Gustavo Duch
Desde que nació era libre. Cada día recorría 195 kilómetros en una ruta sinuosa desde el altiplano central de Guatemala hasta llegar al mar. Pero desde el 2012 lo tienen encerrado y domesticado. 30 kilómetros del curso del río Cahabón está preso en el interior de un canal afectando su vida y la del territorio que bañaba. También, desde hace unas semanas, está preso el maestro de escuela Bernardo Caal por liderar la lucha contra este delito medioambiental que afecta directamente a casi 30 mil personas del pueblo q’eqchi. “Soy un preso político que se encuentra en esta situación por denunciar el secuestro de los ríos, por declarar que los están matando, por dar a conocer el saqueo del territorio del pueblo Q’eqchi’ -denunció Bernardo cuando le detuvieron.
Como explica Greenpeace en un reciente informe, el caso de la canalización del río Cahabón para proyectos hidroeléctricos -cuya electricidad generada se exporta a terceros países- es un claro ejemplo del tipo de expolio que en los últimos años está dándose para seguir en una dinámica colonizadora que tiene más de 500 años de historia. Si entonces los metales preciosos o los frutos tropicales se robaban por la fuerza de las armas o engañando con espejitos de colores, en la actualidad es la impunidad de las multinacionales extranjeras el caballo de troya que les permite acceder y vaciar las riquezas de lugares vírgenes y naturales.
Los proyectos de canalización y las presas en el río Cahabón los promueve la empresa guatemalteca Corporación Multinacional Inversiones (CMI) que no ha tenido en cuenta los tratados de los pueblos indígenas firmados por Guatemala que obliga a procesos consultivos. Ni ha llevado a cabo suficientes evaluaciones de impacto ambiental. La empresa que está realizando buena parte de todas estas obras es la empresa española Cobra que cuando se le pregunta por sus responsabilidades se justifica diciendo que ellos son unos simples subcontratados, que las responsabilidades son de CMI.
Un ardid con muchas ganancias: las multinacionales extranjeras como Cobra, cobran pero no pagan impuestos; no compensan a las victimas de sus proyectos; e incluso, pueden demandar a los Estados si estos toman decisiones que afecten negativamente a sus intereses. Sumemos a estos mecanismos el más macabro de todos, la persecución que no deja de crecer de líderes como Bernardo, Berta Cáceres y tantas otras personas que arriesgan su vida para defender, frente a los intereses económicos de grandes multinacionales, los ríos que sustentan a sus comunidades.
La empresa Cobra es una de las principales filiales del sector de la construcción del Grupo ACS. ACS es una de las mayores empresas del estado español. El consejero delegado de ACS es Florentino Pérez, al que se le calcula un patrimonio de casi 2.000 millones de euros.
– Ojalá – como una vez me dijo Luz María Abreu, una amiga dominicana – llegue pronto el día que los ríos recuperen sus cauces. Y la vida vuelva a fluir.
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