Daniel Cerqueira y Letícia Aleixo
democraciaAbierta, 16-10-2017
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Pronto se cumplirán dos años de la mayor catástrofe ambiental de Brasil en los últimos tiempos, pero la empresa minera sigue intentando eludir sus responsabilidades cooptando el Estado.
El distrito de Bento Rodrigues, en la ciudad de Mariana (MG), Brasil, el 4 de noviembre de 2016, un año después de que la represa estalló, causando un desastre que liberó millones de toneladas de barro tóxico y dejando un rastro de 500 km de destrucción hasta el Océano Atlántico. La represa es propiedad de Samarco, que es un cruce entre las compañías mineras Vale y BHP Billiton.
El 5 de noviembre de 2015, Brasil protagonizó la peor tragedia ambiental de su historia. Dos embalses de una mina de hierro de la empresa Samarco S.A.—empresa asociada a BHP Billiton y Vale— colapsaron, dejando un rastro de destrucción sin precedentes. La tragedia tuvo lugar en Mariana, en el corazón del estado de Minas Gerais, cuya historia siempre estuvo marcada por la minería. El desecho convirtió a los poblados de Bento Rodrigues y Paracatu, en la zona rural de Mariana, en ciudades fantasmas. Varios manantiales fueron sepultados y el Río Doce—uno de los principales corredores hídricos del sureste brasileño—se convirtió en un mar de lodo de aproximadamente 850 kilómetros atravesando desde el este de Minas Gerais y el estado de Espíritu Santo, alcanzando finalmente a la isla de Abrolhos.
En un contexto de absoluta asimetría económica entre una empresa minera y la región donde opera, es la población más vulnerable quien asume el costo de una tragedia cuya dimensión era desconocida hasta que la avalancha de lodo invadió sus casas, ríos y comunidades. Según los informes hechos por Samarco para la obtención de las licencias de los embalses, los desechos alcanzarían 3.5 kilómetros de distancia en caso de ruptura, pero entre Mariana y Abrolhos, donde terminó sepultado el lodo tóxico, la distancia es de 850 kilómetros.
Samarco sigue siendo omnipresente, política y económicamente, en Mariana y ciudades aledañas. Desde que las operaciones de sus minas fueron suspendidas, en noviembre de 2015, RENOVA—una fundación privada creada por las propias empresas causantes del daño, luego de un acuerdo con los gobiernos federal y estatal (de Minas Gerais y Espírito Santo)—se convirtió en la principal empleadora de la región. Cabe destacar que RENOVA inició operaciones sin ninguna consulta previa con la población afectada.
La primacía de los intereses corporativos sobre los de la población afectada se evidencia en la estructura funcional de RENOVA.
RENOVA opera a lo largo de la cuenca del Río Doce, para implementar programas de reparación, diseñados en los bastidores por las empresas responsables (Samarco, BHP Billiton y Vale), y las autoridades estatales involucradas. La primacía de los intereses corporativos sobre los de la población afectada se evidencia en la estructura funcional de RENOVA. La fundación no cuenta con un solo representante de los afectados en sus foros deliberativos y la mayoría de su cuadro de personal proviene por orden de las empresas que patrocinaron su constitución.
Para entender la dinámica de la impunidad corporativa en Brasil, antes y después de una tragedia como la de noviembre de 2015, basta con mirar la forma en la que el sector minero financia procesos electorales en los diferentes ámbitos regionales. Samarco es la principal financiadora de las campañas a cargos de elección popular en Mariana y la región aledaña, por lo que hay un fuerte apoyo político local para que vuelva a operar. En el ámbito estatal, la cooptación política ejercida por Samarco, Vale y otras empresas mineras no ha variado desde noviembre de 2015. Semanas después de la tragedia, se propuso crear una Comisión Parlamentaria en la Asamblea Legislativa de Minas Gerais, para investigar lo ocurrido en Mariana y determinar responsabilidades. Luego de un intenso lobby de los gremios mineros, la Comisión Parlamentaria se convirtió en una “Comisión Extraordinaria de Embalses”, dedicada, supuestamente, a discutir un nuevo marco legal para el licenciamiento y fiscalización ambiental en Minas Gerais.
En este contexto, el Ministerio Público estatal elaboró un proyecto de ley, en el marco de una campaña ciudadana conocida como “Mar de Lodo Nunca Más”. Respaldado por más de 56 mil ciudadanos, dicho proyecto (PL 3.695/16) fue presentado a la Asamblea Legislativa de Minas Gerais, con el propósito de que se establecieran parámetros más rigurosos para la concesión de embalses en el estado. Dichos parámetros incluyen la exigencia de consultas amplias con las comunidades potencialmente afectadas; garantías financieras previas, para eventuales indemnizaciones; y el empleo de tecnologías seguras de contención de desechos.
De haber existido este tipo de salvaguardias antes de noviembre de 2015, las autoridades estatales hubieran podido exigir, con más rigor, que Samarco informara a la población sobre cómo proceder en casos de deslave. Los habitantes de Bento Rodrigues y Paracatu nunca habían sido informados del riesgo potencial de perder sus casas derivado de un deslave, pese a que conocían actividades de la empresa desde hace décadas. De hecho, algunas de las personas que perdieron sus casas eran ex-funcionarios de Samarco o de empresas proveedoras, e ignoraban la destrucción que podría provocar la ruptura de los embalses. Cabe destacar que Samarco no contaba con sistemas de alarmas ni planes de evacuación, lo que contribuyó para que 19 personas fallecieran, enterradas bajo el lodo que barrió a Bento Rodrigues del mapa de Minas Gerais y Brasil.
Una de las principales causas de la tragedia de Mariana es la vigencia de un modelo de embalse que justamente está prohibido en otros países dado a su alto riesgo de operación. Conocido como embalse “montante”, este modelo consiste en la ampliación de la barrera de contención a través de varios peldaños laterales, en los que se utiliza el propio desecho mineral como material de contención. En este caso, desgraciadamente, bastó con elegir un modelo más barato, pero excesivamente más riesgoso, privando al gobierno federal de activar la institucionalidad necesaria para fiscalizar los embalses en operación. En el 2014, el entonces Departamento Nacional de Producción Mineral, reemplazado por la Agencia Nacional de Minería en julio de 2017, había fiscalizado solamente 141 de los 602 embalses mineros del país.
La política de fiscalización tras la peor tragedia ambiental del país parece ser la del olvido.
La política de fiscalización tras la peor tragedia ambiental del país parece ser la del olvido. Según un informe publicado recientemente por la Agencia Nacional del Agua, de los 22.920 embalses mineros y de otra naturaleza existentes en el país, solamente 3.174 tienen asignado a responsables técnicos y jurídicos debidamente identificados. Es decir, hay 19.746 embalses—muchos de ellos de porte mediano o incluso grande—que, en caso de ruptura, no se sabe con precisión quienes deberán responder legalmente frente a los afectados. El mencionado informe indica que de las 3.691 instalaciones que cuentan con un análisis reciente de riesgo en el país, 1.091 son clasificadas como de alto riesgo de deslave. Con relación al potencial de daños a la población ubicada en la zona de impacto de los embalses, de los 4.149 diques examinados, 2.053 presentan un alto potencial de daño, debido a la presencia de comunidades o ciudades enteras debajo de las presas o de la naturaleza de los residuos que podrían ser vertidos en zonas habitadas.
Ante un cuadro de omisiones e impericias acumuladas durante varios años, la ciudanía ha tratado de influenciar el debate público para que un modelo más responsable de construcción y manejo de embalses sea incorporado en el país. En el estado de Minas Gerais, por ejemplo, 56.000 ciudadanos y ciudadanas demandaron la adopción de un marco normativo que evite nuevas tragedias como la de Mariana, por medio del proyecto de ley de iniciativa popular “Ley del Mar de Lodo Nunca Más”. Pese a ello, se encuentra en discusión otro proyecto de ley en la Asamblea Legislativa del estado (PL 3676/2016) que, si bien posee algunas exigencias adicionales al marco legal vigente en el estado, es bastante más permisivo que el proyecto de iniciativa popular. Cabe aquí recordar que desde 1986, han ocurrido al menos 6 rupturas de embalses mineros en Minas Gerais, con un saldo de 33 víctimas mortales y cientos de miles de afectados.
En el ámbito federal se tramita desde hace algunos años un proyecto de Código Minero, cuyo texto ha sido bastante criticado por la sociedad civil. Ni las críticas de la ciudadanía, ni el trauma de Mariana han sido suficientes como para evitar la relación tóxica entre empresas mineras y el Congreso Nacional. Diecisiete de los 34 diputados federales que conforman la principal comisión de la Cámara de Diputados que delibera el nuevo Código Minero, contaron con el apoyo por parte de grandes empresas del sector minero para financiar sus campañas electorales.
300 familias de Bento Rodrigues y Paracatu siguen expuestas a condiciones degradantes de vida.
Mientras esta relación tóxica vaticina el futuro de la minería en el país, 300 familias de Bento Rodrigues y Paracatu siguen expuestas a condiciones degradantes de vida. Dicha cifra refleja solamente la situación de los habitantes de los dos poblados aledaños a los embalses de Samarco. Si tomamos todo el rastro de destrucción provocado por la irresponsabilidad de la empresa y de las autoridades estatales, la pregunta que la población de Mariana, Minas Gerais y Brasil debería hacerse es si los riesgos inherentes al modelo de minería actualmente vigente son ética y ambientalmente aceptables.
A juzgar por lo que viene sucediendo en la Concejalía de Mariana, en la Asamblea Legislativa de Minas Gerais y en la Cámara de Diputados de Brasil, la respuesta a esta pregunta es muy sencilla: “olvidemos la tragediadel 5 de noviembre de 2015 y celebremos el desarrollo promovido por Samarco, Vale y otras empresas que financian nuestras campañas electorales”.
