El 17 de marzo cientos de miles de pensionistas se manifestaron en más de 100 ciudades y localidades a lo largo y ancho de todo el Estado. Pocos días antes, el 8-M, millones de mujeres, acompañadas de trabajadores, jóvenes y estudiantes, paralizamos el país y abarrotamos las calles en una jornada de huelga general feminista sin precedentes.
Las consecuencias de estas dos impresionantes movilizaciones han sido inmediatas: las alarmas han saltado en los despachos de los consejos de administración de las grandes empresas, en los del PP, y también en los de Ciudadanos y el PSOE, aliados clave que sostienen al Gobierno de Rajoy. La paz social impuesta con la inestimable colaboración de CCOO y UGT ha sufrido un golpe demoledor.
La triple alianza y el Estado autoritario
El PP ha estado gobernando sin oposición. Desde que esta legislatura echó a andar existe, de hecho, un gobierno de unidad nacional en el que participan PP, Ciudadanos y PSOE. En las cuestiones centrales han venido actuando sin fisuras y con la máxima sintonía. A los hechos nos remitimos: la agresiva ofensiva contra los derechos democráticos y la libertad de expresión, que ha cobrado más fuerza a partir de la aplicación del 155 en Catalunya, ha sido impulsada de manera entusiasta por Rajoy, Albert Rivera, y la colaboración vergonzosa de Pedro Sánchez.
Esto quedó demostrado, una vez más, en el Congreso de los Diputados el pasado 13 de marzo, cuando los tres partidos rechazaron la propuesta de ERC que planteaba despenalizar las injurias al rey, algo que el tribunal de derechos de Estrasburgo ya ha hecho efectivo en una sentencia reciente. Siguiendo en esta línea, los grupos parlamentarios de PP, PSOE y Ciudadanos se negaron el 20 de marzo a que el pleno del Congreso admitiera a trámite una propuesta de reforma de la ley de amnistía de 1977, impidiendo así que se puedan juzgar en el Estado español los crímenes cometidos por la dictadura franquista.
A rebufo de esta ola represiva, ha sido puesta en el centro del debate la cuestión de la prisión permanente revisable, eufemismo que el PP ha fabricado para referirse a lo que realmente es la cadena perpetua. Aprovechando la estela dejada por casos dramáticos de asesinatos, el PP, con el apoyo de Ciudadanos y la cada vez más discreta oposición del PSOE, defiende con vehemencia el mantenimiento de esta pena. Desde Izquierda Revolucionaria rechazamos contundentemente la prisión permanente revisable; el mantenimiento de esta figura supone que este gobierno y el aparato judicial heredado del franquismo, que hoy encarcela a independentistas catalanes, raperos, tuiteros, sindicalistas y jóvenes por sus opiniones políticas, podrán tener a su alcance instrumentos que reforzarán más el carácter autoritario del Estado.
La lucha en la calle desnuda la debilidad del PP
El Gobierno y sus cómplices, diseñaron una clara hoja de ruta y hasta el momento no tenían dudas de poder llevarla a cabo. Por otra parte, el hecho de que sobre el papel la “aritmética parlamentaria” le sea desfavorable, no le ha preocupado lo más mínimo al PP, y no ha impedido que haya sacado adelante los aspectos fundamentales de su política. Sólo la movilización, o la amenaza de ella, está frenando medidas que contaban con poder aplicar sin mayores problemas.
Una de ellas era la de aprobar la reforma educativa franquista, que la lucha estudiantil y la Marea Verde tumbaron en toda una serie de aspectos centrales. Su estrategia era clara. Con la representación teatral de abrir un amplio debate para la aprobación de un gran pacto educativo, el PP pensaba imponer la odiada LOMCE apoyándose en Ciudadanos y el PSOE, y anulando a través de los mecanismos parlamentarios la oposición que Unidos Podemos y otras fuerzas políticas pudieran manifestar. La denuncia contundente de esta maniobra por parte del Sindicato de Estudiantes y su llamamiento enérgico a abandonar este pacto fraudulento y retomar las movilizaciones ha sido determinante para desbaratar el engaño. Si quieren imponer su reforma educativa franquista, se encontrarán una vez más con la oposición contundente en la calle de padres, profesores y estudiantes.
En lo que a las pensiones se refiere, el plan para privatizarlas definitivamente ya estaba diseñado y habían empezado a ejecutarlo. La insultante subida del 0,25% vino acompañada de una intensa campaña mediática en defensa de los planes privados de pensiones. Pero el estallido de la lucha de los pensionistas ha obligado al PP a cambiar de discurso, en un intento desesperado de desactivar un conflicto que amenaza con contagiar a todos los sectores y con la vuelta al ambiente de rebelión social de 2012-2014.
La posibilidad de que la Marea Verde educativa vuelva a inundar las calles, la magnífica huelga general feminista del 8-M y la ejemplar movilización de los pensionistas han golpeado infinitamente con más fuerza al Gobierno de “gran coalición”, formado por PP, Ciudadanos y PSOE, que años de parlamentarismo estéril en los que está presa la dirección de Unidos Podemos. Cuando es la movilización la que enfrenta la política de la derecha, el Gobierno del PP manifiesta su profunda debilidad y vulnerabilidad.
Un movimiento desde abajo que debemos fortalecer y extender: hacia la huelga general
Los movimiento masivo de las mujeres trabajadoras y la juventud y el de los pensionistas, que se han lanzado a la lucha con fuerza, valentía y decisión, al igual que ocurrió con el 15-M o las mareas ciudadanas, han surgido desde abajo y se han convertido en la vanguardia del profundo descontento social que hay acumulado en la sociedad. Hoy son el ariete más poderoso que golpea contundentemente contra la paz social construida por los dirigentes de CCOO y UGT y sobre la que el Gobierno del PP ha basado la política de recortes y ataques a las condiciones de vida de la clase obrera.
Los pensionistas y las mujeres trabajadoras han marcado el camino. Ninguno de los derechos sociales que tenemos se ha conseguido sin lucha. Por estas razones, la tarea de todos los activistas de la izquierda que lucha y de los movimientos sociales es trabajar activamente para ampliar la protesta en las calles, sumando a cada vez más sectores, ampliando la plataforma reivindicativa con la exigencia de no más precariedad, por un empleo digno, acceso a la vivienda, sanidad y educación públicas de calidad, el fin de la represión de los derechos democráticos, y preparar las condiciones para organizar una gran huelga general.
