vez para la importación de alimentos y medicinas para la población.
En una columna de nuestro analista Franco Vielma de 2018 se demuestra que tales «ayudas» resultan ser más una propina que verdaderos activos que apoyarían a la adquisición de bienes y servicios para soliviantar los problemas de la gente en medio de una crisis económica aguda en Venezuela.
Entre 2017 y 2018, la Unión Europea y la Casa Blanca habrían enviado unos 60 millones de dólares en la mentada «ayuda». Esa cantidad sólo serviría para abastecer, por ejemplo, el 6% de la población venezolana en consumo de arroz.
«La hiperpromocionada ‘ayuda humanitaria’, además, alcanzaría para adquirir, apenas, 1 millón 500 mil combos (CLAP), que es significativamente mucho menos que la cobertura que hace el Estado venezolano mediante 5 millones de combos a igual número de familias, incluidas en ese programa con un rango de frecuencia variable entre 30 y 45 días».
Por lo que se puede seguir considerando esos 20 millones de dólares prometidos por Pompeo menos que una propina, pues ni llegan a los 60 millones de dólares de los últimos dos años, además de ser una pequeña fracción de los 18 mil millones de dólares robados a Venezuela con las últimas sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro, que suponen el presupuesto para Salud y Educación de España durante tres años.
Sobre todo si tomamos en cuenta que Estados Unidos, a través del sistema financiero basado en el dólar y las instituciones pertinentes, ha bloqueado y robado otros miles de millones en divisas que pertenecen al erario público venezolano y que pudo haber sido gastado en la importación necesaria de alimentos y medicinas en beneficio de la población.
Por ello hemos insistido desde esta tribuna que la «ayuda humanitaria» de Estados Unidos no ayuda; más bien parece se aplica en detrimento de las mayorías y a favor de intereses corporativos, como el caso de la Fundación Clinton en la devastada Haití a principios de esta década.
¿EL GOBIERNO BOLIVARIANO NO ACEPTA AYUDA HUMANITARIA?
Los continuos rechazos por parte del Estado liderado por el presidente Maduro de aceptar la «ayuda humanitaria» de Estados Unidos y Europa tienen más que ver con factores de injerencia y consentimientos militares por parte de esos actores que por no querer abrigar una iniciativa de genuino calado.
Por ejemplo, el programa de la Organización Panamericana de Salud (OPS) en torno a la trata de ciertas enfermedades en Venezuela ha tenido cabida en el marco de los planes sanitarios del Estado desde hace años, en especial desde 2018 debido a los brotes de malaria, difteria y sarampión que se han diagnosticado últimamente.
En el sitio web de la OPS se puede ver en detalle todas las asistencias que hizo la organización en conjunto con las instituciones públicas, con un convenio firmado en junio pasado para comenzar la colaboración en la entrega de medicamentos y anticonceptivos y capacitación en el manejo de epidemias.
Nada más en enero de 2019, la OPS entregó medicamentos al IVSS para unos 3 mil pacientes venezolanos, además de 3 millones de trabletas antirretrovirales, y ayudando a que Venezuela alcance una cobertura de vacunación sobre 95% para la sarampión y la difteria.
Se prevé que la colaboración en asistencia humanitaria se mantenga según los convenios arreglados entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud y la OPS.
Asimismo, en noviembre de 2018 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó recursos a través del Fondo Común de Respuesta a Emergencias(CERF, por sus siglas en inglés) por la cantidad de 9.2 millones de dólares para programas humanitarios en Venezuela, con la cooperación del Estado. Incluyó asistencia en salud y nutricional a mujeres embarazadas, madres lactantes en riesgo y niños menores de 5 años.
Los fondos también atenderían a personas vulnerables desplazándose en comunidades fronterizas y a fortalecer prioridades en centros de salud públicos.
Dos ejemplos claros de que el Gobierno Bolivariano no ha rechazado ninguna ayuda humanitaria, sino más bien la ha aceptado con el fin de solucionar algunos de los problemas más graves que padecen los sectores vulnerables del país, por la afectación a los circuitos de distribución y producción derivada del bloqueo impuesto por Estados Unidos.
La «ayuda» estadounidense, por su parte, ha tenido lamentables precedentes para los países que han aceptado el despliegue de sus soldados con el fin de instalar misiones «humanitarias» que, repetimos, no ayudan sino que agravan los contextos al ser intervenciones encubiertas para ejercer control sobre las poblaciones atacadas, sustituyendo, de facto, a los Estados en el área sanitaria y alimentaria.
No por nada, una de las principales cubiertas narrativas para las agresiones de Estados Unidos son las mal llamadas «intervenciones humanitarias».