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Suprema acoge recurso en favor de ambientalistas perseguidos: “Alto Maipo deberá explicar en la justicia el espionaje”

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LA VOZ DE LOS QUE SOBRAN ENERO 3, 2022

El máximo tribunal revocó lo establecido por la Corte de Apelaciones en el caso de ciberespionaje contra activistas que habría sido ordenado por AES Gener.


El pasado 8 de diciembre fue ingresado a la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección en favor de un grupo de medioambientalistas, los que -como dio a conocer el medio Interferencia– habrían sido objeto de acciones de infiltración y espionaje ordenados por la transnacional AES Gener, a cargo del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo.

Francisca Fernández Droguett, María Jesús Martínez Leiva, Anthony Prior Carvajal y Maite Birke Abaroa, son algunos de los activistas que fueron espiados, según dio a conocer el medio, seguimientos que además de proporcionarle a Alto Maipo informes semanales sobre posibles amenazas comunicacionales y operativas, les facilitó “direcciones particulares, números telefónicos, el RUT y distinta información de contexto –como ocupación, pareja y antecedentes políticos– de ambientalistas y opositores al proyecto”.

En el recurso, los afectados acusaron que la empresa transnacional habría mantenido una “conducta arbitraria e ilegal al ejecutar una operación de espionaje (…) por medios y con objetivos ilegales”. Sin embargo, el 10 de diciembre pasado la Primera Sala de la Corte de Apelaciones declaró inadmisible el recurso, por lo cual los denunciantes recurrieron a la Corte Suprema.

Agencia Uno

Finalmente, el máximo tribunal del país revocó la semana recién pasada lo establecido por la Corte de Apelaciones, “sobre la base que los hechos descritos podrían estar vulnerando las garantías constitucionales establecidas en el artículo 20 de la carta fundamental”, según explicaron en un comunicado los activistas perseguidos. En ese sentido, destacaron en el escrito que ahora esto se traduce en que “Alto Maipo deberá explicar en la justicia espionaje a los ambientalistas”.

Anthony Prior, uno de los afectados, declaró al medio Resumen que esperan que los tribunales “mandaten y obliguen a que la empresa transnacional haga entrega de los antecedentes necesarios, para que quienes nos hemos visto en vulneración de nuestros derechos podamos tener mayor información”.

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