“No existen expertos libres de una ideología, ni en Chile ni en ninguna parte”
Miguel Lawner.
“La democracia es el gobierno del pueblo que ejerce su soberanía sin ningún
impedimento”
Charles De Gaulle.
Ante el vergonzante “Acuerdo por Chile” suscrito por los mismos sectores políticos
que el actual Presidente de la República calificara hace seis años como las dos
derechas, con una de las cuales hoy gobierna, nuestra Fundación, siempre abierta
al diálogo social e independiente de tutelajes partidarios, estima imperioso e
ineludible el deber ciudadano y democrático de denunciar sus nefastos alcances.
Después de tres meses en que la derecha -sin prisa alguna- rechazara todas las
propuestas del oficialismo, para demorar posibles acuerdos y se esmerara en aportar
más limitaciones y evitar los temas que afecten los intereses del gran empresariado
-su financista y corruptor-, los partidos de gobierno terminaron sometiéndose.
En esta actitud influyó el Presidente de la República, quien les presionó al señalar
pocos días antes, que era preferible un mal acuerdo a no tener ninguno.
Esto evidencia que sus supuestas convicciones políticas, expresadas en discursos
electoreros, son cuestionados en los hechos, y que su débil gobierno, mal calificado
de “centro izquierda”, persiste en seguir el itinerario que fija la derecha tradicional
(RN, UDI, Evópoli), a la que se terminaron sumando ex concertacionistas, “Amarillos
por Chile” y el Partido Demócrata en formación (que reúne a ex DC), por lo que
debiéramos calificarlo como un gobierno de pseudoizquierda.
El acuerdo es un nuevo triunfo de los sectores conservadores o reaccionarios, que
no desean ningún cambio sustantivo y que salen fortalecidos tras las volteretas del
gobierno. Es un triunfo del statu quo, que obtiene un traje a la medida, no del pueblo
sino de los diputados y senadores que garantizan la mantención de un Congreso
corrupto salvo escasas excepciones; que negocian de espaldas a la ciudadanía para
asegurar que las privilegiadas granjerías del poder legislativo continúen intactas.
Es un triunfo de la herencia pinochetista, porque los “bordes” y límites impuestos en
el acuerdo, hacen que todo el proceso termine siendo un pequeño ajuste a la actual
Constitución, que mantiene el carácter subsidiario del Estado Neoliberal; el
libremercado en la salud, la educación, la vivienda y la continuidad de los amarres
institucionales a lo que la dictadura llamó “democracia protegida”.
Es decir, que el modelo neoliberal instalado sangrientamente permitirá seguir
violando todos los derechos y libertades históricamente adquiridas; que persistirán
los abusos del gran empresariado contra la gran mayoría de Chile y los privilegios
para el 1% de la población -los dueños del país-, enriquecida al amparo del modelo
neoliberal, debido al empobrecimiento y pérdida de los derechos económicos,
sociales, sanitarios y culturales y del robo de nuestros bienes comunes, todos ellos
logros democráticos que la ciudadanía había conquistado hasta 1973.
En relación con nuestros maltratados pueblos originarios, se desconocen todos los
avances logrados para reconocernos como un país conformado por una decena de
pueblos con costumbres, cosmovisión e idioma propios, lo cual lejos de acercar
soluciones constituye una provocación, que estimula y radicalizará el más que
centenario conflicto en el wallmapu.
Lo anterior ha ocurrido como resultado de una campaña sostenida, iniciada desde
antes de la instalación de la Convención Constitucional, sin que ningún sector político
defienda sus grandes avances democratizadores, facilitando el proceso sostenido de
convencer a los representantes de los partidos del gobierno, sobre la necesidad de
incorporar expertos, como si quienes participaron en cabildos y asambleas de barrios
y comunas y luego, como convencionales electos, y escucharon en audiencias las
variadas propuestas de más de un millar de organizaciones, antes de entrar a debatir
cada uno de los temas, no resultaran suficientemente expertos en el conocimiento
de las grandes demandas nacionales o en los efectos de la micro y macro economía.
Ahora, en vez de los 155 ciudadanos de todas las clases sociales, edades y
profesiones de la Convención anterior, habrá solo 50 miembros electos por la
ciudadanía, pero esta vez sin permitir listas de candidaturas independientes. Quienes
estén en esa condición, al no pertenecer a ningún partido y logren ser candidatos,
lo harán luego de ser aceptados por alguno. Es decir, los próximos “independientes”
serán escogidos por los partidos, deberán tener padrinos y un libreto prefijado.
Los partidos más grandes podrán imponer los candidatos, y los electos serán
proporcionales al número de senadores que elije cada circunscripción. Además, se
impone según un cociente cercano al 13% de la votación nacional a uno o más de
24 expertos. El cálculo indica que en el Senado la derecha tradicional nombrará 6 y
la nueva derecha -que se hace llamar “centro-izquierda”- otros 6. Mientras en la
Cámara de Diputados la derecha tradicional nombrará 5 y 7 la derecha emergente.
Por todo esto, el Premio Nacional de Arquitectura, ex prisionero político en Isla
Dawson, y principal responsable de la construcción del edificio del Centro Cultural
Gabriela Mistral GAM, ex Diego Portales, originalmente construido para la UNCTAD
III, Miguel Lawner, llamó al engendro de que tratamos, el acuerdo de la infamia,
agregando que no se siente motivado a votar en el próximo plebiscito.
En suma, este proyecto de Constitución está concebido para recoger lo esencial de
la actual Carta de 1980, redactada por un puñado de expertos nombrados por
Pinochet, que demoraron siete años en su elaboración y que se aprobó con fraude,
por no existir registros electorales.
En consecuencia, rechazamos en forma categórica, tanto el actual infamante
proceso como a la clase/casta política que lo generó, por su abierta traición a los
intereses de todo Chile. Un acuerdo cupular cuya desvergüenza superó lejos el
acuerdo del 15 de noviembre de 2019, cuando en un tiempo récord de 2 días
llegaron a un acuerdo para desvirtuar el estallido social y salvar el sistema político,
con Piñera incluido. Ahora se tomaron 3 meses para agregar más y mayores temas
prohibidos e impedir las legítimas aspiraciones de justicia a la que aspira más del
80% del pueblo.
Por todo ello, es que llamamos al mundo social a rebelarse contra esta burla a la
democracia y a la soberanía popular, a manifestar nuestra indignación republicana,
impulsando un proceso de debate y de resistencia ciudadana activa contra esta
inaceptable felonía.
FUNDACIÓN NUEVA EDUCACIÓN Y SOCIEDAD, FNES
Santiago, diciembre de 2022.-
www.fnes.cl – contacto@fnes.cl – fnescontacto@gmail.com
