Escribe Julián Alcayaga O. – Economista y abogado – Junio 2018
En su primer mensaje a la nación del 21 de mayo del 2010, el Presidente Piñera sostuvo, con relación al Ministerio de Minería y el desarrollo del litio, lo que sigue:
“Se promoverá una reforma a la Ley Orgánica de Concesiones Mineras en el sentido de liberar la exploración y explotación del litio, dejando de ser un mineral no susceptible de concesión minera. Nada justifica que hoy en día, a excepción de las concesiones otorgadas antes de su declaración de no concesibilidad, sea el Estado el único facultado para explotar el litio a través de sus empresas o mediante contratos especiales de operación o concesiones administrativas”.
Al inicio de su primer mandato el Presidente Piñera admitió pues que solo el Estado puede explotar el litio. Por eso se propuso modificar la ley minera, con el fin de liberar el acceso de las empresas privadas a su explotación. Sin embargo, nunca envió un proyecto de ley en ese sentido. Michelle Bachelet tampoco lo hizo.
Por lo tanto, hasta el día de hoy, en virtud de la Ley en vigor, solo el Estado puede explotar el litio. Gracias a la Ley Minera pergeñada por José Piñera, e impuesta en dictadura por Pinochet.
Manteniendo el statu quo en la materia, Sebastián Piñera y Michelle Bachelet no quisieron hacerse responsables de una decisión que el propio dictador se negó a tomar. No quieren “ser más papistas que el Papa.”
Por su parte, el Tribunal Constitucional declaró inadmisible un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de un artículo de la ley orgánica de Codelco presentado por Minera Salar Blanco, relativo a la autorización a Codelco para explotar el litio del Salar de Maricunga.
Al rechazar el requerimiento, el Presidente del Tribunal Constitucional, Sr. Iván Aróstica, argumentó: “No se trata de cautelar una actividad propia de los privados contra la intromisión indebida del Estado, sino que de concretar un quehacer que estaría reservado precisamente al Estado” (las negritas son nuestras).
En suma, según el Presidente Piñera, retomando lo que establece la Constitución, el único que puede explotar el litio es el Estado. O bien sus empresas, o mediante contratos especiales de operación o concesiones administrativas. Todo lo cual se debe hacer por decreto supremo y con los requisitos que señale el Presidente de la República.
¿Cuál de estas formas utilizó Corfo para hacer el contrato con SQM? ¿La Presidente Bachelet autorizó dicho contrato por decreto supremo?
No. Nada de eso ocurrió, porque SQM no es una empresa del Estado, no existe un contrato especial de operación, ni una concesión administrativa. Ni fue autorizado por la Presidente Bachelet por decreto supremo. Por consiguiente el contrato de Corfo con SQM, firmado bajo la autoridad de Eduardo Bitran, infringe la ley minera y la Constitución.
De ahí que, al conocerse que los hermanos Ponce Lerou volvían a SQM como asesores, Corfo cometiese, no un error sino una falta, al declarar:
“Corfo es una institución pública, obligada por la Constitución a regirse por el principio de legalidad y, en consecuencia, sólo le está permitido hacer lo que la ley expresamente le faculta. Comentar las decisiones corporativas o su prudencia no forma parte de nuestras atribuciones o competencias”.
Corfo no respeta el principio de legalidad que establece el artículo 6° de la Constitución. No porque se rompa el acuerdo suscrito con SQM, que prevé que Julio Ponce Lerou no debe volver a inmiscuirse en la dirección de SQM, sino porque es el acuerdo mismo con SQM el que es ilegal e inconstitucional.
Por las mismas razones, las declaraciones del ex vicepresidente de Corfo, y maquinador del contrato con SQM, Eduardo Bitran, no son sino circo del malo. Bitran sostiene:
«Se entendía y las conversaciones con Rafael Guilisasti fueron clarísimas respecto a que la única opción de avanzar en un acuerdo conveniente para el país, era que Julio Ponce Lerou saliera de la compañía y no entrará de vuelta por la ventana… esto es una burla a los que estuvimos involucrados en el proceso, pero es reírse de los chilenos».
Pretender que Julio Ponce Lerou no volvería a incidir en la dirección de SQM fue el pretexto para lavarle la cara al ilegal contrato con SQM, negociado por Eduardo Bitran.
¿Qué importancia tiene que Ponce Lerou esté, o regrese, a SQM, si en el Directorio siguen estando sus peones Hernán Buchi y/o Laurence Golborne? Lo que realmente importa es que Corfo hipotecó la posibilidad de industrializar el litio en Chile, al firmar contratos perfectamente ilegales con SQM y Albemarle.
El circo, o el show si se prefiere, suma a ciertos empresarios que critican o aprueban el reingreso de Ponce Lerou en SQM. La opinión de tal o cual sale sobrando cuando lo que realmente importa es la ilegalidad de todo el contrato.
Algunos parlamentarios de la Nueva Mayoría hacen el clown al declarar que no se cumple el acuerdo de mantener a Ponce Lerou alejado de la empresa: durante el gobierno de Bachelet no movieron un dedo para detener los ilegales contratos de Corfo con SQM y Albemarle.
No obstante, el regreso de Ponce Lerou a SQM tiene algo positivo: le da más fuerza a la acción constitucional de nulidad de derecho público que junto a algunas organizaciones interpondremos dentro de unos días.
Fuente: Politika
