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La hora de la integración política y soberana de América Latina y el Caribe

La hora de la integración política y soberana de América Latina y el Caribe

A la memoria de Luis Vitale

A lo largo de los últimos 2 años, un escenario inédito se ha ido configurando en torno al proceso de integración latinoamericana y del Caribe.

Hasta entonces y desde los años de la independencia política, cuyo bicentenario numerosos países de la región han empezado a conmemorar, por integración regional o subregional se había aludido fundamentalmente a procesos de médula económica y comercial. Ese fue el carácter principal de los acuerdos de la ALAC-ALADI, del Pacto Andino, del Mercado Común Centroamericano (MCC), del CARICOM, nacidos en la década del 60; como también de los nuevos surgidos o relanzados del 90 en adelante, el MERCOSUR, la CAN, en particular.

Ese carácter también -esencialmente comercial y financiero-, revistieron las propuestas de integración a los que se convocó a los países de la región por parte de los gobiernos de Estados Unidos, a contar de 1994, tras la conformación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y poco después por los gobiernos de la Unión Europea, bajo el nombre de “Acuerdos de Asociación” con países y subregiones del continente latinoamericano y caribeño. Se trataba, por tanto, de integración de mercados, ya sea en forma defensiva frente a los procesos de globalización comercial o financiera o de esquemas de integración bajo la hegemonía de la banca internacional y de las transnacionales estadounidenses o europeas.

No es ése, sin embargo, el carácter de la naciente Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, cuyo lanzamiento se ha acordado en la Cumbre de la Unidad realizada en la Rivera Maya, México, entre el 22 y 23 de febrero de 2010. Tampoco lo es de la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) nacida en mayo de 2008 y que ya cumple 2 años de existencia; ni mucho menos de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), surgida en diciembre de 2004.

En su diversidad, esos espacios y mecanismos de integración tienen en común el protagonismo de los estados y su proyección política, por encima de una búsqueda económica, que si bien existe dentro de ellos, lo hace en condición subordinada a la anterior. Lo que es de enorme trascendencia, habida cuenta del contexto planetario que se ha ido configurando en los últimos 20 años, con una abierta disputa respecto del orden internacional que sucederá históricamente al bipolarismo que se cerró con la caída del muro de Berlín y que enmarcó buena parte del siglo XX.

La emergencia progresiva de América Latina y el Caribe como un actor político de la escena internacional, que se va gestando en estos espacios, viene a hacer realidad una vieja aspiración de los pueblos del continente, en una hora particularmente decisiva. Una coyuntura marcada por la crisis sistémica y de civilización, que proyecta sus repercusiones no sólo en el plano económico y financiero, sino que en el orden climático y ecológico, en el plano energético y tecnológico, en el plano político y militar, en toda la problemática social y cultural de la humanidad.

El mundo actual, como se ha dicho, vive un cambio de época. Y están en disputa los sentidos y contenidos que habrán de marcar el rumbo de la humanidad al menos por el presente siglo.
Que América Latina y el Caribe, donde en muchos de sus rincones los pueblos vienen protagonizando luchas y búsquedas originales y diversas por sentar nuevas bases institucionales y culturales, de relación entre las personas y con la naturaleza para su convivencia, se constituya en un bloque político propio tiene por ello una enorme trascendencia. No sólo para sus pueblos y países, sino para todo el mundo.

Es por otra parte, la única posibilidad de que América Latina y el Caribe incidan relevantemente en la configuración de ese futuro, que más allá del rumbo que tome, quienes lo determinarán son verdaderos países-continentes o bloques regionalmente integrados.

Un segundo rasgo definitorio del carácter que va asumiendo la integración latinoamericana y caribeña es el de su autonomía por encima de las hegemonías extracontinentales y en particular, de la hegemonía de los EE UU. Determinante en ello ha sido la articulación prolongada de la iniciativa estratégica de Brasil y la de las fuerzas bolivarianas del ALBA, que más allá de sus diferencias, han confluido para la contención de la maniobra estadounidense y la generación de espacios de autonomía regional.

Este proceso tiene su raíz más reciente en el profundo cambio en la correlación de fuerzas que se empezó a producir a nivel continental a partir de fines del año 2000, cuando precipita la crisis del neoliberalismo y se extiende la resistencia popular por casi toda Latinoamérica; al calor de la cual, emergieron prácticas y organizaciones de nuevos movimientos sociales y populares en proceso de constitución, que han ido levantando progresivamente elementos de una salida alternativa a las crisis nacionales.

Como expresión de este nuevo momento histórico, se produce un creciente desplazamiento de las fuerzas políticas de la derecha tradicional del control de los gobiernos y la entronización de nuevos liderazgos y movimientos, de corte socialdemócrata la mayoría y aún más radicales, nacional-desarrollistas o bolivarianos, los menos. En su diversidad, estos nuevos liderazgos catalizaron el clima creado por los movimientos sociales que los precedieron y el estado de ánimo mayoritario de la población para consolidarse a lo largo de la década, en medio de la crisis de los viejos sistemas de partidos políticos o al menos de un fuerte desgaste de los mismos.

En un continente con un diferenciado perfil estructural en lo económico, político, social y cultural, y con márgenes políticos y económicos diversos para el manejo coyuntural, estos gobiernos optaron básicamente por dos tipos de enfoques en su conducción. En los países bolivarianos dieron paso a procesos de refundación democrática del estado y reformas económicas y sociales de vasto alcance, aunque sin romper los marcos del capitalismo de estado. En Brasil y los países del Cono Sur, las coaliciones encabezadas por fuerzas socialdemócratas, aplicaron un manejo fiscal y monetario más ortodoxo, matizado con políticas sociales de combate a la extrema pobreza y programas de crecimiento que combinaron el impulso exportador con la revitalización del mercado interno en diversos grados. Unos y otros, sin embargo, resguardaron la gobernabilidad democrática y a contar de 2004 se vieron favorecidos por el ciclo de altos precios de las materias primas y abundante liquidez internacional que perduró hasta fines de 2008.

En el plano regional, dos estrategias de integración diversas comenzaron a desarrollarse desde estas experiencias y a disputar la hegemonía del proceso a las iniciativas procedentes de EEUU y Europa en relación a América Latina y el Caribe.

Para comprender en qué punto se encuentra esta contienda vale la pena revisar qué ha ido ocurriendo más recientemente con las estrategias hacia la región desplegadas por EE UU, la Unión Europea, Brasil y las fuerzas bolivarianas agrupadas en el ALBA.

El intervencionismo cada vez más desnudo de EE UU hacia la región

La declinación de la hegemonía de los EE UU en América Latina y el Caribe es perceptible en todos los planos y se refleja en el creciente afincamiento de su maniobra en la región hacia el plano militar. Se trata de una tendencia que lleva ya más de una década y que han sido incapaces de revertir las sucesivas administraciones de Bush y Obama, a pesar del intenso activismo y renovado discurso que ha desplegado éste último para contrarrestar la influencia de las corrientes sociales y fuerzas políticas con que se enfrenta en el continente.

En el plano político, la única plataforma regional de que disponen es la OEA, bajo cuyo amparo se ha refugiado el proceso de “Cumbres de las Américas”, que Obama relanzó en abril de 2009, y que ha quedado gravemente cuestionado por los acontecimientos políticos posteriores y en particular, por el golpe en Honduras. La propia Organización de Estados Americanos, luego de anular la exclusión de Cuba el año pasado, no aprobó este año la reincorporación del gobierno electo post-golpe en Honduras, pese a las presiones de EE UU al respecto, acordándose tan sólo una misión que deberá examinar y evaluar las condiciones de un futuro reintegro del país al organismo.

En el afán de mantener la vigencia de la OEA como espacio para debatir y acordar posiciones frente al devenir político-militar del continente, su última Asamblea General se centró en los temas de la paz y la seguridad. Paradojalmente, son las maniobras e iniciativas estadounidenses las que por otro lado, han hecho rebrotar la amenaza del golpismo y la militarización en América Latina y el Caribe. Por lo que no es casual que los conflictos surgidos de ello se estén crecientemente encarando y resolviendo en instancias como UNASUR o el Grupo de Río, en las que no está presente la potencia del norte. La institucionalización de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños prevista para los próximos dos años terminará por establecer una abierta dualidad de espacios a este respecto, que hará inevitable una progresiva definición de los países y que podría precipitar una etapa de crisis del “sistema interamericano”.

En el plano económico y comercial, el estallido de la crisis económica y financiera en los EE UU ha puesto un paréntesis que puede ser muy prolongado sino definitivo a las iniciativas que en este terreno ha impulsado en el pasado reciente en la región. Al fracaso del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) le ha sucedido ahora el empantanamiento de los Tratados de Libre Comercio bilaterales o subregionales que se activaron al estancarse por completo el proceso del ALCA. Más allá de los TLCs con México –parte del TLCAN- y Chile, EE.UU. sólo logró a duras penas aprobar en su Congreso el TLC con Centroamérica y la República Dominicana, por un lado y con el Perú, por otro. Los TLCs inicialmente suscritos con Panamá y Colombia hace ya varios años, se han congelado y no se han sometido a la aprobación parlamentaria, por lo que no han entrado en vigor.

Por otra parte, la emergencia de China en el panorama económico mundial en la última década ha tenido un particular impacto en los países suramericanos, al convertirse progresivamente en su mayor socio comercial y en un factor gravitante de su dinamismo económico, desplazando la importancia de la relación con los EE UU en este plano. En cuanto a México, Centroamérica y el Caribe, más fuertemente dependientes del comercio con los EE UU, deberán esperar a que se consolide la recuperación de los consumidores de ese país antes de ver crecer sus exportaciones hacia ese mercado; en tanto que han visto caer las remesas de los migrantes y del turismo en medio de la crisis.

Esta evolución política y económica mantiene expuesta la política exterior de los EE UU hacia la región como mero intervencionismo, centrada en un aumento de los recursos y el despliegue de iniciativas militares y de seguridad a cargo de los Comandos Norte y Sur del Ejército de los EE UU, en articulación con la acción de los funcionarios del Departamento de Estado, que operan desde las embajadas en cada uno de los países del continente. Situación que le impide ganar apoyos más allá del bloque de países con gobiernos aliados –México, Colombia, Panamá y Perú- e introducir una cuña entre las fuerzas bolivarianas y las de corte socialdemócrata en América Latina y el Caribe.

El reforzamiento del cerco militar sobre la región –siendo el más reciente paso la conversión de Haití en una virtual base más en el Caribe, con la instalación de 16 mil marines ocupándola, a pretexto del terremoto de enero 2010-, y el desarrollo de diversas campañas de operaciones encubiertas y acciones comunicacionales orientadas a crear un clima que justifique la intervención y la represión sobre los movimientos sociales de diversos países calificados de amenazas a la seguridad, siguen siendo el contenido esencial de la política de EEUU para el continente.

La situación más crítica que favorece por ahora la intervención de los EE UU en la región, es la generada por la extensión de las redes del narcotráfico y del crimen organizado en México, Centroamérica y Colombia. El “Plan Colombia” y la “Iniciativa Mérida”, a pesar de su evidente fracaso, continúan implementándose con anuencia de los gobiernos de los países involucrados, en ausencia de respuestas alternativas que conjuguen la seguridad con oportunidades de empleo, justicia social, desarrollo y democracia para los pueblos afectados por estos flagelos.

La expectativa de EE UU de revertir el cambio en la correlación de fuerzas que a nivel de América Latina y el Caribe se produjo en la pasada década, no pareciera tener en todo caso mayores posibilidades de concretarse. Si bien ha mantenido o ganado nuevos gobiernos aliados en las elecciones presidenciales más recientes en Colombia, Chile y Costa Rica, no son suficientes como para revertir la tendencia más profunda que afianza los liderazgos de las fuerzas socialdemócratas y bolivarianas en la región.

Una Unión Europea debilitada para la relación con América Latina y el Caribe

Cuando se cumplen 19 años de Cumbres Iberoamericanas y 11 de Cumbres Unión Europea-América Latina y el Caribe, el saldo de las relaciones construidas desde estos espacios se presenta cada vez más limitado y con una tendencia al estancamiento cada vez mayor. Ello como consecuencia de la cada vez más divergente evolución política y económica que predomina entre ambos continentes en los últimos años.

En los años 90’s, las transnacionales europeas fueron de las que más aprovecharon los procesos de privatización y apertura de las economías latinoamericanas mientras duró el auge de las políticas neoliberales en la región. Se posicionaron como actores principales de los servicios –banca, comercio, telecomunicaciones, agua, energía- y también en los rubros extractivos de la minería y los hidrocarburos.

Paralelamente, en el plano político, la visión de la integración europea como un modelo a seguir se hizo fuerte entre las élites de los mayores países de la región, encontrando respaldo para sus iniciativas de integración (Mercosur, CAN, etc.) sobre todo en la socialdemocracia europea. Surgió entonces el horizonte de avanzar hacia “Comunidad Iberoamericana de Naciones” de carácter birregional, actualmente reelaborada como “Zona Euro-Latinoamericana de Asociación Global Interregional”.
Hoy, en el contexto de la crisis económica y financiera que agobia sobre todo a los países del capitalismo central y, en particular, a Europa, tales políticas y horizontes no se ven con el mismo interés, viabilidad ni proximidad. Y sus impulsores han debido, por ello, de hacer cambios de énfasis, de contenidos y de procedimientos para mantener vigentes sus iniciativas y convocatorias. Al margen de lo cual, sin embargo, la UE se mantiene como segundo socio comercial más importante de América Latina y el Caribe y el mayor inversor en la región. El stock de inversión directa europea en estos países supera los 312 mil millones de euros.
Con el liderazgo de España en la presidencia de la Unión Europea, en los últimos 6 meses se sucedieron la XIX Cumbre Iberoamericana y la IV Cumbre UE-ALC. Ambos eventos tuvieron como tema especial el de la “innovación y la tecnología para impulsar el desarrollo sostenible e inclusivo”. En los hechos, lo que más les importaba era acelerar el término o avance de las negociaciones para suscribir acuerdos de “libre comercio” (o “acuerdos de asociación”) con distintos países y bloques de países de la región. Y si bien al término de estas reuniones se anunció el cierre exitoso de las negociaciones con Centroamérica, la rúbrica final de un acuerdo con Colombia-Perú y el relanzamiento de las conversaciones con Mercosur, la verdad es que tales logros enfrentan un largo camino aún, hasta la hora en que podrían ponerse en aplicación.
En el caso de Centroamérica, el acuerdo suscrito entrará plenamente en vigor en unos tres a cinco años. Al igual que lo ocurrido con los países del Caribe en 2008, la presión ejercida con un eventual fin del Sistema General de Preferencias (SGP) -que la UE les otorga actualmente de forma unilateral- operó en términos de apurar la superación de las diferencias y resignar las aspiraciones comerciales y en otros temas -como los migratorios- de los países centroamericanos a la hora de suscribir el acuerdo.
El acuerdo comercial multipartito con Colombia y Perú se abrió paso luego de que la UE modificara en 2009 su criterio de suscribir este tipo de arreglo sólo con bloques subregionales, como la CAN, luego de que Bolivia y Ecuador se retiraran de las conversaciones. Concluido en marzo 2010, deberá esperar igualmente la fase de comprobación jurídica y traducción -que, previsiblemente, todavía durará unos meses- y, a continuación, ser aprobado por el Parlamento Europeo y los congresos de Colombia y Perú para que pueda entrar en vigor.

En cuanto al reimpulso de las conversaciones con el Mercosur, obedece a un gesto de voluntarismo del gobierno español, conciente de que durante las futuras presidencias de la UE, a cargo de países de Europa Central y Oriental, América Latina no será prioridad, por lo que era la última oportunidad para un intento en esta dirección. Una vez más este intento chocará con el proteccionismo del agro europeo en alza, en medio de la crisis.
En lo político, la relación de UE con América Latina y el Caribe se ha orientado desde sus inicios a la defensa del multilateralismo y a la búsqueda de un orden multipolar en las relaciones internacionales. Postura que hoy tiende a afirmarse más en los actores del nuevo que del viejo continente, que en más de una materia relevante de la agenda internacional han terminado plegándose a las imposiciones de los EE UU.
El desperfilamiento político y la confusión ideológica que impera en la socialdemocracia europea están llevándola a un ocaso, paradojalmente en los momentos en que el capitalismo neoliberal muestra todas sus aberraciones, no sólo económicas, sino sociales, ecológicas y morales. Como lo ha señalado Ignacio Ramonet, “en 2002, los socialdemócratas gobernaban en quince países de la UE. Hoy, ya sólo gobiernan en cinco estados … Y los gobiernos de tres de esos países –España, Grecia y Portugal, atacados por los mercados financieros y afectados por la “crisis de la deuda”– se hundirán en un descrédito e impopularidad aún mayores cuando empiecen a aplicar, con mano de hierro, los programas de austeridad y las políticas antipopulares exigidas por la lógica de la UE y sus principales cancerberos.”
Es por ello que los acuerdos políticos emanados de la VI Cumbre UE-ALC sobre nueva gobernanza mundial, nueva arquitectura financiera, regulaciones globales para frenar la especulación, y aumento de la cooperación para enfrentar el cambio climático, la sustentabilidad del desarrollo, la energía, las migraciones, la seguridad, el comercio, etc. deben mirarse con beneficio de inventario. Llegado el momento de resolverse estos temas, en el G-20, en el Consejo de Seguridad de la ONU, en la COP 16 de Cancún, o en una nueva reunión de la OMC, el “socio” europeo mostrará sus inconsistencias.

Finalmente, pero no menos importante, la relación con países europeos, grandes fabricantes de armamentos y poseedores de tecnología nuclear, ha sido relevante para apuntalar la autonomía que en el terreno militar han ganado los países latinoamericanos que marchan a la cabeza de la integración regional, en particular, Brasil y Venezuela. Como se sabe, Brasil ha suscrito con Francia un acuerdo para aprovisionamiento de armamento y transferencia de tecnología que le permitirá completar un complejo militar-industrial propio a la potencia suramericana. Y Venezuela ha encontrado en Rusia el proveedor de armamento necesario para el resguardo de su soberanía amagada por el cerco de bases cada vez más amplio que EE UU ha montado en su entorno.

Un Brasil resuelto y capaz, encabeza la integración latinoamericana y del Caribe

Si en 2008, con la convocatoria a crear UNASUR en mayo y la I Cumbre de América Latina y el Caribe (CALC) en diciembre de ese mismo año, Brasil mostró un cambio de su visión del proceso de integración regional con un énfasis más geopolítico que geoeconómico, en 2009, terminó por consolidar esa postura, encabezando el rechazo político-diplomático de la región al golpe en Honduras y la pretensión de EE UU de legitimar los gobiernos de Roberto Micheletti primero y de Porfirio Lobo después.

Al iniciarse 2010, la realización de la Cumbre de la Unidad, para crear la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), encontró un Brasil fortalecido en todos los terrenos y resuelto a encabezar a la región, al mismo tiempo que a operar con ella y desde ella como nueva potencia emergente a nivel mundial. Obedeciendo a necesidades tanto intrarregionales, como de actuación a nivel planetario.

La creación de CELAC precipita luego del golpe en Honduras y del intento estadounidense de resolver esa crisis en el marco de la OEA. Fue el hecho que terminó de madurar la disposición de Brasil a encabezar una conciencia que se ha extendido y consolidado en la región, de que es América Latina y el Caribe quien tiene que atender y resolver los problemas que le atañen, sin injerencia extracontinental alguna. Resulta sumamente decidor de este cambio de mentalidad el que el gobierno de México no sólo haya adherido a este proyecto, sino que oficiado de anfitrión del mismo. Develando una voluntad de ganar autonomía política respecto de EEUU incluso de los aliados más cercanos con que éste cuenta en América Latina.

La Declaración de Cancún establece como objetivo central de la naciente organización, profundizar la integración política, económica, social y cultural de la región para encarar de conjunto la búsqueda de un desarrollo sostenible, democrático, solidario y respetuoso de los derechos humanos. Se propone, igualmente, la actuación y el pronunciamiento como región, ante los temas y acontecimientos de la agenda global, ratificando el compromiso con el multilateralismo y con la ONU como foro mundial.

La CELAC se propone avanzar apoyada en la convergencia de los diversos procesos y mecanismos de integración subregionales que la preceden y en la agenda integrada que se hereda del Grupo de Río y de la CALC. Para ello se acordó un vasto programa de trabajo que especifica los ámbitos de integración y las líneas de acción prioritarias, que por otra parte sientan posición respecto de cómo se plantea la región a su respecto: reforma monetaria y financiera, comercio, energía, integración física, ciencia y tecnología, combate del hambre y la pobreza, seguridad alimentaria, educación, salud y servicios públicos, cultura, migración, género, desarrollo sostenible, cambio climático, desastres naturales, derechos humanos, seguridad, drogas, terrorismo, etc.

Quedó igualmente delineado el proceso para institucionalizar CELAC, a través de dos cumbres a realizarse en Caracas, -5 de julio 2011, la primera- y en Santiago de Chile, el 2012, la segunda. En la primera, debieran aprobarse estatutos, autoridades, presupuesto y plan de acción, justo en el Bicentenario de la Independencia de Venezuela.

Para que el horizonte trazado se haga realidad, además de aplicar con sabiduría y perseverancia los principios de solidaridad, flexibilidad, gradualidad, pluralidad, diversidad, complementariedad de acciones y participación voluntaria, que se han declarado, los gobernantes de la región deberán tener capacidad para enfrentar la labor de zapa que contra este proyecto se realizará por los EEUU y de ir construyendo en la práctica sólidas bases políticas y materiales de integración, que superen las grandes dudas y variadas contradicciones que existen en un continente megadiverso.

Al respecto, el liderazgo de Brasil, una vez más resultará trascendente. Bajo el gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva, se ha consolidado en el mayor país del continente un proyecto de un amplio bloque histórico, provisto de una estrategia de desarrollo que empieza a delinearse y desplegarse exitosamente en los últimos años.
Un proyecto neo-desarrollista, que liderado por el Estado, ha dinamizado el mercado interno a la par que el crecimiento exportador, sobre la base de un mejoramiento de los salarios y del empleo y de un manejo macroeconómico que una vez alcanzada la estabilidad fiscal y monetaria supo sacar provecho de la coyuntura económica internacional.

Al término de la década, Brasil emergió habiendo reducido significativamente su vulnerabilidad externa, con fondos fiscales y reservas internacionales que le han permitido aplicar una enérgica política contracíclica en la coyuntura de la crisis mundial y proyectar un fuerte crecimiento para 2010. Como resultado de este desempeño, Brasil atrajo un monto superior a los 100 mil millones de dólares en inversión extranjera directa en el período 2007-2009, convertido en uno de los más atractivos mercados emergentes. Paralelamente, las políticas sociales han tenido un significativo impacto en la disminución de la pobreza y en el acceso a bienes en los sectores de la población de ingresos más bajos, contribuyendo a sostener el creciente coeficiente de crecimiento de la economía brasileña.

En cuanto a su política exterior, lo relevante para la integración regional será la tensión entre la tentación sub-imperialista y la vocación fundadora de una institucionalidad supranacional latinoamericana que vaya sentando nuevos fundamentos y estándares mínimos de la construcción y convivencia política, económica, social y cultural en América Latina y el Caribe, al mismo tiempo que resguardando la soberanía política del continente y su capacidad de intervención eficaz en los foros mundiales.

Una tensión entre los intereses del gran empresariado brasileño, que ve al resto de la región sobretodo como un mercado ampliado para su expansión económica, financiera y comercial, desde la que proyectarse más competitivamente para sus relaciones con el mundo; y la mirada más geopolítica e integral que alientan otras fuerzas y actores de la burocracia civil y militar brasileña que tienen peso importante en su política exterior. Y que son los que han ido ganando la iniciativa en los últimos dos años.

Dentro de esa perspectiva, el proceso de UNASUR es particularmente trascendente, en la medida que se constituye de hecho en el “núcleo duro” y avanzada del proyecto mayor que es la CELAC. La designación de Néstor Kirchner como Secretario General de la organización se enmarcó en un cronograma que busca acelerar el proceso de consolidación institucional de dicho espacio.
Por una parte, en los próximos meses, se espera que los parlamentos de todos los países miembros terminen de ratificar el Tratado Constitutivo de la entidad, como ya lo han hecho seis de ellos. Por otra parte, se viene impulsando la labor de diversos Consejos Suramericanos, que ya han establecido sus estatutos y acordado resoluciones, estrategias y planes de acción en diversos planos. Cabe destacar dentro de ellos, la resolución sobre medidas de fomento de la confianza y seguridad, el avance hacia un tratado energético sobre la base de una estrategia y un plan de integración energética regional y el convenio constitutivo del Banco del Sur, suscrito por los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Ecuador.

Poner en práctica esos acuerdos y planes será en el futuro inmediato la prueba decisiva de la voluntad política que se ha expresado y que estará en dependencia de que la articulación de las fuerzas socialdemócratas y bolivarianas se mantenga hegemónica dentro de los gobiernos de la región y preserve su unidad para llevarla adelante. Y al menos en Brasil, se va afianzando la posibilidad de que la sucesora en el gobierno sea la candidata del PT, Dilma Rousseff.

Incidencia, resultados y búsquedas del ALBA-TCP para abrir caminos nuevos
Cuando se han cumplido 5 años y medio desde su surgimiento, el ALBA-TCP muestra no sólo una consolidación de su proceso orgánico, sino que una evolución política hacia una perspectiva más radical e integral de su proyecto de integración regional. Con un horizonte de soberanía, autodeterminación, identidad y unidad de los pueblos de América Latina y el Caribe, que a partir de abril 2010 –IX Cumbre del ALBA- se identifica con el socialismo.
En el plano de los resultados hacia sus países miembros, el ALBA lleva concretadas numerosas iniciativas en salud, educación, atención a la discapacidad, infraestructura (productiva, educativa y de salud), apoyos en el terreno energético y alimentario, formación de médicos y profesores.
Su mayor impacto, sin embargo, ha sido la incidencia que ha tenido en la escena internacional y regional, asumiendo la postura más crítica e intransigente en contra de las acciones y propuestas de EEUU y de la Unión Europea, como expresiones del capitalismo neoliberal (ALCA y TLCs, soluciones en el marco del G-20, “consenso” de Copenhague, etc.). La lucha contra los hegemonismos, por un mundo multipolar, por la autodeterminación de los pueblos y por la paz; la lucha por la superación del capitalismo explotador de la humanidad y depredador de la naturaleza.
Y en este sentido, su intervención ha sido decisiva en la creación del escenario político-diplomático en el que han precipitado tanto la UNASUR, como la CALC, además de otras iniciativas como la Conferencia de de Alto Nivel sobre la Crisis Financiera en Naciones Unidas (junio 2009) y la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra (abril 2010).
Las búsquedas más significativas de caminos nuevos para la región han sido: el Sucre (Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos), el Banco del ALBA, las empresas grannacionales, la Declaración de Derechos de la Madre Tierra, la iniciativa Yasuni-ITT, la defensa de la soberanía energética y la soberanía alimentaria, la práctica de una integración basada en complementariedad, justicia, solidaridad, cooperación, respeto a la diversidad cultural y armonía con la naturaleza, para el Vivir Bien. Algunas de las cuales están aún en curso de implementación y sometidas a la prueba de la historia, lo que no resta mérito a la audacia de haberlas lanzado.

Los gobiernos articulados en el ALBA reconocen un rol relevante a los movimientos sociales, pretenden avanzar en diálogo con ellos, acompañando y proyectando sus luchas. Un diálogo que no ha excluido momentos de conflicto y confrontación abierta entre gobiernos y movimientos sociales, en particular con movimientos indígenas, como los que se registran aún en Ecuador y Bolivia, con la CONAIE y la CIDOB.
En dirección a lo cual, el ALBA ha buscado constituir en su seno un Consejo de Movimientos Sociales y realizó recientemente una Cumbre con Autoridades Indígenas y Afrodescendientes (en Otavalo, 25 de junio 2010), con éxito muy relativo. Una tensión quizás ineludible, atendida la diversa responsabilidad y perspectiva que encaran gobiernos y movimientos sociales frente al cambio histórico.

Al promediar 2010, los gobiernos del ALBA encabezan en cada uno de sus países y en particular en Bolivia, Venezuela y Ecuador, procesos inéditos y diversos de transformación política, económica, social y cultural, en un marco democrático y que a pesar de la enorme y persistente acción desestabilizadora que desarrollan en su contra las élites dominantes asociadas a las corporaciones estadounidenses y europeas, mantienen un mayoritario respaldo popular y la iniciativa política en sus manos.

El golpe en Honduras –que se acababa de incorporar al ALBA- puso de relieve la necesidad de consolidar en general estos procesos en sus espacios nacionales, como desafío principal y condición previa para que los impulsores de la estrategia bolivariana puedan aspirar a un liderazgo más sostenido en el proceso de integración de la región. Una maduración que sepa conciliar la gobernabilidad política, la estabilidad y el crecimiento económico, con los cambios sociales y culturales. Un complejo desafío, del que hasta ahora salen bien librados, aunque no indemnes, por lo que resultará decisiva su capacidad de ir aprendiendo de sus errores y de superar sus debilidades.

Como alianza, los desafíos del ALBA pasan hoy por profundizar las realizaciones en desarrollo social, concretar los proyectos económicos, desarrollar una vigilancia y acción en todos los espacios políticos y diplomáticos –incluyendo lo comunicacional- para la lucha política, apoyarse en la memoria y el sustrato cultural de los pueblos para afianzar su identidad y avanzar hacia una estrategia de defensa del ALBA.

La integración desde los pueblos

Si el proceso de integración latinoamericana y caribeña está en un punto de inflexión histórica ello se debe, cabe remarcarlo, al cambio en la correlación de fuerzas que se opera en la segunda mitad de la década de los 90’, cuando se extiende la resistencia popular al neoliberalismo por la región.

En el terreno de la integración, en particular, cabe recordar que fue ya en abril de 1998, cuando se realizó en Santiago de Chile la I Cumbre de los Pueblos. Cristalizó allí, la Alianza Social Continental, una de las primeras redes en confrontar los procesos del “libre comercio” en el continente. Vendrían luego la articulación de la lucha contra la deuda externa, -por Jubileo Sur-, los Foros Sociales Mundiales y de las Américas, las campañas del Grito de los Excluidos, de la Marcha Mundial de las Mujeres, de la lucha contra el armamentismo y la militarización, la articulación de las redes de migrantes, de cristianos que renuevan la Teología de la Liberación, de las organizaciones ecologistas, de las organizaciones comunitarias y barriales de carácter autogestionario y –destacadamente- de las organizaciones campesinas articuladas en la CLOC y de los pueblos indígenas en la CAOI (andinos) y en la COICA (amazónicos).

Procesos todos que enfrentan en estos meses su continuidad, como el V Congreso de la CLOC y el IV Foro Social Mundial de Migraciones en Quito, en octubre 2010; el Foro Social de las Américas en Asunción, entre el 11 y el 15 de agosto 2010; el Encuentro de mujeres y pueblos de las Américas contra la Militarización, a realizarse los días 16 a 23 de agosto de 2010, en Colombia, la Cumbre Continental de Comunicadores y Comunicadoras Indígenas (8-12 de noviembre de 2010), etc.

La Carta de los Movimientos Sociales suscrita por centenares de organizaciones en el marco del Foro Social Mundial 2009, en Belém do Pará, (“Construyendo la integración de los pueblos desde abajo, impulsando el ALBA y la solidaridad de los pueblos, frente al proyecto del imperialismo”), señaló con claridad el rumbo: “construir colectivamente un proyecto popular de integración latinoamericana, que replantee el concepto de “desarrollo”, sobre la base de la defensa de los bienes comunes de la naturaleza y de la vida, que avance hacia la creación de un modelo civilizatorio alternativo al proyecto depredador del capitalismo, que asegure la soberanía latinoamericana frente a las políticas de saqueo del imperialismo y de las trasnacionales, y que asuma el conjunto de las dimensiones emancipatorias, enfrentando las múltiples opresiones generadas por la explotación capitalista, la dominación colonial, y el patriarcado, que refuerza la opresión sobre las mujeres”.

La continuidad de esa acción protagónica de los movimientos sociales enfrenta, es claro, viejos y nuevos desafíos. Derrotar la acción represiva y las campañas de criminalización de la protesta, eludir la cooptación por el Estado o por la cooperación internacional sin romper la interlocución con ellos, evitar las prácticas de burocratismo funcionario, mantener una capacidad de articulación y alianza de sectores con diversas dinámicas de organización y actividad, ampliar su radio de creación de conciencia y organización hacia los más amplios sectores de la población, mantener firmemente los principios de autonomía, democracia, solidaridad y unidad en el seno del pueblo.

La larga y compleja lucha que América Latina y el Caribe tiene por delante todavía, es el mejor caldo de cultivo para que sus pueblos y movimientos sociales, que ya llevan más de 15 años de ascenso en la región, renueven sus cuadros y capacidades para enfrentar la nueva etapa que se abre.

Es hora de reiterar la confianza en este vasto universo humano, que no se ha limitado a resistir, sino que ha levantado teórica y prácticamente alternativas concretas, interpelando y cuestionando a los gobiernos y a las instituciones, desarrollando agendas propias, construyendo las bases materiales, sociales y culturales de una nueva América Latina y el Caribe, a la que se le empiezan a abrir las compuertas a la construcción de su más plena identidad mestiza suramericana, mesoamericana, indo-afro-latinoamericana.

Manuel Hidalgo Valdivia
Observatorio Social de Amerindia
Julio de 2010

Recursos:

– “América Latina 2008: un continente en erupción”, Manuel Hidalgo, Observatorio Social Amerindia, julio 2008.
– “Prueba de fuego: América Latina frente a la crisis”, Manuel Hidalgo, Observatorio Social Amerindia, diciembre 2008.
– “Bajo el fuego de la crisis y de la política imperial”, Manuel Hidalgo, Observatorio Social Amerindia, septiembre 2009.
– “Declaración de Lima: Paz, seguridad y cooperación en las Américas”, OEA, junio 2010.
– “Declaración de Madrid, VI Cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe”, 18 de mayo de 2010.
– “Declaración final del Encuentro Enlazando Alternativas 4”, 18 de mayo de 2010.
– “Declaración de Cancún”, 23 de febrero de 2010.
– “El bloque latinoamericano y caribeño”, Raúl Zibechi, La Jornada, 26 de febrero de 2010.
– “Declaración Final de la Reunión Extraordinaria del Consejo de jefes y jefas de Estado de la Unión de Naciones Suramericanas”, mayo de 2010
– Declaraciones finales de las Cumbres del ALBA-TCP, diciembre 2009 a junio 2010.
– FSM Belem 2009: Carta de los Movimientos Sociales de las Américas”, enero 2009.
– “Manifiesto general de la primera cumbre de Consejos de Movimientos Sociales del ALBA-TCP”, Cochabamba, 15 al 17 de Octubre de 2009

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