2 febrero, 2018
[resumen.cl] Al caso Operación Huracán y la presunta manipulación de pruebas por parte de la Inteligencia de Carabineros, nuevas dudas sobre otros peritajes salen a la palestra. Se trata de el Caso Iglesia y el mediático caso Luchsinger Mackay.
Cuestionadas las principales evidencias contra los comuneros mapuche imputados en la Operación Huracán -con querella de un Fiscal y un sumario por medio, ambas contra Carabineros-, se sumó un nuevo hecho que pone en duda el actuar de la Inteligencia Policial.
Tras reunirse en Santiago el Fiscal Nacional Jorge Abbot, con el Fiscal Regional de La Araucanía, Cristian Paredes, el de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez y el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, se intercambio información sobre una presunta manipulación de pruebas en la arista “Los Ríos” de la Operación Huracán.
Uno de los datos manejados por la Fiscalía es sobre el cuestionamiento a la veracidad de la participación de un imputado en la quema de 29 camiones en San José de la Mariquina.
Según indica La Tercera, “una de las situaciones que generó las mayores dudas fue que el informe daba cuenta de la presencia de P.A. en el atentado a la empresa Sotraser. No obstante, el Ministerio Público determinó que prácticamente a la misma hora, personal policial le estaba controlando la medida cautelar de arresto domiciliario total. Esto, en una causa que se seguía en su contra por porte ilegal de munición. Entonces, era imposible que estuviera en el lugar al momento del ataque.”
A esta irregularidad, se sumó la revelación de que la Unidad de Inteligencia de Carabineros no efectuó 24 diligencias solicitadas por la Fiscalía, para aclarar la veracidad de los mensajes de Whatsapp de la “Operación Huracán”, señala Radio Bío Bío. El medio publica, además, que la respuesta estaba a cargo de Cristián Perez Mancilla. un capitán de Carabineros que figura en el Caso Bombas 1, como involucrado con las -supuestas- firmas falsas en informes periciales del caso Bombas, en 2012.
Caso Iglesia
Pero los reproches a lo desprolijo e irregularidades cometidas en el trabajo de la unidad de Inteligencia de Carabineros no se quedarían ahí. A comienzos de semana se supo que la Fiscalía de Temuco decidió sacar del Caso Iglesias a un perito que fue cuestionado en la Operación Huracán.
Se trata del sargento primero del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, Marvin Marín Maluenda, experto en informática y quien habría estado a cargo de los peritajes del tráfico telefónico en el Caso.
Marín Maluenda fue el encargado de elaborar el pre informe pericial informático que el fiscal César Schibar utilizó la mañana del 24 de septiembre en el Juzgado de Garantía de Temuco para pedir la prisión preventiva de los 8 imputados en el caso, afirma El Austral de La Araucanía. En la conversación periciada por el Sargento primero se acordaba “materializar un ataque incendiario para luego informar del presunto hecho al sujeto de nombre “Negro” y las posteriores felicitaciones del individuo.”
El Carabinero también estaría involucrado en el peritaje que informaba de una supuesta filtración de información de la Fiscalía y la ANI a Héctor Llaitul, lo que ha sido categóricamente desmentido por el Fiscal Luis Arroyo, quien incluso se querelló contra Carabineros por el hecho.
Caso Luchsinger Mackay
El Machi Celestino Córdova cumple hoy, 20 días en Huelga de Hambre. Lo que demanda es una salida esporádica de la cárcel para asistir a su lugar sagrado, lo que le es negado por Gendarmería.
Es el único condenado en el caso, a 18 años de cárcel, que es una de las penas más altas correspondiente a presidio mayor en su grado máximo, pena inmediatamente inferior al presidio perpetuo. El cargo que se le imputó fue incendio con resultado de muerte de carácter terrorista, por la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay.
El encarcelamiento del Machi también ha sido cuestionado. Según señala su abogado, la principal evidencia por la que fue encarcelado carece de rigurosidad. Celestino fue encontrado con una herida en el Tórax bastante lejos de los hechos.
“De acuerdo a los informes médicos, no padeció heridas de gravedad. Y es una bala que tiene bastante significancia. A Celestino se le efectuaron los análisis de su herida y las características de la bala que lo atravesó. Era una bala que estaba recubierta con un material cúprico, de cobre. Posteriormente, en el juicio, se analizaron las balas de quien habría sido el victimario, en este caso, el señor Werner Luchsinger. Él se habría defendido del ataque incendiario a balazos. Pero ocurrió que Luchsinger solo tenía balas de material niquelado, y no de cobre. Entonces allí surgió la cuestión ilógica de cómo una persona que usó un proyectil de tipo “A”, alcanzó el tórax de Celestino con una bala de tipo “Z”. Esta duda esencial jamás se dilucidó durante el juicio.”
Para el defensor, la sentencia contra el Machi que lo condenó a 18 años de cárcel se sostiene, básicamente, sobre elucubraciones.
Los otros acusados en el Caso
Respecto a los otros acusados del caso, habían sido absueltos en octubre del año pasado debido a que las pruebas que presentó la Fiscalía- en conjunto con las policías- para culparlos se basaban, principalmente, en la declaración de José Peralino, prueba que se desestimó en el último juicio oral, ya que fue obtenida bajo “vicios ilegalidad” y para el tribunal no fue suficiente la fundamentación para calificar el delito de terrorista. Tampoco se logró acreditar -para el tribunal- a través de la georreferenciación de teléfonos celulares, la presencia de los acusados en el crimen.
Para el tribunal, no se cumplió con el estándar probatorio.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Temuco revirtió esta decisión del TOP de Temuco, anulando el juicio y ordenó una nueva realización del proceso pues estimó -dándole el favor a la Fiscalía- que existían deficiencias de argumentación en la sentencia y de valoración de los argumentos que se expusieron.
Está por verse que sucederá con este caso luego de los severos cuestionamientos a los peritajes de Carabineros.
Los oficiales denunciados por comunidades
Este lunes, el Juzgado de Garantía de Temuco autorizó la solicitud del Fiscal Carlos Palma, quien investiga la querella presentada por el Fiscal Luis Arroyo contra Carabineros, por la presunta manipulación de pruebas en le contexto de la Operación Huracán. Se trata de la incautación de celulares y registro de correos de los Carabineros Patricio Marín Lazzo y Leonardo Osses Sandoval, oficiales integrantes de la Dirección de Inteligencia de Carabineros.
Estos dos sujetos son personajes conocidos para las comunidades mapuche. A Marín Lazzo se le atribuye la responsabilidad de haber ordenado la infiltración de Raúl Castro Antipán en el movimiento mapuche, con el objeto de involucrar a miembros de comunidades en distintos atentados en la Araucanía.
Por su parte, a Osses Sandoval, además de ser investigado por destruir un libro de registro, tras el extravío de un arma 9 milímetros semiautomática con 15 tiros que estaba a su cargo, es sindicado como parte de los policías que han causado terror en las comunidades mapuche.
Una denuncia realizada en mayo del año pasado, le acusa de ser parte del atropello e intento de homicidio de Pedro Lepicheo Machacan, quien viajaba junto a su pareja Viviana Llanquileo y sus hijos de 3 y 2 años.
Además, en septiembre del 2016, 13 presos políticos mapuche recluidos en la cárcel de Lebu denunciaron al oficial de inteligencia de Carabineros de Chile Leonardo Osses Sandoval como el responsable detrás de múltiples detenciones y procedimientos que terminaron con comuneros mapuche formalizados por el delito de porte de municiones.
