Quizás una de las imágenes más impactantes, más violentas e interpeladoras del último tiempo haya sido la de los altos representantes del Gobierno de la Generalitat acudiendo a esa suerte de juicio sumario de la justicia española, como si fueran criminales de grueso calibre.
En esa parafernalia del gobierno de Mariano Rajoy, todos los dispositivos utilizados para el disciplinamiento del orden establecido, y de la casta política, incluyendo la neutralidad de un Podemos que ha jugado a una especie de tercera vía en esta cacería de brujas, todo aparece como una desmesura. Tanto de los independentistas como de los adoradores de la España borbónica: en el caso del Estado español, el haber encarcelado a los representantes del gobierno de la Generalitat bajo cargos de rebelión, sedición y malversación, por los que la fiscalía pide treinta años de cárcel.
Por el lado de los independentistas, la desmesura de soñar con una nación que podía liberarse de la pesada carga económica, histórica y cultural de un Estado centralista y artificialmente unitario. Una nación que habla, piensa y actúa diferente al resto de España, o al resto de las infinitas Españas que conforman (arbitrariamente) un sistema político bastante sui generis, una “monarquía parlamentaria”. Y la que, al menos en papel, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran.
De hecho, la independencia de la región de Cataluña está cruzada por aspectos económicos, políticos y culturales de antigua data, que dieron incluso origen a una guerra a mediados del siglo 18. También, Cataluña fue particularmente golpeada en la guerra civil y durante la dictadura franquista se prohibió durante varios años el idioma catalán. Ahora, la crisis económica sumada a varias disposiciones recientes del gobierno de Mariano Rajoy en el sentido de una re-centralización del país, han reavivado los ánimos independentistas de la que es una de las regiones más ricas de España.
Hay que agregar que en Cataluña se produjeron multitudinarias movilizaciones desde el 2010 en pos de su independencia que han puesto de manifiesto que no se trata de una minoría que busca la soberanía, sino que España enfrenta a un movimiento catalán transversal que afecta a todas las clases y sectores sociales, y que podría alcanzar una mayoría. Es este hecho el que ha forzado al gobierno y al parlamento catalán a comenzar un proceso político en el que el pueblo de Cataluña decida en un referéndum si desea quedarse o no bajo la órbita del gobierno de Madrid.
Frente a ello, el gobierno de Rajoy desconoció sistemáticamente una serie de instrumentos jurídicos que consagran la posibilidad de realizar este tipo de consultas, variando en relación a su fuerza jurídica (consultiva o vinculante): la misma Constitución española admite la realización de referéndums y consultas, aunque les otorga un carácter consultivo (artículo 92), y la Ley catalana, que autorizó jurídicamente la realización del referéndum, como lo ha señalado el Instituto de Estudios Autonómicos.
No obstante, la primera conclusión que se puede extraer es que la actuación del gobierno de la Generalitat ha interpretado la aspiración popular, desde antigua data y le ha dado un cauce jurídico y participativo, a través del referéndum, en el que, contrariamente a lo señalado por Rajoy, sí se llevó a cabo y contó con una gran adhesión ciudadana.
Es necesario agregar que, pese a la incomprensible represión y provocación desatada por la guardia civil, en dicha jornada donde reinaba el caos no hubo un solo muerto, gracias a la impecable reacción de las y los votantes y de la policía local.
Tras la jornada, y con la legitimidad del plebiscito, pasó un mes en el que el gobierno de la Generalitat, con Puigdemont a la cabeza, llama al diálogo e interpela al gobierno central para encontrar una salida consensuada y pacífica al conflicto, antes de promulgar la Declaración Unilateral de Independencia, DUI, y a que la administración central respondiera con la aplicación del artículo 155, que abole en la práctica la autonomía de Cataluña, desconoce de facto el gobierno democráticamente elegido, llama a elecciones y encarcela a los representantes de la cesada administración.
Frente a ello, la reacción de los independentistas es profundamente política: en vez de inclinarse por un camino sin salida, como habría sido el atrincherarse en Barcelona y llamar a resistir, aceptan las disposiciones del gobierno central y anuncian su participación electoral.
Los sucesos de España nos muestran varios elementos interesantes de analizar desde una lógica política: en primer lugar, ¿podemos hablar simplemente de un nacionalismo a la antigua usanza, que intenta someter a otros pueblos en pos del ideal de la patria? La respuesta, más bien, nos acercaría a lo planteado por Mariátegui hace varias décadas, frente a una concepción eurocéntrica de la dominación ubicando explícitamente a las demás regiones del planeta en un lugar secundario y subordinado en relación a Europa occidental. En este caso, esas regiones estarían al interior de España, y también vivirían la contradicción hegemonía/subalternidad.
Pero a la vez, el movimiento catalán se enfrenta con una casta política compuesta por el PP, Ciudadanos y un sector del PSOE, en el cual se ubica Felipe González, quien ha criticado a Rajoy por no haber aplicado antes el artículo 155.
Además de los apoyos explícitos, la política de Rajoy ha contado con vacilaciones de una izquierda como Podemos que, si bien ha rechazado la encarcelación de los representantes del gobierno de la Generalitat, ha negado de plano la aspiración de la independencia de la nación catalana. Al hacerlo, implícitamente se ha puesto del lado del discurso del orden impuesto, y se ha invalidado como interlocutor.
Como conclusión, es muy poco viable que la nación catalana obtenga su derecho a la independencia, al menos en el corto plazo, pero ellos ya han vencido: en un mundo telemático, han legitimado su derecho a la autodeterminación, principio reconocido por Naciones Unidas, en virtud del cual «todos los pueblos pueden determinar libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural». Ha develado la calidad de la democracia en España y las instituciones europeas, ha mostrado la necesidad de avanzar hacia Estados de plurinacionalidad y pluriculturalidad y sistemas políticos más respetuosos de la diversidad.
