El drama de la unidad reajustable
Daniel Erosa
Brecha, 20-10-2017
Es una de esas situaciones sociales que se cronifican en su “irritante injusticia” y atraviesan los años sin que se les encuentre una solución. Se trata de una porción de deudores del Banco Hipotecario del Uruguay (Bhu) y de la Agencia Nacional de Vivienda (Anv) –unas 23 mil familias– que amortizan sus créditos en unidades reajustables (que se ajustan por el índice medio de salario) y que, desde la reinstalación democrática a la fecha, han visto cómo el valor de las cuotas crece año a año por encima de la inflación –con un acumulado cercano al 70 por ciento– y se dispara respecto a los créditos hipotecarios otorgados en unidades indexadas (que se ajustan por inflación). Pero que además han tenido que lidiar con una complicación extra: en 2007 el Bhu modificó su carta orgánica y, al decir de los voceros de este grupo de damnificados, “abandona toda característica de banco social promotor de vivienda y se convierte en un banco comercial a secas”, resultando en general “más frío que un témpano” a la hora de relacionarse con sus viejos clientes, que se vincularon a la institución hace decenas de años a partir de un crédito social que les permitió acceder a la vivienda.
Esos antiguos deudores viven varias paradojas: todo el espectro político les da la razón –desde la oposición hasta el oficialismo–, pero las soluciones no aparecen; hace décadas que pagan sus créditos, pero varios deberían vivir hasta los 130 años para poder escriturar; muchos pensaban dejarle una casa a sus hijos y les van a heredar una deuda a sus nietos; los nuevos clientes del banco tiene mejores condiciones crediticias que ellos: “Una población de clase media que cuenta con varias ventajas por la situación del país, tiene créditos más benignos que los viejos deudores, que son una población añosa, de clase media baja que sufrió todas las crisis. Se ve en las reuniones que es una población deteriorada económicamente”, dijo en diálogo con Brecha Gustavo Firpo, uno de los voceros de este grupo de deudores.
La peligrosa UR
Pero empecemos más atrás. La unidad reajustable fue un instrumento que se creó en 1968, en el gobierno de Jorge Pacheco Areco (1967-1971, Partido Colorado), para que el Bhu pudiera cobrar sus cuotas en medio de una crisis económica y política que incluyó el congelamiento de los salarios y una inflación descontrolada. Funcionó bien hasta la restauración democrática. Pero a partir del primer gobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1990, Partido Colorado), con la reinstalación de los consejos de salarios y las libertades sindicales, el ingreso de los trabajadores comienza a crecer en forma pronunciada y con él la cuota hipotecaria. Una herramienta que era considerada buena para el ahorrista y para el banco pasó a ser peligrosa para el primero, porque pautaba aumentos demasiado grandes de la cuota, y demasiado beneficiosa para el segundo. En los últimos 32 años (desde 1985) el índice medio de salarios creció siempre por encima de la inflación, salvo en las dos crisis grandes (la de 1991-1992 y la de 2002).
Existe otro problema con la UR. Explica Firpo: “La suba salarial promedio –que toma datos de la economía formal– no quiere decir ni cerca que en el ingreso de estos hogares se haya registrado efectivamente ese aumento. Dicen que en los promedios se ahogan los petisos, y nuestra población es petisa económicamente. Son jubilados en su mayoría con jubilaciones muy malas. O permanecen activos con ingresos por debajo del promedio porque en esta población hay muchos cuentapropistas, trabajadores unipersonales, subocupados o de-socupados, la parte más informal de la economía. Son los que llegaron a duras penas a arañar un crédito hipotecario en la década del 80”.
Después de 2002, el Bhu estaba debilitado tras muchos años de acumulación de estafas y desfalcos sobre su patrimonio, con una alta morosidad y sobre todo después de sufrir el efecto de administraciones nefastas, con el epílogo de varios jerarcas declarando en la justicia o directamente presos. En 2004 el gobierno del Frente Amplio decide capitalizarlo con casi 1.000 millones de dólares y comienza un camino de reformas que concluye en 2007 con una nueva carta orgánica para la institución. En ese año también se crea la Anv. Dice Firpo: “Ahí se originan nuevos problemas. El fin social del Bhu pasó a estar a cargo de la Anv. El Bhu se queda con la cartera de deudores sana y sale al mercado a competir y a sus nuevos clientes les ofrece créditos en unidades indexadas más ventajosos que los viejos créditos en UR”.
Gastón da Cruz, otro de los integrantes del grupo, aseguró que: “Lo de ajustar la cuota en UR ha significado un gran negocio para el banco y un notorio perjuicio para los deudores, por el nivel de desfase con la UI. En buen romance, hoy en UI la cuota se paga 12.850, y en UR, 21.041 pesos. La diferencia es la cantidad que se le abona de más al Bhu por parte de los deudores en UR”.
Desde el grupo de deudores dicen que, además de lo onerosas que pueden resultar las cuotas indexadas al salario, el cambio de perfil del Bhu ha profundizado el desamparo que sienten. “Cualquiera tiene un traspié económico, familiar o de salud en 25 o 30 años y aunque haya pagado 15 o 20 años, su casa puede quedar en peligro. Ahora al Bhu no le importa más esa parte, ya no tiene asistentes sociales, no tiene protección social, ya no es posible hablar de refinanciamiento o acuerdo de partes. Se apoyan en dos artículos de su carta orgánica que dicen que si el deudor tiene tres meses de atraso, el banco va a ir contra el total del saldo que debe. No te aceptan pagos a cuenta, tenés que saldar o se te complica la deuda y a los tres meses pasás a proceso ejecutivo. Corrés riesgo de ejecución, tu casa puede ir a remate, pero como tu deuda se infló mucho, si lo obtenido por el remate no alcanza para cubrir, además de perder todo, quedás embargado”, cuenta Firpo.
La disparidad de criterios crediticios y el cambio de tono en la relación del banco con sus antiguos clientes motivó a la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) en 2013 a realizarle varias recomendaciones al Bhu. Aunque no fuera vinculante, la resolución 103 del Inddhh deja claro que si bien “no existía en las partes contratantes, ni la intención de lucro excesivo por parte del acreedor en el caso el Bhu, ni en el deudor la intención de que se produjera su ruina. Tampoco se deseaba que el cumplimiento del contrato se transformara en un instrumento de irritante injusticia. Así, cuando se produce una ruptura, es el propio sistema el que debe buscar la forma de reparar el daño causado”. Más adelante asegura que “el daño producido es tan gravoso y alcanza a un número elevado de damnificados” que es necesario propiciar “soluciones que vuelvan a restablecer la ecuación económica de los contratos. Especialmente por tratarse de préstamos provenientes de una entidad estatal con un fin social que tuvo por objeto el acceso y protección de la vivienda (…)” y que “sin desatender la satisfacción del crédito, amparen al deudor injustamente afectado”.
Al finalizar, recomienda explícitamente “que el Bhu en el rol social que regía al aprobarse el régimen de contratación en la moneda de UR, propicie mecanismos que permitan la revisión de los contratos objeto del reclamo de manera de restablecer la ecuación económica de los mismos. Evitando así el enriquecimiento injusto del acreedor y una pérdida en la equidad de la prestación”.
Pagar por generaciones
De alguna forma estos deudores del Bhu quedaron como rehenes de una situación de la cual no pueden defenderse ni modificar, obligados a pagar cuotas más caras y créditos que se fueron haciendo cada vez más largos. Dice Firpo: “Cuando tomás un crédito a 20, 25 o 30 años, según los estándares internacionales es lógico que termines devolviendo más del doble de lo que te están prestando. Eso puede considerarse reglas del mercado. El tema es que acá, además del capital, el interés y el riesgo, esta población está pagando la indexación fabulosa de la UR. De tener que devolver dos veces el capital que te prestaron, podés terminar pagando tres o cuatro veces el capital”.
En esa cuenta es donde aparece la palabra más despreciada por los ahorristas: los colgamentos. Es la deuda que surge cuando uno terminó de pagar el crédito, y los hay de dos tipos: los llamados “Sanguinetti”, que se impusieron por decreto en la primera suba grande de la UR, y los que provienen de cualquier refinanciación que el ahorrista haya hecho con el banco.
Cuando en la primera administración colorada posdictadura se infló la UR, empujada por los aumentos salariales, el Bhu unilateralmente decidió no cobrarles a los deudores el cien por ciento de la cuota. Asumieron que nadie podía pagar y se pasó el porcentaje de aumento para el final. Si el crédito era a 25 años, los colgamentos se empezarían a cobrar a partir del año 26.
El otro tipo de colgamento se generaba cuando el cliente planteaba la necesidad de rebajar la cuota mensual, ya fuera porque había subido demasiado o porque su situación económica no se lo permitía. “Esa parte no paga que se rebajaba de la cuota pasaba inmediatamente al final del préstamo. Pero esos pedacitos de cuota también ajustan con el salario y también tienen intereses. Eso lleva a que una familia tome el crédito y sus hijos o incluso sus nietos hereden la deuda. Hay compañeros que están pagando desde la década del 70”, relata Firpo.
Estos ahorristas cuentan que, al presentarse al banco a refinanciar, “estás viviendo una situación de tremenda angustia familiar, tenés miedo de perder la casa y todo lo que pagaste hasta ahí… agarrás lo que te ofrezcan y lo que te ofrecían era un fabuloso colgamento indexado a UR más intereses. A veces para que te bajaran 2 mil pesos la cuota, te agregaban ocho o diez años de cuota alta. Hay gente que hace 20 años que está pagando, y como tuvo que refinanciar un par de veces, todavía le quedan 20 años más”, explican.
El Bhu anunció hace un tiempo una supuesta solución ofreciéndoles a estos ahorristas pasar su deuda a UI. Dice Firpo que “cuando nos pusimos a averiguar cómo era, nos enteramos de que no era una solución. Tenías que ir a la institución bancaria, firmar un nuevo contrato, pagarlo, te recalificaban ante el banco central empeorando tu calificación de buen pagador y te subía la tasa de interés… A algunos les bajaban un poquito la cuota, pero les aumentaban la cantidad de años. Nada que se pudiera tomar en cuenta”. De 23 mil afectados, sólo cinco deudores lo aceptaron.
El grupo de deudores está organizado desde 2012 y ha recorrido el país haciendo reuniones con los afectados, hablando con las juntas departamentales, consiguiendo apoyos y haciendo campañas de sensibilización. En 2013, el Partido Independiente presentó un proyecto beneficioso para ellos que naufragó “por inviable” en el Parlamento. Oposición y oficialismo se manifiestan preocupados y atentos a resolver la situación desde hace años. Todos consideran justa su causa, pero no terminan de plasmarse las soluciones. En el oficialismo, según dijeron a Brecha, cuentan con el apoyo de casi todos los sectores, menos Asamblea Uruguay y el del presidente de la Anv, Francisco Beltrame.
La posición de Firpo es optimista: “Hoy no estamos solos ni la situación es horrible. Sólo precisaríamos que las soluciones no se tranquen en el Mef. No somos dueños de la verdad, por eso ni siquiera presentamos una propuesta única, queremos que se abra un diálogo franco para solucionar de verdad este tema. No queremos parchecitos. No nos estamos moviendo para que le bajen la cuota 2 mil pesos a la gente, es mucho más profundo. Es considerar la vivienda como un derecho humano”.
Para finalizar, este ahorrista recuerda que, en 2001, el Frente Amplio, siendo aspirante a gobierno, presentó un proyecto de ley sobre deudores hipotecarios que contempla buena parte de los planteos que ellos hacen ahora. “No queremos llegar a la conclusión de que el FA siendo gobierno abandonó las banderas que tenía cuando era aspirante. Ese espíritu de 2001 tendría que tener el FA ahora. La situación del país permite pensar en soluciones. Cualquier alivio para esta población no va a hacer correr riesgos ni al Bhu ni al Estado, ni a la macroeconomía… Cuando dicen que buscar una solución descalzaría al Bhu, nosotros decimos que no es cierto. Las cifras no son tales. ¿Los deudores en UR somos los que estamos calzando al Bhu?”
