Un banco de tierras gestionaría la tierra en desuso y regularía los precios de la tierra

A medida que el representante de una importante cooperativa agraria iba explicando el funcionamiento de su fondo de tierras, los dos nos miramos a los ojos. No nos cuadraba nada. Pensábamos que aquella jornada titulada «¿Quién trabajará la tierra?» estaba diseñada para conocer mecanismos y fórmulas para que un bien tan preciado como la tierra —la garantía de alimentación para la humanidad— deje urgentemente de estar controlado por muy pocos (en Catalunya un 5 % controla más del 43 % de la tierra agrícola), deje de servir exclusivamente a intereses económicos y recupere su función principal: la producción de alimentos sanos para la población local.

O aquella intervención estaba fuera de juego o lo estábamos nosotros. Es fácil que esta segunda opción fuera la correcta, porque nosotros lo miramos todo, terca y obsesivamente, desde la perspectiva política de la soberanía alimentaria. Esta cooperativa, con funcionamiento empresarial y que el último año recibió más de dos millones en ayudas de la PAC, está alerta para identificar tierras que se alquilan o se venden. Con su fuerza, que es mucha, hacen una propuesta y, una vez la tienen atada, la ofrecen a sus socios con este instrumento que denominan fondo de tierras. Una excelente explicación para entender uno de los mecanismos que está provocando concentración de tierras en manos de quien se dedica a producir y exportar fruta a Rusia, a la China o a la Conchinchina.

En esta jornada, la consejera del departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de Catalunya, Meritxell Serret, nos recordaba que el 90 % del territorio catalán es rural. Destacó también la importancia del sector primario como elemento estratégico para hacer un país próspero y sostenible. Y en este contexto anunció que se está trabajando con los grupos parlamentarios y el sector para consensuar la Ley de Espacios Agrarios, un texto que, justamente, debe permitir, como primer objetivo, la definición de los espacios agrarios, así como criterios e indicadores para preservarlos; y, como segundo objetivo, la puesta en funcionamiento de mecanismos para movilizar la máxima cantidad posible de hectáreas de tierras.

Respecto al primer objetivo, pensamos que no se trata solo de preservar la tierra para usos agrarios, como define el borrador (justo es decir que esto ya es un paso importante), sino que hay que posicionarse claramente con regulaciones que vayan más lejos, en concreto, priorizando estos espacios agrarios con finalidades alimentarias ante otros usos agrarios, como por ejemplo la producción de los llamados biocombustibles. Antes comestibles que combustibles. Y, muy importante, no dejar puertas abiertas a recalificaciones para las llamadas «infraestructuras de interés general» como hace el borrador que hemos podido analizar. Cuando en Catalunya importamos casi el 70 % de lo que comemos y el PIB agrario es tan bajo como el 1 %, es más estratégica y necesaria la producción alimentaria local que disponer de más aeropuertos, trenes de alta velocidad o autopistas. Cómo diría un indio americano, las infraestructuras no se comen.

Respecto al segundo punto, sobre cómo se pueden movilizar tierras para la actividad agraria, la decepción se ensancha porque este borrador solo presenta un único y dudoso mecanismo para acceder a lo que denomina «suelos en desuso», que supone un pequeño 1,5 % del total de los suelos agrarios. Dudoso porque para catalogar qué quiere decir «desuso», uno de los supuestos habla de aquellos terrenos que no alcanzan el 50 % de los rendimientos medios de explotaciones similares de la comarca. Si tenemos una tierra trabajada de manera agroecológica junto a tierras dopadas con fertilizantes de síntesis con producciones muy superiores, ¿quiere decir que estas primeras, respetuosas con el mismo suelo, pueden ser consideradas «en desuso» y formar parte de un registro que se quiere poner en marcha para gestionarlas y buscarles nuevos arrendatarios? Otra vez, una puerta abierta a la concentración de tierras para un modelo que entiende la agricultura exclusivamente como un negocio.

Si en Catalunya, repetimos, tenemos mucha tierra en manos de unos pocos y somos vulnerables «alimentariamente hablando», lo que nos hacen falta son fórmulas valientes para «una redistribución justa de la tierra y facilitar el acceso a nuevo campesinado», como dice el colectivo Terra Franca, que también recuerda que en muchos países de nuestro entorno todo esto se resuelve con la figura de un banco de tierras, que el borrador no menciona en ningún momento. Un banco de tierras que, efectivamente, gestione la tierra en desuso, pero que también regule los precios de la tierra e impida ventas a precio de oro; que movilice tierra pública muchas veces ignorada; y que pueda interceder facilitando los traspasos o las cesiones de tierras cuando los agricultores o agricultoras quieran jubilarse. Y esto debe llevarse a cabo garantizando siempre que todas estas tierras lleguen prioritariamente a nuevas incorporaciones de gente joven, de mujeres, también de población recién llegada, con la firme voluntad de dedicarse, mediante modelos agroecológicos, a alimentar a la población local.

Trabajando la tierra.