Una larga lucha hemos dado los Ex Prisioneros Políticos, para establecer ante la sociedad chilena, nuestra calidad de víctimas sobrevivientes primero, y luego, que el Estado asuma su responsabilidad ante los atropellos de los derechos humanos, de los que fuimos objeto durante la dictadura militar, ordenados y financiados desde los mismos poderes del Estado.
A pesar de la indiferencia de las autoridades que insisten en invisibilizar esta verdad histórica, se hacía urgente y necesario lograr que la sociedad tomara conciencia, que en Chile, además de los compañeros que fueron secuestrados, torturados, luego ejecutados y hechos desaparecer, existía un universo de víctimas sobrevivientes que exigían Justicia.
La ley 19.992 conocida como ley Valech, debería haber cerrado dignamente este triste y brutal capítulo de nuestra historia; sin embargo no se apegó a lo que establece el Derecho Internacional Humanitario, obligando a los Ex Prisioneros Políticos a seguir luchando para exigir, que se cumplan los compromisos establecidos, suscritos por Chile con dichos organismos.
A partir de allí, el oficialismo, ha jugado todas sus cartas, para evitar la unificación del movimiento y de sus objetivos, en torno a lo que establece el Derecho Internacional Humanitario. Manteniéndolos en el más absoluto abandono, envejecidos, enfermos y en la miseria, realidad que inmoralmente aprovecha y utiliza para abaratar “costos” y hacer ofrecimientos de reparación vergonzosos e indignos.
Lo que es más grave, para asegurarse de hacer aceptable estas propuestas en el universo de víctimas sobrevivientes, no trepida en usar algunas de sus organizaciones, cuyos dirigentes cooptados, tienen la tarea de promover esta propuesta, acordada a espalda de los afectados, como “aceptable” dado que “peor es nada”.
Es importante entender que este, no es un tema meramente económico. El permitir que, cómo respuesta ante hechos tan graves, se haga con la mente puesta en la calculadora, y no en la dignidad, ni en el derecho de las personas, que fueron objeto de las más graves aberraciones durante la dictadura, es una clara revictimización de estas personas. Significa minimizar la gravedad de lo sucedido en Chile, y transformar su obligación de reparar el daño causado, de acuerdo a los tratados internacionales que suscribió, en un acto de caridad, para personas indigentes, que claman por una limosna, reemplazando al acto de justicia, a la que tienen derecho y que Chile les debe.
La reparación económica es uno entre otros elementos de la justicia, que no se debe ver como un “costo” o “como un gasto”, es importante que los Gobiernos y con ellos la sociedad comprendan, que esto es más bien una inversión. Inversión social y política, que aportará, fortaleciendo la democracia, fortaleciendo el respeto a los derechos humanos y garantizará la no repetición de estos traumáticos hechos.
Es lamentable cuando las autoridades y peor aun cuando algunos de los propios afectados insistan en ver esto como el simple hecho de ganar una reivindicación. No somos un sindicato. Lo que aquí está en juego es mucho más que esto. Está en juego la forma en que se analiza y distorsiona el significado de nuestra dramática historia del pasado reciente, sino que también el significado del presente y lo que es peor el precedente que se sienta para el futuro.
No reparar correcta y justamente el daño causado, entrega una muy mala señal para las futuras generaciones. El mensaje implícito sería, se puede secuestrar, se puede ejecutar fuera de toda legalidad, se puede hacer desaparecer, torturar, violar, exiliar a compatriotas y esto no tendrá consecuencia alguna para los autores ni para el Estado; ya que bastará con sacar la chauchera y tirar unas cuantas monedas y quedará todo arreglado. Este es el tema y lamentablemente tengo la impresión que muchos de mis compañeros y compañeras, no comprenden lo que está verdaderamente en juego.
Por esta razón, es importante insistir en que “no estamos pidiendo un mínimo de reparación y de reconocimiento”, sino que exigimos una reparación justa y adecuada, como mandata el Derecho Internacional Humanitario.
Es importante señalar, que si el Gobierno insiste, en resolver este tema con una propuesta miserable, y no tomando en cuenta el Derecho Internacional Humanitario, tendrá que responder, no sólo ante los tribunales internacionales a consecuencia de las denuncias interpuestas por nuestra organización, sino que también tendrá que responder ante la historia.
De la misma forma tendrán que responder ante la historia, aquellos dirigentes que se han dejado cooptar por el oficialismo y han traicionado los derechos e intereses de sus propios compañeros. El hecho de ser nuestros pares agrava aún más esta deleznable acción.
Si el Gobierno insiste en entregar un monto miserable, pues que lo imponga, así como nos impuso la cicatera pensión Valech, pero esto, no debe ser legitimado con el acuerdo ni la firma de ningún Ex Prisionero Político o de alguna de sus organizaciones.
Lo único claro, es que, ni a los Gobiernos pos dictadura, ni a aquellos dirigentes que se prestaron para esto, los absolverá la historia!
Nelly Cárcamo V.
Presidente Nacional de la UNExPP de Chile
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