La séptima mochila
De cada diez trabajadores del campo seis o siete son asalariados. Sin embargo, desde que los autoconvocados ocuparon la escena para denunciar el olvido en que lo urbano tendría a lo rural, los olvidados son ellos. (Ver “La lucha de clases en el conflicto agrario”, Correspondencia de Prensa, 19-2-2018) Si sus dirigentes gremiales tienen razón, esa era la idea, o al menos una de las claves de una estrategia de clase que ahora exhibe sus colmillos reclamando la congelación de los salarios rurales hasta enero de 2019.
Salvador Neves
Brecha, 9-3-2018
“¿Quieren hablar de los problemas del campo? Yo te puedo hablar de la problemática de los trabajadores, que es que todavía no se respeta en un cien por ciento la ley de las ocho horas, que todavía vivimos con salarios de 16 mil pesos, que las casas que nos dan para vivir en los tambos tienen las ventanas tapadas con cartonplast, que los empresarios nos aportan por 13 jornales como si ordeñáramos las vacas 13 días al mes, que no se respetan las normas contenidas en el decreto 321 y ni los tractores con los que trabajamos están en condiciones ni se nos entrega ropa de trabajo, que no se cumple el protocolo de limpieza que el decreto marca para que el empleado que fumiga no termine llevando los tóxicos a su hogar, que todavía hay patrones que creen que una relación laboral se interrumpe tirando las pertenencias de los trabajadores despedidos a la ruta aunque llueva y truene”, soltó Germán González, dirigente de la Unión de Trabajadores Rurales del Sur del País (Utrasurpa) consultado por este semanario acerca de la agenda que ha puesto sobre la mesa el movimiento de los autoconvocados.
Era inevitable recordar que, seis meses antes, de lo que se hablaba era de los rebencazos descargados sobre el lomo de Hugo Leites en la estancia salteña Flor de Ceibo, por reclamar que se le pagaran las horas extras que hacía mucho venía cumpliendo. Y de la secuencia de violencias que a partir de aquel hecho comenzó a hacerse visible. “Fue una lluvia de denuncias que empezó a llegar por los más diversos medios: irregularidades en la vivienda, salarios por debajo del mínimo, gente mal categorizada y, sobre todo, mucha precarización. Hubo un despegue de las denuncias que demuestra que esas son cosas que estaban ocurriendo, pero estaban invisibilizadas, y que estos hechos, cuando cunden en la opinión pública, hacen que la gente se decida a denunciar y busque cómo”, expresó César Rodríguez, secretario general de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra).
Y para calibrar lo dicho, tal vez sea bueno recordar también que hace apenas una década el 90 por ciento de los asalariados rurales declaraban a los encuestadores del Instituto Nacional de Estadística que desconocían la existencia de sindicatos en el sector.(1)
“Nunca supimos y quizá nunca vamos a saber qué conexión tuvieron aquellas violencias y este movimiento”, admitió Rodríguez, “pero es difícil no presumir porosidades; casualmente, cuando empezaron a cesar las denuncias por agresiones estalla la ‘autoconvocación’”, puntualizó.
Por cierto ya durante el otoño pasado los sindicalistas habían señalado que en el este del país había quienes estaban apostando a la polarización entre trabajo y capital. “De hecho en el verano anterior habían ocurrido algunas movilizaciones. Hubo varios ‘cabildos abiertos’ en la zona del este. Precisamente recuerdo dos, pero creo que fueron más. Uno en la ciudad de Melo convocado por la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, organizado por quien es hoy su presidente Martín Uría, después otro en Treinta y Tres. Esos cabildos abiertos tuvieron gran difusión. Por las mañanas, en el programa de Serrano Abella, pasaban parte de lo que ahí mencionaban los distintos actores. Recuerdo que estuvo en discusión el tema de la flexibilización laboral, el tema de la inclusión financiera (porque los centros comerciales estaban en contra), el tema de la libre importación de combustibles y no sólo por el simple hecho de obtener un precio mejor sino porque, según creo firmemente, tenían la voluntad política de seguir cuestionando al ente Ancap. También estaba el achique del Estado. A veces participaban trabajadores que estaban en problemas. Me acuerdo que lo hicieron los de Coleme en el que se hizo en Melo, que creo que fue el que tuvo más difusión por la repercusión que tiene el programa de Abella en el este y el norte del país”, explicó a Brecha Marcelo Amaya, presidente de la Unatra.
Puros visajes
Para Germán González “en estas últimas dos semanas quedó claro que, algo que arrancó en un impulso del que participaron los pequeños productores, se ha transformado en otra cosa, es decir, en una actitud netamente política”.
A Amaya de esto no le caben dudas. “En definitiva creo que se apuntó claramente a consolidar una amenaza de clase de sectores poderosos y creo que eso está consolidado”, sostuvo el dirigente. “Se lo ve en la posición de las gremiales, en la posición de las cámaras empresariales, incluso en la posición de Andebu”, argumentó. “Me parece que esto es preocupante y estamos dando la discusión en el Pit-Cnt para que se lo entienda. Pero no sé si hemos logrado trasmitir esa inquietud que palpamos en el territorio, de que esto es algo programado, que tiene un blanco claro y que fue una apuesta a reclutar sectores que pueden aportar recursos para una movida que en realidad va a seguir sucediendo. Yo le decía a los compañeros de la Mesa Representativa que ahora van a contraponer públicos contra privados. Eso también estaba en aquellos cabildos abiertos. Así como trabajaron ‘campo y ciudad’, ahora van a contraponer ‘público y privado’”, advirtió.
Amaya está seguro de saber quién convoca la autoconvocación: “Son los mismos que hacen discursos contra la extranjerización de la tierra, pero se vuelven extranjerizadores en otro lugar, son los mismos que compran tierra en Paraguay, los mismos que le están diciendo a los trabajadores y al poder político que no apuestan un mango a este modelo de país y se llevan a paladas el excedente hacia los paraísos fiscales, son los mismos que juegan con la idea de enviar un montón de trabajadores al seguro de paro”, definió.
Richard Olivera, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores Arroceros y Afines (Sutaa) coincidió en lo sustancial: “Lo que veo es una jugada política que siempre va a terminar perjudicando al obrero. Es una jugada para sacar al gobierno del poder y colocar a los blancos, sacar la ley de las ocho horas, hacernos trabajar más tiempo. Eso es lo que estoy viendo, porque el resto fueron puros visajes. Engaños a la población que creyó que le iban a bajar las luces a ella y que era a ella que le iban a bajar el combustible”, argumentó dialogando con este semanario.
La base
El punto, cree Olivera, es que “sí hay un problema real en los productores chicos. No en los grandes productores, nada que ver. Para el productor familiar sí sé que hay un pequeño problema. Pero éstos se están arrimando para el lado de los grandes, que son los mismos que los están matando”, alertó.
Y es que, según Amaya, “no se ha dado el marco para poner en discusión las cosas que verdaderamente importan”. La producción familiar “no es reflejada ni por el oficialismo ni por el movimiento de los autoconvocados”.
“Yo creo que si un chico reclama por el precio de la renta de la tierra, lo más probable es que tenga que salir con sus animales a la ruta. Supongo que si alguien cuestiona la intermediación, lo más probable es que después no pueda vender sus animales ni en la feria”, ejemplificó. “Esas son las preocupaciones de una franja de productores que no puede acceder a escalas y a la que el propio modelo productivo va dejando afuera. No en vano en 12 años han desaparecido 12 mil y tantos productores familiares. Entonces, frente al anuncio sistemático de que el apocalipsis llega, es normal que la gente se preocupe y que no vea una salida, porque en realidad esa gente no logró generar espalda y seguramente la va a quedar en la próxima crisis”, explicó.
Y el problema estrictamente económico se articula con el del recambio generacional. “El que vive como ermitaño no arriesga su capital, pero eso tiene un costo: su descendencia no quiere vivir de esa forma. Eso lo hemos visto. Hemos visto aquel que con poca escala arriesga y trata de llegar, pero la queda por el camino porque después en la cadena no logra recuperar la inversión que hizo; y después está el otro, el que logra llegar con su pedacito de campo al final de la vida, pero no logra que su descendencia lo continúe porque lo que logró fue seguir viviendo a la vieja usanza, todo con sacrificios, todo a fuerza de brazos, todo con mucha economía y eso también cobra la factura al final. Ese es el mayor problema que tiene la agricultura familiar y que justifica sus reivindicaciones aunque seamos conscientes de que este movimiento no los representa”, argumentó Amaya.
A propuesta
El presidente de Unatra no coincide con la percepción de que el movimiento de autoconvocados esté en retirada. “Yo no podría decir que se desinfló. La semana pasada me enteré de que en algunas ciudades la Federación Rural está convocando para presentar el movimiento. Me parece que fue un cambio de estrategia. Creo que lograron su primer objetivo, consolidar la alianza, y ahora empiezan a trabajar la base donde están los productores que son el objetivo”, valoró.
Sin embargo no son la única fuerza actuante. El 6 de febrero una mesa integrada por el Sindicato de Peones de Estancia, el de Trabajadores del Arroz, Redes de Amigos de la Tierra, el Movimiento por la Tierra y contra la Pobreza y la Unidad Cooperaria Nº 1 Cololó, elevó una nota a la Mesa Representativa del Pit-Cnt proponiendo discutir un programa de medidas sobre el sector agropecuario que en realidad encierra toda una estrategia nacional.2 La divulgación del documento ha provocado que el teléfono de Amaya se esté llenando de mensajes de productores familiares que no encontraron audiencia en el mitin del 23 de enero en Durazno. Los que compartió con Brecha hablan de la renta que los productores pagan por la tierra, de los costos de la intermediación, de los precios que –más allá de las oscilaciones a nivel global– impone el oligopolio frigorífico, por ejemplo, en el novillo gordo: “Uruguay, dólares por quilogramo, 1,68; Brasil, 1,55; Paraguay, 1,98; Argentina, 1,77”.
Para Amaya y sus compañeros la única salida de esta coyuntura es la propuesta. “El tema es que acá tiene que establecerse una transformación que realmente le cambie la vida a esa escala de la producción”, sostuvo y propuso una localización para comenzar a ensayar la estrategia propuesta en el documento del 6 de febrero: “yo no sé si no hay que pensar en la cuenca del Santa Lucía para un modelo alternativo. Podría ser un buen lugar para empezar, por la gran cantidad de productores familiares que trabajan allí, por la cantidad de gente afectada por el problema del agua y porque tienen que convivir dos modelos de país hasta que tomemos la decisión de cuál es el que más nos conviene. Hoy hay uno que impera y que a nosotros como trabajadores no nos favorece. Para nada. ¿Por qué? Porque ya hemos visto cómo Julio de los Santos y otros trabajadores sufren las consecuencias de ese modelo productivo. Y cada vez está afectando a más gente. Ahora ya no son sólo los paisanos del campo los que están sufriendo sus consecuencias, sino que los consumidores de las grandes ciudades también las están sintiendo”, reflexionó.
Entre tanto, los contenidos reales de la fórmula autoconvocante van quedando a la vista. “¿A quién le salió el discurso reaccionario de decir ‘los salarios son muy caros’? No fue al pequeño productor. Si él trabaja con sus hijos y su mujer”, reflexionó Germán González. Y la cosa no quedó en discurso. Las gremiales empresariales han reclamado al Ministerio de Trabajo que los salarios del sector se congelen hasta el 1 de enero de 2019 para enmendar sus problemas de rentabilidad, embolsándose la inflación esperada. “Está muy claro. Ellos hacen su juego. Nosotros defendemos nuestros derechos, la ley de ocho horas, la negociación colectiva y que no nos confundan con un jardinero porque nosotros generamos plusvalía”, concluyó el dirigente de Utrasurpa.
Ayer llegó a Montevideo Julio de los Santos, el trabajador mencionado por Amaya, quien acaba de ser jubilado por las enfermedades laborales contraídas en Arrozal 33. Trajo una buena noticia y una mala. La buena es que la gestión iniciada por la Institución de Derechos Humanos a raíz de la denuncia de su situación está dando resultados, y seguramente el mes que viene tendrá una solución de vivienda que le permitirá abandonar el pueblo arrocero donde sus males no hacen más que agravarse.3 La mala es que el administrador de la empresa, que por cierto se hizo presente en la vigilia convocada por el movimiento Un solo Uruguay, se niega a abonarle licencias y vacacionales que le adeuda desde 2015, obligándolo a entablar un juicio que llevará tiempo.
Notas
1) Matías Carámbula, Joaquín Cardeillac, Bolívar Moreira, Alejandra Gallo, Agustín Juncal y Diego E Piñeiro, “Los límites de la ciudadanía: el caso de los trabajadores asalariados rurales”, en El Uruguay desde la sociología, Udelar-Facultad de Ciencias Sociales, Montevideo, 2012.
2) Disponible en la página web de Brecha.
3) “Pulmones proletarios”, Brecha, 8-XII-17.
Contra la ley de riego o contra el modelo productivo
Es importante dar la discusión sobre la ley de riego, pero a la cuenca de Santa Lucía no la contaminó el riego, “fueron las derivas del modelo productivo”, advirtió el presidente de Unatra. Para Marcelo Amaya “el riego va a ser cada vez más importante dado que hoy la producción de secano no alcanza su mejor rentabilidad por las características de nuestro clima en el que podés tener veranos buenos y veranos como éste. El mejor análisis que yo he visto es el de la Institución de Derechos Humanos en el sentido de garantizar el acceso a la justicia para dirimir algunas cuestiones en torno al acceso al suministro de agua. Pero hay factores tan o más importantes que el riego en sí, como lo es el modelo productivo. Nosotros venimos de un lugar donde sistemáticamente se ha usado el agua para el riego, hemos caminado muchos años con veinte centímetros de agua arriba de las canillas y en la década del 80 podíamos tomar el agua cuando abríamos los cortes de las taipas, y hoy nos da miedo caminar en esas aguas. Los compañeros desarrollan llagas cuando entran en contacto con ellas y sabemos que el agua contaminada vuelve a la laguna. Por eso nos parece que debería haber otros factores en la discusión”.
