Brasil alcanza cifras récord de homicidios y resurge debate sobre políticas contra la pobreza.
Andrés Alsina
La Diaria, 23-6-2018
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La tasa de homicidios en Brasil superó por primera vez la cifra de 30 cada 100.000 habitantes, y se situó en un promedio nacional de 30,3. En el estado de Sergipe trepó de 29,2 el año anterior a 64,7 en 2016, que es el año que toma el Atlas de Violencia 2018, publicado por el gobierno nacional.
Esto sucede en el contexto de una marcada reversión negativa de los índices de pobreza y salarios, el cese de políticas sociales de asistencialismo y de integración en un deterioro gradual a partir del cuestionamiento político y finalmente el apartamiento de la presidencia de Dilma Rousseff en mayo de 2016, y también del mantenimiento y agravamiento de los fuertes índices de desigualdad. En consecuencia, es esperable que al menos las cifras del año pasado sean mayores.
Según esos índices de desigualdad, 1% de la población tiene 36,26 veces más ingresos que 50% de la población, según informó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). 1% de la población lo conforman 889.000 personas con ingresos mensuales de 27.085 reales (8.315 dólares a la fecha de la publicación), y 50% de la población tiene ingresos mensuales de 747 reales (229 dólares). La zona con mayor desigualdad económica es la del sureste del país, y es también la que tiene altos índices de violencia intencional. Según el Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA), la tasa de homicidios entre 2006 y 2016 aumentó 46,7% en San Pablo y 256,9% en Rio Grande do Norte.
La tasa de 30,26 asesinatos cada 100.000 habitantes es 30 veces la europea y significa 62.517 muertes anuales. Los asesinatos en la última década suman 553.000, y la violencia letal contra los jóvenes se viene agravando: 56,5% de las víctimas tiene entre 15 y 19 años; en el grupo etario entre 15 y 29 años, las víctimas son 86,2%. Mientras que las víctimas de cutis blanco disminuyeron 6,8%, 71,5% de las personas asesinadas son afrodescendientes.
La violencia contra las mujeres y los niños y niñas empeora cada año, señala el Atlas. 68% de las violaciones victimiza a menores de 18 años, y casi un tercio de los niños y niñas de hasta 13 años son victimizados por amigos y conocidos de la familia. 54,9% de las agresiones son reiteradas y 78,5% ocurre en el propio domicilio.
Los proyectos de ley contra la violencia sexual infantil no avanzan en su trámite parlamentario. Hace cuatro años que terminó su trabajo de dos años una comisión investigadora parlamentaria sobre turismo sexual y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. De sus 13 propuestas, tres están en condiciones de ser votadas y el resto en etapa de análisis en comisión.
Entre las propuestas que aguardan la apreciación de los diputados está la que tipifica como crimen “la violación de niños y niñas independientemente del consentimiento de la víctima o de que esta ya haya mantenido relaciones sexuales”. También aguarda votación el proyecto que trata el combate a la explotación sexual de niños y adolescentes en contextos de grandes obras, como construcción de hidroeléctricas y otros emprendimientos que atraen a muchos hombres a áreas con poblaciones vulnerables.
En la lista pendiente de votación se incluyen proyectos que prevén el cierre de clubes nocturnos y casas de espectáculo que no tengan documentación adecuada, la creación de un banco de ADN específico para crímenes contra la dignidad sexual de niños y adolescentes, y la definición de promoción o facilitación de tráfico de niños como crimen pasible de reclusión.
La cuestión de la pobreza
En los primeros tres años del gobierno de Lula da Silva, hacia 2006, la disminución de la pobreza se redujo 19,8% en base a asistencialismo y la instauración de la Bolsa Familia. Su compromiso electoral fue que todos los brasileños tendrían tres comidas al día. En 2006 quedaban 42,6 millones de pobres en Brasil, 42% de una población de 180 millones. Viene al caso recordar que, en junio de 2009, Brasil ofreció al FMI 10.000 millones de dólares para facilitar créditos a otros países para fomentar el desarrollo, y en junio de 2011, el gobierno de Dilma Rousseff lanzó el plan Brasil sem Miseria.
Siguiendo una tendencia que venía de antes de su gobierno, para 2014 la pobreza extrema se había reducido 73,9%, cayendo a 2%. En el período anterior de 1977-1990, la pobreza había aumentado 3,37% y la pobreza extrema, 17,4%.
En 2017, la pobreza extrema se definía por ingresos mensuales de hasta 90,7 reales, y la pobreza, con ingresos de hasta 223 reales. En 2015, la pobreza volvió a aumentar en Brasil, 19,3%, con 3,6 millones de nuevos pobres. “La desigualdad relevante en términos de pobreza explotó”, dice un informe de la Fundación Getúlio Vargas. La inflación pasó a estar en dos dígitos y, mientras la renta de la clase media caía 7%, la de los pobres caía 14%.
La actual crisis continúa. Desde finales de 2014, el aumento de la pobreza registrado fue de 29,3%, y en 2016 se incorporaron 5,5 millones de nuevos pobres. Producto de la desaceleración económica que preside Michel Temer, la renta per cápita del trabajo es negativa. Si se toma el período del tercer trimestre de 2015, fue casi 2% negativa. En los trimestres subsiguientes fue negativa en 4% y 4,5%, y 6,3% negativa en el segundo trimestre de 2016. Luego disminuye la tasa negativa, algo atribuible al aumento de la desocupación, a 4,5% negativa, para finalizar el año en 2,83% negativa.
70% de la tasa negativa de la renta per cápita del trabajo es atribuible a la inflación, señala la Fundación Getúlio Vargas. Mientras la inflación de las familias con menor poder adquisitivo registró un alza de 0,41%, la variación de los precios de los bienes y servicios consumidos por la parcela más rica de la población fue de 0,38%. Esta tasa de inflación mayor para las clases más bajas, en mayo, se explica por el empeoramiento del comportamiento de los precios de los alimentos, especialmente los tubérculos, las legumbres, las verduras y los derivados del trigo; y la energía eléctrica, ya que la parte relevante del presupuesto de estas familias se destina a la compra de estos elementos.
“El desempleo –señala la Fundación– se transforma en la principal señal de caída del poder adquisitivo de las familias. El desempleo es señal de desajuste del mercado laboral y de frustración ciudadana”. Por temor al desempleo, la mayoría de los ocupados reprime su demanda de bienes y servicios. “La crisis económica crónica, ahora acompañada de la restricción del gasto público, abonan la idea de que el Estado no va a poder ya socorrer a los ciudadanos, y esto refuerza la precaución en la demanda”.
Aumenta la desigualdad
Juan Arias, periodista del diario El País de Madrid, afirma sin más que Brasil es el país con mayor desigualdad en el mundo. La Fundación Getúlio Vargas entiende que hay un agravamiento de la desigualdad, aunque no aporta cifras a las ya señaladas del IBGE. Considera que “es un aumento no visto en 23 años, desde que se venció a la hiperinflación (en 1993), que era de tres cifras y tenía a 25% de los ciudadanos con un ingreso mensual de 121 reales”, equivalente en ese momento a 40 euros. Hoy, “la concentración de la renta del trabajo no da tregua”, y “en un contexto recesivo y de restricción fiscal, las consideraciones sobre equidad ganan presencia, particularmente cuando la inflación ya dobló el Cabo Buena Esperanza. En esencia, en el punto crítico de la crisis perdimos todos los elementos de progreso social, que deberán ser restaurados uno a uno, atendiendo a la sinergia entre ellos”.
Jornal do Brasil entiende que la principal conclusión del Atlas es que “la violencia en Brasil es extremadamente concentrada en algunas regiones y municipios, sobre todo en aquellos que tienen los peores indicadores sociales, mostrando que el combate al problema puede ser menos complicado de lo que parece”. De acuerdo con el documento, la mitad de las muertes violentas del país la concentran 2,2% de los municipios brasileños.
El mapeo de las muertes violentas fue comparado con diez indicadores sociales, como acceso a la educación, ingreso per cápita, empleo y embarazo en la adolescencia. El estudio muestra que cuanto mejores son los indicadores, menores son las tasas de violencia. “Vivimos en una era de pesimismo y, muchas veces, el miedo nos impulsa a pensar salidas desesperadas, salidas que la gente sabe que no funcionan, como combatir la violencia con más violencia”, dice el investigador del IPEA Daniel Cerqueira, uno de los coordinadores del Atlas. “Varias ciudades del mundo han logrado reducir la violencia y hay dos pilares centrales para ello: un sistema de seguridad pública con mayor base en la inteligencia y la investigación, e inversión en la prevención social”, según Jornal do Brasil.
La tendencia al aumento de homicidios con armas de fuego fue frenada en Brasil con la aplicación de un Estatuto do Desarmamento a partir del primer gobierno de Lula, y en 2016 se mantuvo el porcentaje de 2003 de asesinatos con armas de fuego.
El mapa
Si el mapa social es el mapa de la violencia en Brasil, entonces es coherente que entre 2006 y 2016 en el estado de San Pablo los asesinatos hayan aumentado 46,7% mientras que en Rio Grande do Norte aumentaran 256,9%, a 53,4 cada 100.000 habitantes. Recuérdese que el promedio nacional, que rompe récords, es de 30,26 cada 100.000 habitantes. Los otros estados con guarismos más altos de asesinatos son Sergipe con 64,7, Alagoas con 54,2, Pará con 50,8, Amapá con 48,7, Pernambuco con 47,3 y Bahía con 46,9. El de Tocantins tuvo un importante aumento desde 2006, de 17,2 a 37,6 en 2016. En Río de Janeiro, la tendencia desde 2003 a disminuir se revirtió en 2012 y el aumento acrecentó su tasa en 2016.
Que San Pablo mantenga una trayectoria de reducción de la tasa de aumento del crimen desde 2003 es atribuido por el Atlas a seis razones: control responsable de armas de fuego, mejoras en el sistema de información criminal, mejoras en la organización policial, el dominio monopólico del terreno por parte de una única organización criminal, Primeiro Comando da Capital (lo que disminuyó el crimen violento pero no el crimen contra la propiedad), mejoras en el mercado laboral de ese estado y disminución acentuada de jóvenes en la población. Así, en 2016 hubo 7.171 asesinatos en Bahía (47 cada 100.000 habitantes), 6.053 en Río de Janeiro (36,4 cada 100.000 habitantes) y sólo 4.870 en San Pablo (diez cada cien mil habitantes).
Debilidad política
El 2 de febrero de este año, el presidente Michel Temer dispuso por decreto que el Ejército se hiciese cargo de la Policía, Bomberos y servicios de inteligencia interior en Río, y luego extendió la medida a todo el país. Lo justificó afirmando: “El crimen organizado casi tomó ya control de Río. La metástasis se desparrama por todo el país y amenaza la tranquilidad de la población”. Los militares ya habían sido llamados a tomar el control, pero de situaciones específicas. Esta decisión era por un tiempo prolongado a la duración de su mandato presidencial, en diciembre; por mucho el más prolongado desde el fin de la dictadura militar (1964-1985).
Por esa fecha, el comandante del Ejército de Brasil, general Eduardo Dias Villas Boas, afirmó que la intervención militar que piden algunos sectores de la sociedad para frenar los índices de corrupción y violencia que actualmente tiene el país “sería un enorme retroceso”. Lo hizo en un seminario titulado “Brasil: Imperativo Renascer!”, organizado por la Escuela de Magistratura del estado de Río de Janeiro, y en referencia a una encuesta de opinión del Instituto de Investigaciones de Paraná en la que se identificó que 43% de la población apoyaba la idea de una intervención militar. Para el comandante del Ejército, esos indicadores, si bien reflejan la grave situación de Brasil, también muestran la confianza que se tiene en las Fuerzas Armadas.
El decreto de Temer surgió en el marco de rumores de que él evaluaba la posibilidad de presentarse como candidato ante la ausencia de figuras de centroderecha que despunten con fuerza. Pero poner al Ejército a reprimir generó una reacción muy fuerte de prácticamente todos los sectores, que se mantuvo en el tiempo. La intervención no estuvo exenta de cálculos políticos en momentos en que Temer, que batía y sigue batiendo récords de impopularidad, tiene dificultades en hacer avanzar su principal proyecto –la reforma de las jubilaciones– y se encuentra en la mira de posibles nuevas investigaciones por corrupción.
“Temer está haciendo muchas cosas para desviar la atención”, dijo David Fleischer, profesor emérito de Ciencia Política de la universidad de Brasilia. El presidente quiso posar de autoritario, se jactó de haber puesto fin a la recesión en el país (la Fundación Getúlio Vargas afirma que la recesión continúa) y dijo proponerse “restablecer el orden” en Brasil.
El 24 de mayo hubo en Brasilia una concentración y marcha de 35.000 personas (una cifra muy alta para la ciudad) organizada por las mayores confederaciones de trabajadores del país: Fuerza Sindical, a cuya cabeza está el diputado Paulinho Pereira, que había apoyado el impeachment a Dilma Rousseff, y CUT, afín al PT. Los manifestantes se comportaron pacíficamente hasta que fueron atacados con balas de goma, porras y gases que provocaron heridos. Fue la gota que derramó el vaso de debilidad del gobierno Temer. Al día siguiente, el 25 de mayo, anuló su decreto.
