La Asociación Argentina de Actores se sumó al reclamo por «la inmediata liberación» de César Arakaki, actor y militante del Partido Obrero, que quedó detenido la semana pasada por orden del juez Sergio Torres, a cargo de la causa por la represión policial del 18 de diciembre y por las lesiones que recibieron los uniformados por parte de los reprimidos. Torres dictó orden de prisión preventiva sobre Arakaki y lo envió al penal de Marcos Paz «sin que se haya demostrado los cargos que se le imputan» y cuando «no existe peligro de fuga», denunció la asociación de actores.

Arakaki fue imputado por el juez Torre a raíz de una serie de fotos en las que se lo ve levantando dos palos sobre un policía que fue herido durante la represión de la manifestación contra la reforma previsional y ante el pedido de detención ordenado en su contra  «se presentó espontáneamente», recuerda el comunicado de Actores para exigir la liberación de su afiliado ante la ausencia del peligro de fuga. «Con esta medida se están vulnerando gravemente los derechos y las garantías de nuestro afiliado, y creemos que su integridad física corre peligro a partir de la decisión de despojarlo de su libertad y de trasladarlo al penal de Marcos Paz», advirtió la asociación.

Torres ordenó la detención preventiva de Arakaki y de su compañero de militancia Lucas Sauret, en el legajo que investiga las lesiones contras los uniformados; y una sola detención en la investigación por la desproporcionada represión policial: la de Dante Barisone, oficial del Grupo de Operaciones Motorizadas de la Policía Federal. Sauret fue liberado al demostrar que no participó de la movilización sino que estaba en su lugar de trabajo, pero el juez federal solo le dictó la falta de mérito, por lo que sigue procesado. En la causa por la represión, Barisone quedó detenido por arrollar con su moto Alejadro «Pipi» Rosado, un joven cartonero que trabajaba en la zona de la cacería desatada por la Policía Federal.

«Le destruyeron su carrera de actor, usaron sus fotos de Facebook incluso para inculpar a su compañero Sauret, porque militan juntos en el local de Caballito», señaló días atrás a PáginaI12 la abogada de Arakaki, Claudia Ferrero. “Niegan la libertad a una persona que estuvo a derecho todo el tiempo, es una escalada política, el juez Torres sigue los designios del gobierno y acá se acabó la independencia de poderes, el objetivo es ajusticiar a los partidos de izquierda», describió la letrada y recordó que, con otra interpretación judicial del Código Procesal,  «los condenados por la tragedia Once siguen en libertad”.

En ese sentido, el comunicado de la asociación de actores rechazó de plano «cualquier intento de criminalizar la protesta social» y advirtió que de «este modo se lesiona el estado de derechos que debe primar en una sociedad democrática y se distorsiona el rol que la Justicia a la que usted representa debe cumplir en nuestra República».