Los temblores de Piñera
Horacio R Brum, desde Santiago de Chile
Brecha, 16-3-2018
Ya se vislumbran los conflictos que deberá enfrentar el nuevo Ejecutivo de derecha.
El 11 de marzo de 2010, el fogueado Pepe Mujica pasó lo que años más tarde recordó como “uno de los sustos mayores de mi vida”; cerca de él, el entonces príncipe heredero de España miraba el balanceo de las arañas de luces del salón plenario del Congreso chileno con la boca abierta, como pensando si su dignidad real le permitía salir corriendo. En varias partes del recinto, los mandatarios extranjeros, los políticos y hasta los monseñores dudaban entre mantener la compostura debida a sus cargos o interrumpir con una estampida las solemnidades republicanas de la trasmisión del mando presidencial de Michelle Bachelet a Sebastián Piñera.
Habían pasado menos de dos semanas del gran terremoto del 27 de febrero, con centenares de víctimas y 2 millones de damnificados, pero el prurito de trasmitir al exterior una imagen de normalidad y estabilidad hizo que se respetara a rajatabla el calendario electoral. Por otra parte, cualquier demora en llegar al Palacio de La Moneda tal vez provocaba ansiedades en una derecha que por primera vez en más de medio siglo había obtenido el gobierno por medios democráticos. Sea como fuere, las tres réplicas del sismo del mes anterior, que se produjeron en el día de la asunción de Piñera, fueron como tres campanas doblando anticipadamente por un gobierno que pasó con más penas que gloria, pese a las intenciones declaradas por el mandatario de encarrilar a Chile definitivamente hacia el desarrollo.
Alternativa de oposición
El 11 de marzo pasado, la segunda presidencia de Sebastián Piñera comenzó sin temblores. Pero mientras que los terremotos no son predecibles, sí es posible suponer que habrá otros sacudones en Chile. El primero de ellos podría ser provocado por las relaciones con la oposición, porque la nueva fuerza política del Frente Amplio (FA), con sus 20 parlamentarios y un senador, está dispuesta a marcar las diferencias con los alicaídos sectores del ex oficialismo, que por sus contradicciones internas y una tendencia a la política de acuerdos y transacciones fueron incapaces de concretar muchas de las promesas hechas por Michelle Bachelet a la ciudadanía. En este aspecto, dos de los últimos actos administrativos de la presidenta mostraron la brecha entre su gobierno y las expectativas que despertó: pocos días antes del cambio del gobierno el Ejecutivo envió al parlamento un proyecto de ley para cambiar la Constitución heredada de la dictadura, con lo cual terminó siguiendo la línea de la derecha y de la Democracia Cristiana oficialista, en el sentido de no convocar a una Asamblea Constituyente; además, hasta 24 horas antes del cambio de mando dio respuestas ambiguas sobre el envío a las cárceles comunes de los violadores de los derechos humanos, actualmente recluidos en un penal especial, y a último momento firmó un decreto que no se pudo promulgar, porque no fue refrendado por el ministro de Justicia, en un hecho que todavía no se aclara.
Oposición y resistencia estudiantil
Esos temas serán recogidos por el Frente, al igual que los derechos de las mujeres y la igualdad de género; la demanda popular de poner fin al sistema obligatorio de Afp (las Afap, en Uruguay) –el cual sujeta el monto de las jubilaciones a los avatares de la Bolsa y maneja más de 180 mil millones de dólares de los trabajadores– y las exigencias de una educación genuinamente gratuita, no basada en créditos y subvenciones, como ha sido la “gratuidad” de Bachelet.
Aunque el FA no se plantea hacer una oposición a ultranza, su ex candidata presidencial Beatriz Sánchez dijo que “somos un proyecto político que no solamente va a decir sí o no a un proyecto que se presente desde el gobierno; vamos a estar siempre proponiendo las cosas que queremos para el país”. Por otra parte, es probable que el Frente presida un realineamiento de los partidos, separando a las fuerzas de izquierda de la antigua coalición bacheletista de la Democracia Cristiana, que en muchas ocasiones logró diluir las reformas.
De todos modos, hay fuerzas sociales que no están enteramente bajo el control político; los estudiantes hicieron una protesta cuando el presidente Piñera llegó a La Moneda y ya han anunciado una marcha para el 9 de abril, porque, según su confederación, “el ministro de Educación ha sido enfático en que volverá a aplicar la selección y el copago buscando devolver la ‘libertad de elección’”. El ministro Gerardo Varela, un abogado de grandes empresas sin experiencia en educación, manifestó, poco antes de asumir el cargo, que los padres “quieren elegir la educación de sus hijos, sea por la pollera escocesa (del uniforme), el deporte, el inglés o la excelencia académica”. O sea, como un bien de consumo más.
La Pachamama
Para la ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos –cuya única experiencia en el tema fue su pasaje como diputada por la comisión parlamentaria correspondiente–, el primer problema complicado en lo ambiental y en lo político es el de la mina Dominga, un gran proyecto que afectará varias áreas marinas en el norte y está en los tribunales, después de haber sido rechazado por el gobierno de Bachelet. La compañía minera pertenece a la familia de uno de los amigos más íntimos de Sebastián Piñera, quien se encuentra en arresto domiciliario desde 2015 por defraudar al fisco para financiar campañas políticas. Más allá de las implicaciones de este caso, Matías Asún, el director nacional de Greenpeace, indicó a Brecha que es probable que la conflictividad ambiental aumente, “pues el propio Estado no ha evolucionado tan rápido como la ciudadanía”. “Una clara manifestación de conflicto desde el propio gobierno entrante”, agregó Asún, “han sido las muy desafortunadas declaraciones de Sebastián Piñera en torno a la revisión de las pocas leyes que hoy protegen a los pueblos originarios…Su apertura a reducir la acción de esas leyes es una clara señal de complicidad con la industria salmonera que hoy amenaza los mares de la Patagonia y Magallanes, luego de arrasar con los ecosistemas costeros de Chiloé.”
Como particular, Piñera creó en 2005 un parque natural de 118 mil hectáreas en el sur del país, y durante su primera presidencia frenó la construcción de una central termoeléctrica en la misma zona del proyecto Dominga. No obstante, el año pasado defendió públicamente y con energía este último. Para el director de Greenpeace, la fuerza de la opinión pública lo obligará a manejarse con cuidado en el campo ambiental. “Los temas ambientales que emergieron en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera siguen ahí marcando la pauta. Sería absurdo suponer que el equipo del presidente no aprendió la lección; los temas medioambientales han ganado validez en la ciudadanía como demandas legítimas, y cuando se trata de abusos y corrupción que benefician a algunas pocas empresas en desmedro de la justicia social y el bienestar de todos, claramente ese interés ciudadano se traduce en manifestaciones de rechazo y protestas”, apuntó.
Política exterior
En La Corte Internacional de La Haya está siendo tratada una demanda de Bolivia para que Chile le entregue una salida soberana al mar. Sebastián Piñera ha insistido en que no se alterarán los límites establecidos después de la Guerra del Pacífico, en la que Bolivia perdió su litoral, y apenas asumió la presidencia, el diario El Mercurio reportó que un ex agente diplomático ante La Haya opinaba que Chile debería dejar de participar en el tribunal internacional. Consultado por Brecha sobre si las nuevas autoridades considerarán esa posibilidad, el director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finis Terrae, Alberto Rojas, comentó que aunque existe el antecedente del retiro de Colombia de La Haya en 2012, eso tiene costos en términos de la imagen del país y del debilitamiento del sistema político y jurídico internacional. No obstante, “la demanda boliviana, en el fondo es obligar a Chile a negociar una salida soberana al mar de Bolivia, algo bastante inédito en la historia de los temas que ha visto La Haya. De modo que habrá que esperar a conocer el detalle de su resolución”.
La tensión regional con Venezuela tiene en Chile repercusiones internas, con algunos sectores que respaldan a Nicolás Maduro como abanderado del antimperialismo y otros, mayoritarios, que desean que aumenten las presiones para precipitar el fin de su gobierno. Piñera es parte del giro a la derecha en la región y muy cercano al presidente argentino Mauricio Macri, uno de los “duros” en la cuestión venezolana. Alberto Rojas consideró que el nuevo presidente chileno dedicará un interés especial a la cooperación económica con bloques como la Alianza del Pacífico y el Mercosur, “pero también creando un frente común ante Venezuela, con el objetivo de presionar a Caracas para que dé mayores garantías y muestras de apertura con la oposición de este país”.
Cabe preguntarse si la afinidad ideológica entre Piñera y Trump causará un mayor acercamiento entre Santiago y Washington que el que está dado por las relaciones comerciales, en las cuales Estados Unidos es un socio principal, después de China. Trump, apuntó Rojas, no ha hablado de revisar el tratado de libre comercio chileno-estadounidense. Pero, advirtió, “tal vez el único punto crítico sea que Chile aún aparece muy arriba en los listados de países en que se vulneran los derechos de autor, con altos niveles de ‘comercio pirata’ de películas, videojuegos y programas informáticos”.
