Julián Alcayaga | Lunes 18 de marzo 2013
Está de moda decir que los cambios que se habían prometido a fines de los ochenta, no se pudieron realizar por los amarres de la Constitución. Como consecuencia lógica de esta conclusión, han surgido voces que nos proponen que los cambios que el país necesita solo se pueden hacer cambiando la Constitución, o mejor aún, convocando a una asamblea constituyente.
Discrepo de esa idea, porque si bien es cierto que las leyes institucionales o de carácter político, como el sistema binominal, la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, del Tribunal Constitucional, del Congreso Nacional, etc. no se pueden modificar sino se cuenta con el voto favorable de los 4/7 de diputados y senadores en ejercicio, sin embargo, dichos quórums no son necesarios para aprobar todas las leyes que tienen que ver cambios económicos, laborales, sociales, medioambientales, etc…, porque todas esas leyes son ordinarias y se aprueban por simple mayoría. Conclusión lógica: los cambios socioeconómicos que el país necesita para su desarrollo no se han hecho porque lo impeden los amarres de la Constitución, sino por la falta de voluntad política de los gobernantes que hemos tenido desde 1990.
En realidad voluntad política siempre hubo, pero no es la de nuestros gobernantes sino la de los grandes grupos financieros internacionales y nacionales, que le han impuesto sus directivas a los gobiernos de la Concertación y al actual gobierno de la Alianza. Esto queda en evidencia en una serie de medidas que se tomaron a partir de 1990, a pesar de los amarres de la Constitución.
Al irse Pinochet, 90% de la producción del cobre estaba en manos del Estado. Hoy Codelco produce menos de un tercio. Este descalabro lo cometió la Concertación sin que la Constitución tuviese algo que ver en esta desnacionalización. Por el contrario, Pinochet dejó vigente en la Constitución del 80 (Disposición 3° Transitoria) la Nacionalización de la Gran Minería del Presidente Allende (Disposición 17° Transitoria de la Constitución de 1925).
Al irse Pinochet, un tercio de la generación eléctrica estaba en manos del Estado, con empresas como Colbún, Edelnor, Edelaysen, Termoeléctrica Tocopilla, Termoeléctrica Cachapoal. Todas fueron privatizadas por La Concertación. Esto no lo impuso la Constitución, lo impusieron las transnacionales, así como impusieron la privatización todas las empresas sanitarias y de los puertos que pertenecían y administraba el Estado. La Concertación privatizó a rajatabla, sin que la Constitución tuviese algo que ver: simplemente se impuso “la voluntad política” de las transnacionales.
En 1990 las AFP eran casi todas chilenas y Pinochet solo permitía invertir el 10% de los fondos de pensiones en el extranjero. Gracias a esa limitación la rentabilidad de los fondos en esa época era muy superior a la de ahora. La Concertación con Bachelet en La Moneda, autorizó la colocación hasta el 80% de los fondos en el extranjero, y en esa misma ley se eximió a las AFP de pagar el IVA, y se les mejoró aún más el negocio al aumentarles además la cotización adicional. Un pensionado debe pagar 19% de IVA al comprar pan, las AFP también pagan IVA por todo lo que compran, pero el Estado les devuelve el IVA. Puede parecer increíble que a las AFP se les devuelva el IVA, pero es eso lo que establece la ley 20.255 de 2008. ¿Es culpa de la Constitución? No, son las transnacionales financieras que impusieron su voluntad al gobierno de Velasco-Bachelet.
En 1990, las universidades privadas no recibían créditos del Estado, ni los estudiantes Créditos con Aval del Estado (CAE). Hoy estas universidades han proliferado gracias a los CAE, y se ha forzado a las universidades del Estado a privatizar parte sus actividades para subsistir. Los gobiernos de la Concertación privilegiaron descaradamente la educación privada, sin que la Constitución los haya obligado a ello. La Constitución no impide desmunicipalización de la educación básica y media, y tampoco impide que la educación técnica o universitaria sea gratuita en los establecimientos del Estado. Para lograrlo basta una ley ordinaria y la Concertación tuvo mayoría para hacerlo. Pero no lo hizo simplemente porque no quiso hacerlo.
La Constitución tampoco impide efectuar una verdadera reforma tributaria: la Concertación en consenso con la derecha realizó numerosas reformas para favorecer a los ricos con exenciones de impuestos. También hizo otras que perjudican al pueblo como el aumento del IVA, que era de 16% en el tiempo de Pinochet, de 18% con Alywin y 19% con Lagos y Bachelet. Las leyes tributarias son ordinarias, no requieren quórum, son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. La Concertación tuvo 4 Presidentes para hacer todos los cambios tributarios necesarios. Pero no los hizo. ¿Qué tiene que ver con esto los famosos amarres de la Constitución?
Las leyes laborales son de quórum simple y de iniciativa presidencial: los Presidentes de la Concertación pudieron restablecer el derecho de huelga que hoy no existe, bajar la semana de trabajo a 39 hrs. (en Europa es de 35 hrs. y aún menos), establecer que los trabajadores contratistas reciban el mismo salario que los trabajadores de las empresas mandantes, como en Europa. Pudieron establecer le negociación colectiva por rama o sector, etc. Pero, teniendo mayoría para hacerlo esas reformas no se hicieron. Sin embargo se implementaron otras que son un gran retroceso. Desde hace casi un siglo y hasta mediado de los años noventa, en las faenas mineras solo se podía trabajar por turnos de 8 horas diarias. Ahora se trabaja en turnos de 12 horas con gran daño para la salud de estos trabajadores, sobre todo los de altura, y esto se puede hacer porque sin modificación legal la Concertación lo autorizó a través de la Dirección del Trabajo. No se le puede echar la culpa a la Constitución de lo que no se quiso hacer en materia laboral, porque estas leyes son ordinarias.
Las transnacionales intentaron privatizar Codelco, Enami y Enap, pero la Concertación no se atrevió a hacerlo porque se requería los 3/5 del Congreso para modificar la Constitución. Además, esas privatizaciones habrían sido vergonzosas puesto que Pinochet dejó vigente la Nacionalización del Cobre en la Constitución de 1980, y prohibió la concesión a terceros de los hidrocarburos líquidos y gaseosos, que solo el Estado puede explotar a través de Enap. Curiosamente fue la Constitución que nos salvó que la Concertación privatizara Codelco y Enap.
Se podrían dar muchos otros ejemplos, pero si se quisiera resumirlos, se trata de los siguiente: las transnacionales y de los organismos internacionales que ellas controlan como el FMI, Banco Mundial, OCDE, le impusieron su voluntad política a nuestros gobernantes. Se hace lo que ellos ordenan o permiten, pero no es la Constitución que lo ha impuesto. No son los amarres de la Constitución que impiden los cambios que el país necesita para su desarrollo, tampoco es el triunfo del modelo neoliberal, sino simplemente de los amarres del poderoso caballero don dinero.
Julián Alcayaga O.
Economista
www.defensadelcobre.cl
Marzo 2013
