El 3 de abril empiezan las 36 jornadas de huelga convocadas por los trabajadores ferroviarios de aquí a junio (dos días de huelga de cada cinco) para defender su estatuto como trabajadores públicos y luchar contra la privatización de la empresa pública de ferrocarriles.
Macron se enfrentará a partir de hoy a su primer gran desafío en la calle. Los ferroviarios de Francia convocan huelga dos de cada cinco días durante los próximos meses. La razón es defender su estatuto como trabajadores públicos, mientras el Gobierno no cede en su estrategia de liberalización del trabajo, ya comenzada en la anterior legislatura cuando el ahora presidente de la República era ministro de Economía.
Antes del verano se quiere aprobar una reforma total de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF), en la que la supresión del estatuto de los ferroviarios es su punto más polémico, aunque no el único. La reforma se traducirá en la entrada de capital privado en la empresa pública, con el objetivo, según el Gobierno, de reducir los 50.000 millones de euros de deuda de la SNCF.
Fiel a su estilo de los últimos meses, el primer ministro anunció que la reforma se realizará mediante la vía de ordenanzas. Estos decretos permiten “agilizar los trámites legislativos”, es decir, no tener que pasar por debate parlamentario, lo que según el Gobierno no significa obviar el debate, ya que ya han pasado más de 300 horas de negociaciones con los sindicatos. Pero ésta no es la única razón; el primer ministro, Edouard Philippe, lo dejó claro en su intervención anunciando las reformas: “Si algunos intentan pervertir el debate ferroviario convirtiéndolo en un debate ideológico desconectado de las necesidades de movilidad de los franceses, el Gobierno tendrá que asumir su responsabilidad”.
Antes de tomar esta decisión se encargó un informe de la situación del modelo ferroviario a Jean-Cyril Spinetta, exdirector de Air France: “La apertura a la competencia debe ser la ocasión de modernizar el ferrocarril y hacerlo más competitivo, será un éxito que se traducirá en la mejora de la calidad, la diversificación de servicios propuestos a los viajeros y una bajada de costes para los usuarios y las finanzas públicas”.
Basándose en este informe y sus recomendaciones, se tomó la decisión de suprimir el estatuto para garantizar la competitividad de la empresa frente a otros competidores. La lectura que realiza el Ejecutivo es que es necesario modernizarse y eso conlleva la pérdida de ciertos derechos históricos que habían adquirido los trabajadores ferroviarios, que a partir de ahora se regirán por el Código del Trabajo como cualquier trabajador de la empresa privada. El primer ministro ha asegurado que los trabajadores que ya se encuentran al amparo del estatuto lo conservarán.
Cassandra trabaja en la venta de billetes de tren en la estación de París Saint-Lazare. Entró a trabajar en la SNCF hace dos años y medio y es la última de las personas contratadas en su servicio que disfruta del estatuto: “Tenemos que trabajar cada día más y más para aumentar la productividad, todo con el objetivo de facilitar la apertura a la competencia. Si el día de mañana nuestro puesto es transferido a una empresa privada, perdemos el estatuto”. Explica que, a día de hoy, el estatuto les protege de los despidos colectivos, situación que cambiará con el nuevo modelo.
“Nuestras condiciones de trabajo son bastante complicadas, no somos privilegiados como intentan hacer creer”, añade. En su caso, la lucha no es sólo por su propio trabajo, sino por solidaridad con los nuevos trabajadores que no tendrán ese estatuto: “El cambio de modelo en Francia no nos afecta sólo a nosotros, es una precarización general del mundo del trabajo”.
En la SNCF ya hay trabajadores que no gozan de la protección del estatuto. Laura es argentina y lleva dos años trabajando en el control del tráfico ferroviario. En su caso no puede acceder al estatuto por no tener la nacionalidad francesa y haber sido contratada siendo mayor de 30 años, las dos razones por las que hasta ahora ciertos trabajadores eran excluidos. “En la SNCF no existe el despido por razones económicas, pero para un trabajador como yo es mucho más fácil para la empresa despedirnos”, dice. Su puesto es de alta responsabilidad, “si me equivoco puedo causar accidentes”. En su opinión la cuestión de la seguridad debe priorizarse a la de la rentabilidad y la puntualidad, ya que se trata de un servicio público: “Los trabajadores deben tener la estabilidad suficiente en su empleo para denunciar en caso de que la empresa intente hacer pasar esto por encima de la seguridad”.
Ella también piensa que la reforma es un ataque global a los servicios públicos que no afectará sólo a los ferroviarios. Y explica que existe un debate entre los trabajadores sobre la modalidad de huelga y que los sindicatos podrían verse sobrepasados por las bases. La SNCF ha dejado de vender billetes para los días de huelga, “la empresa se adapta a la huelga gracias a que el sindicato mayoritario (CGT) realizó un calendario”. Su sindicato, Sud Rail, apuesta por una huelga dura e indefinida ya que “a un ataque sin precedentes debe darse una respuesta sin precedentes”. En los próximos días se decidirá si se mantiene el calendario o si se lanza una huelga indefinida.
Ante las reformas de Macron, la sociedad francesa continúa dividida. Por una parte la transformación de la SNCF no es ninguna sorpresa, y menos aún que la intención del Gobierno pase por la liberalización del trabajo. Cuando Macron ganó las elecciones y posteriormente se formó una Asamblea Nacional con amplia mayoría de su partido, ya se conocían sus intenciones a este respecto. La prensa nacional tampoco es muy favorable a la causa de los ferroviarios, presentándolos a menudo como privilegiados y categorizando sus derechos como reliquias del pasado. Sin embargo, la huelga del pasado 22 de marzo fue un éxito, con uno de cada tres trabajadores en huelga según la SNCF. Algunos líderes de partidos de izquierdas, como Mélenchon y Hamon, estuvieron presentes en la manifestación junto a los ferroviarios. También se ha abierto una caja de resistencia para los huelguistas, que en apenas una semana acumula más de 60.000 euros. Las previsiones a partir de hoy hablan de más de un 70% de huelguistas y de un país paralizado.
Los ferroviarios no son los únicos que están en pie de guerra. A día de hoy los funcionarios públicos, los universitarios, los trabajadores del sector de la energía y los de Air France, entre otros, se están movilizando contra diversas reformas del Gobierno. La lucha contra “Macron y su mundo”, como muchos lo llaman ya, intentará aprovechar la huelga de los ferroviarios para hacerse fuerte. En un mes se cumplirán 50 años de las revueltas de mayo del 68 y de la mayor huelga de la historia de Francia, secundada por entre siete y nueve millones de trabajadores. El nuevo Código de Trabajo y las liberalizaciones, entre ellas la de la SNCF, son los mayores pasos atrás en materia de derechos laborales desde entonces. El seguimiento y la fuerza de las protestas serán decisivas, no sólo para los planes del Gobierno, también para el futuro de los franceses. La primavera no ha hecho más que comenzar.
