Los obispos Fernando Ramos y Juan Ignacio González declararon que «por escrito hemos puesto nuestros cargos en manos del Santo Padre, para que libremente decida con respecto a cada uno de nosotros».
Este viernes, todos los obispos de la Iglesia Católica de Chile anunciaron que pusieron sus cargos a disposición del Papa Francisco.
Según informa Emol, en una situación histórica, los obispos Fernando Ramos y Juan Ignacio González declararon que “por escrito hemos puesto nuestros cargos en manos del Santo Padre, para que libremente decida con respecto a cada uno de nosotros”.
Luego de las reuniones con Francisco, los miembros eclesiásticos pidieron perdón a las víctimas y también les agradecieron por su persistencia en medio de la incomprensión, y ataques, de la iglesia.
“Queremos pedir perdón por el dolor causado a las víctimas, al Papa mismo, al pueblo de Dios y al país por nuestros graves errores y omisiones”, agregaron.
También agradecieron a las víctimas “por su perseverancia y valentía a pesar de las enormes dificultades que han debido afrontar tantas veces en medio de la incomprensión y los ataques de la propia comunidad eclesial. Una vez más imploramos su perdón y su ayuda para seguir avanzando en el camino de la curación y cicatrización de las heridas”.
Esta declaración viene después de las cuatro reuniones que los 31 obispos sostuvieron con la máxima autoridad de la Iglesia Católica tras el detallado informe del cardenal Charles Scicluna sobre los abusos sexuales en la institución y el posible encubrimiento de parte del obispo Barros en el caso Karadima.
Ayer se conoció el documento de diez carillas que entregó el sumo pontífice al pasado martes a los obispos chilenos. En este documento, el Papa realizó fuertes críticas a los líderes de la Iglesia Católica en el país y aseguró que “la remoción de personas no alcanza” para reparar el escándalo.
El texto reservado, al que accedió T13, también apunta a que siente “vergüenza” tras conocer las declaraciones que “certifican presiones ejercidas sobre aquellos que debían llevar adelante la instrucción de los procesos penales o incluso la destrucción de documentos comprometedores por parte de encargados de archivos eclesiásticos, evidenciando así una absoluta falta de respeto por el procedimiento canónico y, más aún, unas prácticas reprobables que deberán ser evitadas en el futuro”.
