por Gustavo Burgos
La semana que termina ha marcado con intensidad las características de la crisis que arrastra el régimen capitalista chileno desde octubre de 2019. La burguesía, incapaz de ofrecer una salida unificada al conflicto, terminó echando una palada sobre el cadáver del Gobierno y la Constitución con la aprobación del proyecto piñerista del 2º retiro del 10% de las cuentas previsionales. De otros lado las masas protagonizaron una semana continua de enfrentamiento callejero en el barrio cívico de Santiago dejando a La Monedaa tiro de cañón de la Primera Línea. Y sin embargo seguimos «en tablas», ni el Gobierno cayó —como sonó fuertemente hasta el lunes— ni se ha materializado un nuevo levantamiento popular. Si esto fuese una pelea de box, los púgiles se siguen «estudiando».
Piñera, después de un evidente movimiento en falso concretado en el requerimiento para ante el Tribunal Constitucional (TC) respecto del proyecto opositor para el 2º retiro del 10%, el Gobierno obtuvo una importante victoria a lo Pirro. El movimiento fue bastante simple. La abstención de 5 senadores de Chile Vamos, hizo caer el miércoles pasado el proyecto de Pamela Jiles proveniente de la Cámara de Diputados. Minutos después —con votos de la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio— el mismo Senado aprueba el proyecto gubernamental que a estas alturas era idéntico al opositor con la diferencia de que sobre ciertos tramos se vería afecto al impuesto a la renta.
Procedimentalmente resultó aprobado el proyecto de Piñera salvándose la constitucionalidad del retiro, atento a que el requerimiento ante el TC contra el proyecto opositor se basaba precisamente en la defensa de la iniciativa presidencial. Mirado jurídicamente se impuso La Moneda. Sin embargo, a pesar de esta gambeta el retiro del 10% concretado políticamente, es el resultado de una acción opositora del Congreso, que fue en definitiva el que definió la salida a este choque institucional anunciado en domingo pasado. Por lo expresado, el segundo retiro es —más precisamente— un acto del arco político del Acuerdo por la Paz que es el que viene gobernando desde el 15 de noviembre de 2019. En consecuencia, la victoria del ejecutivo no tuvo triunfo del momento que su único efecto fue ratificar el papel subalterno, colaborador, del Presidente de la República en la definición de una medida fundamental para la viabilidad de la campaña electoral en curso y el proceso constituyente.
Siendo el segundo retiro concretado —como decíamos más arriba citando a Pezoa Véliz— una verdadera paletada sobre el Gobierno y la Constitución, no puede negarse que como clase, la burguesía ha salido airosa de este conflicto. En lo inmediato descomprime la presión popular, haciendo previsible una navidad y año nuevo con un cierto dulzor y a mediano plazo, respalda el proceso electoral de momento que fue la institucionalidad la que actuó frente a este problema.
Pero las cosas no son tan sencillas. La semana que termina abrió espacio a movilizaciones en el centro de Santiago que materializaron —desde el lunes hasta ayer— enfrentamientos con las FFEE como no se veían desde antes del plebiscito. Lo indicado aún cuanto en volumen no alcanzaron la envergadura pre plebiscitaria, pone a las claras que la borrachera electoral del 80% está llegando a su fin y es evidente que estas movilizaciones tuvieron un efecto directo en la conducta del régimen frente al segundo retiro. La movilización callejera alcanzó un carácter de clase de momento que logró ubicarse como genuina expresión de descontento popular.
Sin embargo, el proceso de movilización abierto enfrenta gigantescos desafíos, todos los cuales apuntan al problema de la dirección política. Las masas no pueden estar indefinidamente en la calle. Tarde o temprano la vida social, las necesidades laborales y familiares, se harán cargo de imponer su rutina y restablecer la cotidianeidad de la vida capitalista. Sin dirección —se ha dicho tantas veces— la energía del movimiento se disipa y termina por desaparecer aún cuando no se despliegue una aplastante derrota sobre campo popular. La crisis del régimen puede perfectamente hacerse crónica y la clase dominante aprovechar tal estado de cosas para ofrecer nuevas respuestas políticas acorde a sus intereses de minoría explotadora. La salida a la crisis abierta el 18 de Octubre es de revolución o contrarrevolución, no hay terceras vías.
En concreto, se hace necesaria la unificación de todas las organizaciones que forman parte de la revuelta. Se hace necesario un gran frente de trabajadores, que exprese la multiplicidad de tendencias que hoy viven en el proceso revolucionario y las proyecte hacia tareas de poder. Es imprescindible superar los particularismos de todo tipo, el llamado territorialismo en su amplia acepción, porque los mismos en este momento son un freno en la necesaria unificación que demanda el proceso.
Esto no será un simple acto administrativo de centralización de reparticiones públicas. No alcanzará con levantar la manida bandera de la unidad. Se hace necesario un profundo debate programático que ponga como principales cuestiones la lucha sin cuartel en contra del Acuerdo por la Paz y, de otro lado, la necesidad de imponer con la fuerza de la movilización una Asamblea Constituyente apoyada en los órganos de poder del propio movimiento. Estos son los pilares en la formación de una nueva dirección, una dirección que se proponga no la reforma de la democracia burguesa, no la demanda de participación, ni la aspiración posmoderna de una sociedad de derechos. La nueva dirección política debe explícitamente proponerse la expulsión del poder de la burguesía, de la oligarquía de las tres comunas y reivindique la necesidad de un Gobierno de Trabajadores. Esto último es fundamental, esta definición general es la que ayudará a ordenar las tareas prácticas y a mejorar, a profundizar nuestro combate, porque esa nueva dirección política de los explotados será revolucionaria o simplemente no será dirección.
En este punto queremos hacernos cargo de una trascendente discusión. ¿Qué hacemos después de echar a Piñera?, pues bien, estableceremos un Gobierno Provisional. Pero tal Gobierno para ser efectivamente provisional ha de arrebatarle el poder al enemigo de clase.
Un eventual Gobierno de la Presidenta del Senado, Adriana Muñoz o de algún parlamentario famosillo como se especuló esta semana, serviría únicamente para abortar el proceso revolucionario. No es necesario decir lo que haría Muñoz, Jiles o Jadue. Mucho menos lo que haría Lavín, Desbordes u Ossadón. Porque esa gente que si no está en el poder expresa la voluntad política de los poderosos, ya ha dicho claramente que no quieren revolución y que para ellos es estratégico la defensa de la institucionalidad burguesa, como quiera que se nos presentan como encarnación de la sobriedad republicana, taparrabos con que pretenden ocultar su política servil a los intereses de la burguesía.
Echaremos a Piñera sólo en tanto tengamos la capacidad de echar abajo el régimen. Cualquier otra cosa son aventuras paliciegas en que los intereses de los trabajadores como clase, no están comprometidos. Desde las barricadas, desde la primera línea, dese las asambleas populares, desde los cabildos, desde las listas de independientes que asuman estas tareas enfrentando la Convención Constitucional y desde el conjunto de las organizaciones que agrupan a quienes nos hemos alzado en contra del régimen, ha de surgir esa nueva dirección política. Esa es la tarea del momento.
UNA SOLUCIòN SERìA MANDARLO A UN CONSULADO DE LOS SAUDITA,CON EL PRETEXTO DE UNA VISA TURISTICA.