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Municipios rurales, ese Chile bajo la alfombra

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En algunas comunas del Chile rural y profundo, la corrupción y una administración edilicia cuestionable son pan de cada día. ¿Quién fiscaliza?

Basta dar una rápida ojeada a las noticias de cada día para percatarse que la atención de autoridades  y de la prensa siempre se centra en acontecimientos ocurridos en las grandes metrópolis, o en las ciudades  capitales de regiones, allí donde explotan casos escandalosos como los de PENTA, CAVAL, SQM y otros de similar tamaño. Ello es comprensible, ya que la mayor parte de la población (y del electorado) se concentra en esas ciudades, en las grandes, en las poderosas.

Lo delicado del asunto está en la desatención que prestan las “instituciones que funcionan” a las comunas pequeñas, muy en especial a las rurales, ya que a ellas se les aplica una burocracia de tal lentitud que, en  términos concretos, nunca soluciona algo a tiempo, ni tampoco pareciera haber interés en hacerlo. Las mentadas instituciones, en las zonas apartadas,  están presentes mediante un cartel, un lienzo, una gigantografía… eso, y nada más.

La desatención oficial de las instituciones  se observa y comprueba no sólo en el accionar de la Contraloría General de la República sino, también, en organismos tan relevantes como es el Ministerio Público, donde algunos fiscales brillan por una ineficacia derivada del desinterés que sienten por casos, quizás, de poca monta, de escasa parafernalia mediática, pero que resultan ser relevantes para quienes viven en esas comunas alejadas del bullicio citadino.

Las dudas, más allá del accionar del Ministerio Público y de la Contraloría,  apuntan directamente al quehacer de algunos alcaldes de comunas pequeñas, muy particularmente de las rurales, aquellas que aportan exigua votación a la hora de dirimir contiendas electorales a nivel regional o nacional. Existe conciencia respecto a que la Contraloría no da abasto para fiscalizar de manera permanente a esos municipios, eso se entiende, sin embargo  podría pensarse que las otras instituciones hacen su pega como Dios manda… pero tampoco es así… y por ello algunos ediles de comunas se transforman de la noche a la mañana en una especie de caudillos que ejercen sus cacicazgos cual si fuesen señores feudales, dueños de las cosas, las aguas, las gentes y las tierras… y las platas, por supuesto.

¿Quién, realmente, fiscaliza a esos ediles? ¿Y quién se ocupa de que las decisiones (cuando las hay) de las instituciones ‘que funcionan’ se cumplan? Esto se pregunta tal cual, porque muchas veces el cuerpo colegiado llamado Concejo Municipal sirve tanto en aquello de la fiscalización como un grito en el desierto. Allí, en el Chile profundo, no hay prensa, no hay televisión, no hay interés mediático; por lo tanto, cualquier edil hace lo que le da la gana y tiene claro que  no enfrentará problema alguno. Con mayor razón un alcalde actuará como se le antoje si está bajo la protección de equis senador o diputado que, para ser riguroso en el comentario, lleva tanto tiempo en ese cargo –cuestión que le ha permitido estructurar una verdadera red, o mafia, en su distrito- que incluso tiene fuerza e influencia para manejar fiscales a su amaño.

¿Estamos presuponiendo cuestiones si fundamentos? Quizás, pero nuestra crítica se sustenta en casos conocidos en algunas comunas rurales, donde grupos de ciudadanos, hartos ya de soportar del edil respectivo sus triquiñuelas, mentiras, aprovechamiento ilícito de bienes municipales  y negociados sucios,  juntaron documentos probatorios y los  presentaron en la Fiscalía de su región o de su provincia. Pasaron los años, pero el fiscal sigue mudo, quieto como una piedra al borde del camino, pese a que ha asegurado a los querellantes (en más de una oportunidad)  tener todo listo para llevar a juicio al alcalde y a algunos de sus asesores. No obstante, los meses (y los años) continúan transcurriendo sin que haya imputados ni juicio alguno. ¿Qué ocurre?, si nada sucede, lo menos que se espera del fiscal es que informe oficialmente que no existen pruebas para imputar al edil. Pero, no, nada de ello se ha escuchado… y los años continúan tirando al piso las hojas de los calendarios.

¿El Ministerio Público, respecto de las comunas pequeñas, de verdad “funciona”?  Pareciera que no, ya que la  gente que vive y trabaja en esas zonas dice estar resignada a que el Chile citadino muestre por ellas desinterés, e incluso sarcasmo. A tal extremo llegan estas situaciones que algunos parlamentarios se encolerizan si un vecino critica el accionar del político (y del edil)  través de la prensa electrónica, o de una radioemisora local. Entonces, el senador o el diputado pide a SU alcalde (y subrayo el adjetivo posesivo singular porque el edil es miembro de la cofradía del parlamentario, y salió electo gracias al apoyo -y a veces financiamiento- que recibió de él) “hacer callar de inmediato a fulano”, lo que significa presionar al empleador de ese vecino para obligarle a hundirse en el silencio cómplice, o perder el trabajo.

Pero, si la misma crítica al parlamentario es efectuada por un medio de prensa citadino (diarios de una de las dos cadenas monopólicas –EMOL o COPESA- o por un canal de televisión), el susodicho congresista sonreirá con mueca irónica (lo que acá en el campo se conoce como “la risa del cagado”), pero aguantará el chaparrón. ¿Por qué en una de las comunas de su distrito ese mismo derecho a la crítica es perseguido por la autoridad legislativa de la zona? Ah, es que senadores y diputados consideran que los municipios pequeños, las comunas rurales, son sus feudos… y allí nadie, ni villanos, ni burgueses ni siervos de la gleba pueden alzar la voz o emitir juicio negativo respecto del accionar -o de la conducta- no sólo del parlamentario, sino también de su títere edilicio que funge de pequeño caudillejo gatopardista.

¿Pueden hacer todo eso ciertos parlamentarios en las comunas pequeñas, alejadas de la vorágine mediática y electoral que es propia de las grandes metrópolis? Claro que pueden, y lo hacen no únicamente  porque allí nunca llegue la prensa o las directivas principales de las tiendas partidistas o de los ministerios,  sino también merced al desinterés de las instituciones “que funcionan”, y a la debilidad de ciertos funcionarios de esas instituciones que optan por hacerse los sordos y ciegos ante situaciones en las que el “príncipe” congresista tiene intereses particulares.

El Ministerio Público, en algunas regiones del país, lo sospecho, pareciera ser una de aquellas estructuras que día a día laboran esforzadamente en contra del objetivo para el cual fueron creadas. O tal vez, varias personas que desempeñan roles de relevancia en ellas, como son las Fiscalías, carecen de la calidad profesional (y ética) que el cargo impetra. Como sea, algo anda muy mal, muy lento, con demasiada desidia y poco compromiso con la justicia misma, en algunas de esas instituciones sitas en provincias.

 

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