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La esperanza que suscita la victoria de Gabriel Boric: ¿qué relación se establecerá entre el movimiento social y las instituciones?

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Imagen: Gabriel Boric visita a la presidenta de la Convención Constitucional Elisa Loncon

A l’Encontre

Entrevista con Sergio Grez

En esta entrevista, que es la continuación de la del 8 de diciembre, Sergio Grez, historiador del movimiento obrero chileno y profesor de la Universidad de Chile, analiza las posibles consecuencias para el movimiento popular de la llegada a La Moneda del representante de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

¿Cuál es la situación del movimiento popular tras la victoria de Gabriel Boric? ¿Cómo se posicionarán los movimientos sociales en el nuevo escenario que tendremos a partir de mediados de marzo?

Sergio Grez: El alto resultado obtenido por Gabriel Boric en las elecciones del 19 de diciembre [1] -el 55,87% de los votos- y el salto en la tasa de participación, especialmente en los sectores populares, hasta el 55%, reflejan un hecho: la elección de Boric a la presidencia de la República ha despertado esperanzas de cambio en una parte importante de la población. Aunque entre sus votantes hay un porcentaje importante de votantes de izquierda que lo hicieron -a regañadientes- porque lo consideraron un «mal menor» frente al peligro que representaba Kast, no es menos cierto que el presidente electo ha encarnado hasta ahora las aspiraciones de cambio en la perspectiva de superar el modelo neoliberal. Esto se reflejó durante la campaña electoral no sólo en términos de posiciones individuales, sino también en numerosas declaraciones de apoyo de las organizaciones sociales. Esto sugiere que estos grupos permanecerán en la valla durante algún tiempo. Todavía no está claro si esta situación frenará sus movilizaciones o si, por el contrario, las estimulará en forma de movilización-presión sobre las nuevas autoridades para que apliquen sus promesas electorales de forma rápida y completa. El proceso constitucional de la Convención Constituyente, que también ha despertado esperanzas en una parte importante del país, podría tener efectos similares.

Un factor importante en este sentido será la actitud de algunos actores políticos -como el Partido Comunista- que influyen en algunas organizaciones sociales, especialmente los sindicatos. Como sabemos, siempre que este partido ha participado plenamente (incluso con ministros) en un gobierno, ha oscilado entre la contención y el estímulo de las luchas sociales populares, dependiendo de los vaivenes de las confrontaciones políticas y, más concretamente, de las contradicciones dentro de la coalición de gobierno. Este fue el caso bajo los gobiernos de González Videla [1946-52], Salvador Allende [1970-73] y Michelle Bachelet [2006-10 y 2014-18]. Es probable que la situación sea similar en la actualidad.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que los actores políticos de los partidos no son capaces de ejercer mucho control, y a menudo ni siquiera consiguen influir en grandes sectores populares. Esto es particularmente evidente entre los que más sufren las consecuencias del modelo neoliberal: los trabajadores precarios e informales, los llamados autónomos, las personas que viven en zonas marcadas por un empobrecimiento muy «duro», los habitantes mapuches de la región del Wallmapu, los migrantes [de Venezuela y Bolivia], entre otros. No hay garantía de que los elementos de contención que desplegará el nuevo gobierno puedan detener o sofocar definitivamente las movilizaciones de estos sectores, movilizaciones que pueden tomar formas radicalizadas y extrainstitucionales. De hecho, algunas comunidades y organizaciones mapuches «en resistencia» ya han anunciado que no habrá «tregua» con el gobierno boricua [mientras no recupere sus tierras históricas], lo que hace suponer que persistirá un clima de confrontación en el territorio ancestral de este pueblo, llamado eufemísticamente «macrozona sur» por los estrategas del Estado-nación.

Otro factor que, a medio plazo, podría estimular la organización popular -aunque más regulada y controlada- es la prometida reforma que permitiría las huelgas y las negociaciones contractuales por rama de producción. Estos y otros factores -que pueden ir en cualquier dirección- apuntan a un escenario complejo e imprevisible, especialmente en el contexto de los graves problemas sociales que persisten. Como suele ocurrir, la acción política de los actores en la escena nacional será el elemento decisivo para inclinar la balanza a favor del fortalecimiento y la autonomía o de la fragmentación y consolidación de los movimientos sociales en aras de la gobernabilidad. Ante el llamamiento a apoyar a Boric y «no hacer olas», estos movimientos se darán cuenta de que el problema no es cómo el pueblo apoyará a Boric, sino cómo Boric apoyará las luchas del pueblo y atenderá sus demandas.

Creo que al cabo de unos meses, cuando se haya disipado el «estado de gracia» que suele acompañar a los presidentes al inicio de su gestión, las luchas sociales retomarán su curso habitual y las contradicciones no resueltas resurgirán inevitablemente. No es posible predecir la forma y la dinámica que adoptarán estas movilizaciones, pues aún no sabemos cuál será su capacidad de maniobra, ni hasta qué punto el gobierno de Boric (que no será sólo el de Apruebo Dignidad) utilizará la represión para contener las demandas sociales. Por lo tanto, el movimiento popular, si quiere fortalecerse, debe -como debe hacer siempre- mantener su autonomía y fortalecerse a todos los niveles. Los tiempos difíciles que se avecinan así lo exigen.

Cómo caracterizaría el momento político y social que vive el país tras la rebelión popular del 18 de octubre de 2019, y cree que este proceso continuará incluso después del plebiscito para decidir la nueva Constitución; plebiscito que debería tener lugar en el segundo semestre de 2022?

Mucha agua ha corrido bajo el puente desde octubre de 2019. Tras la «rebelión social», la casta parlamentaria reaccionó, añadiendo a la despiadada represión del Estado la maniobra política concretada por el «Acuerdo para la paz social y la nueva Constitución» del 15 de noviembre. Una operación destinada a desviar el potencial de la rebelión popular hacia una vía inocua, la de un proceso constituyente regulado por el Parlamento, evitando una Asamblea Constituyente libre y soberana que pondría en peligro los grandes intereses ligados al mantenimiento del modelo neoliberal y constitucional [ver al respecto el artículo publicado en este sitio: «Acuerdo por la paz y la nueva Constitución», 11 de diciembre de 2019].

La primera fase de la rebelión duró hasta esta fecha de noviembre. En general, hay que señalar que el mencionado Acuerdo ha dado los resultados esperados por sus promotores, ya que ha conseguido desmovilizar a muchas personas que creían que el proceso constituyente propuesto iba a satisfacer sus aspiraciones. Sin embargo, esto no fue suficiente para volver a la «normalidad» deseada por el gobierno, la casta política y la opinión conservadora. Sin embargo, a pesar del acuerdo y de la pausa estival, las protestas y movilizaciones continuaron durante todo el verano de 2020, alcanzando su punto álgido el 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer.

Sin embargo, la llegada a Chile de la pandemia mundial de Covid-19 llevó al gobierno a declarar el estado de emergencia con cuarentenas, toque de queda en todo el país y otras medidas que contribuyeron a la desmovilización. A mediados de marzo, la mencionada fase, que había comenzado cuatro meses antes, llegó a su fin. A pesar de ello, durante el otoño y el invierno de 2020-21 continuaron los focos de protesta en algunos barrios y ciudades, sobre todo por la reacción de los sectores populares ante el agravamiento de la crisis económica, el aumento del paro y el hambre, en un contexto de insuficiencia de ayudas públicas a los colectivos más afectados por esta nueva desgracia. A principios de la primavera de 2020, al remitir parcialmente la pandemia y en vísperas del plebiscito del 25 de octubre, que definirá la ruta constituyente, se reactivaron las movilizaciones sociales, sobre todo a nivel político, ante la inminencia de esta consulta.

Junto a una explosión de alegría popular por el triunfo abrumador de las opciones Apruebo Dignidad y Convención Constituyente (esta última con los rasgos más dinámicos de las dos en juego), el 25 de octubre fue un paso importante hacia la institucionalización del conflicto y el proceso constituyente, tal como se prevé en el Acuerdo del 15 de noviembre de 2019. Los esfuerzos, las energías y los recursos de muchos activistas, asambleas, consejos y organizaciones sociales, reactivados gracias al nuevo contexto, se centraron principalmente en la campaña para la elección de delegados a la Convención Constituyente. Echando la vista atrás, podemos ver que en ese año, desde mediados de marzo, la rebelión popular se estaba apagando como consecuencia del Acuerdo del 15 de noviembre, las consecuencias de la pandemia, su propia fragmentación y sus límites políticos. La contrapartida fue la ejecución del proceso constituyente regulado y controlado por los poderes constituidos.

¿Cómo describiría la situación actual del movimiento popular?

A lo que he desarrollado en mi primera respuesta, hay que añadir que el momento actual podría considerarse como una fase post-rebelión, con toda la ambigüedad e incertidumbres que tal definición conlleva. Post-rebelión, porque, aunque la rebelión terminó hace mucho tiempo, muchos de sus elementos subjetivos -el «octobrismo»- siguen presentes en el imaginario, en las aspiraciones y formas de expresión política de importantes sectores de la población. Aunque hay protestas y movilizaciones sobre temas concretos -libertad de los presos de la rebelión, reivindicaciones económicas y sociales de diversa índole-, no forman parte de una rebelión popular.

De hecho, el escenario actual en cuanto a movilizaciones sociales se asemeja más al que existía antes de octubre de 2019 que al que se desarrolló entre octubre de 2019 y marzo de 2020. Además de los factores mencionados, las numerosas elecciones del último año (constituyentes, de gobernadores, municipales, primarias, parlamentarias, de consejeros regionales y presidenciales) han contribuido a la «normalización» e institucionalización de los conflictos. En este sentido, a pesar de la dramatización que ha sufrido, la elección presidencial de 2021 no ha aportado elementos que pudieran haber modificado profundamente esta caracterización del período, porque la rebelión popular no ha tenido la capacidad de generar una alternativa propia, que le permitiera estar presente de manera autónoma en esta competencia electoral.

En cuanto a la proyección hacia las instituciones del Estado, sólo se puede añadir al balance del «octubrismo» el notable resultado obtenido por Fabiola Campillai [2] para el escaño de senadora de Santiago. Aunque no es posible predecir el curso de las movilizaciones populares, lo cierto es que las que se produzcan en un futuro próximo no pueden considerarse parte de la rebelión de octubre, sino de un nuevo contexto que, sospecho, se prolongará más allá del plebiscito sobre el proyecto de Constitución surgido de la Convención Constituyente, plebiscito que se desarrollará bajo el control de las fuerzas políticas que firmaron el Acuerdo para la Paz Social y la nueva Constitución.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la ausencia de estructuras formales y líderes oficiales de la rebelión popular?

Está claro que inicialmente -entre el 18 de octubre y los primeros días de noviembre de 2019- la ausencia de estructuras formales y de líderes nacionales fue un factor que impidió al Estado acabar con el movimiento, ya que ninguna operación represiva pudo desmantelar los numerosos y dispersos focos de rebeldía. No había ningún «cuartel general» cuya detención hubiera tenido el efecto de detener las movilizaciones. Sin embargo, después de dos o tres semanas, sus debilidades se hicieron evidentes porque, a pesar del efímero intento de establecer una dirección o coordinación centralizada -la Unidad Social-, la rebelión no logró establecer una unidad política básica y fue incapaz de responder a la astuta maniobra del Acuerdo del 15 de noviembre. En consecuencia, la falta de articulación sólida entre los principales componentes de un movimiento muy heterogéneo y disperso se hace sentir cruelmente. Los que decían representar políticamente a la rebelión popular estaban divididos en cuanto a la actitud que debían adoptar ante el proceso constituyente regulado por el Parlamento. Algunos optaron por participar, otros por boicotear o abstenerse. Además, quienes decidieron participar para sortearla lo hicieron de forma dispersa, formando varias listas y presentando candidaturas en competencia. (Entrevistas publicadas en el sitio web El Irreverente; traducción de A l’Encontre)


[1] Según el sitio web Ex-Ante del 21 de diciembre de 2021, basado en una encuesta de Chile-Unholster, más del 59% de las mujeres votantes estaban a favor de Boric. Entre las mujeres menores de 30 años, el 68% votó por Boric. El bórico recibió un apoyo especial entre los jóvenes. En este grupo de edad, la diferencia a favor de Boric sobre José Antonio Kast fue de 28 puntos en el caso de los hombres jóvenes y de 36 puntos en el de las mujeres jóvenes. En cuanto a la participación, desde que el voto ya no es obligatorio, la evolución ha sido la siguiente: 46,7% para las elecciones presidenciales de 2017; 50,9% para el plebiscito sobre el establecimiento de la Convención Constituyente en 2020; 43,4% para las elecciones a la Convención Constituyente del 15 y 16 de mayo de 2021; 47,3% para la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas; y 55,6% para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. (Editor)

[2] Fabiola Campillai es residente de la ciudad de San Bernardo, que forma parte del Gran Santiago. Es trabajadora, líder en su comunidad, jugadora de fútbol y miembro del cuerpo de bomberos. A finales de noviembre de 2019, cuando se dirigía a su negocio por la noche, fue golpeada en la cara por una bomba lacrimógena lanzada por los carabineros. Como resultado de este ataque, perdió la vista. En agosto de 2021 se postuló como independiente al Senado por el distrito 7, el más grande del país, que está en la zona metropolitana de Santiago. Se presentó recogiendo las reivindicaciones de la movilización de octubre de 2019 y sus secuelas, haciendo hincapié en la supresión de los fondos de pensiones de capitalización individual, la gratuidad de la sanidad y la educación, y la protección de los recursos naturales. Es la más votada en el Senado en todas las circunscripciones. Se convirtió en la primera parlamentaria ciega de Chile. (Editor)

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