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¿Juan Guaidó impulsa la intervención militar en Venezuela?

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354530_BLU Radio. Donald Trump y Juan Guaidó / Fotos: AFP

Nicolás Retamar, de la redacción de NODAL

– Septiembre 29, 2020

Si bien el recorrido cronológico podría arrancar en cualquier momento, hubo una consecución de hechos, desde mediados de septiembre, que nos invitan a reflexionar –una vez más– sobre una posible intervención militar en Venezuela. Aunque parecieran ser cabos sueltos, se acelera el rompecabezas geopolítico que intenta armar Estados Unidos antes de la finalización del mandato de Donald Trump.

El 15 de septiembre, la Fuerza Aérea Colombiana anunció “nuevos ejercicios de entrenamiento” con la Fuerza Aérea y embarcaciones de la Armada de Estados Unidos, que se realizaron entre el 18 y 21 de septiembre. El motivo fue “fortalecer procedimientos y estándares en la detección, ubicación y neutralización de actividades ilícitas al servicio del delito trasnacional del narcotráfico”. El ejercicio, denominado Poseidón, fue dirigido por el Comando Sur de Estados Unidos.

No hay que olvidar que 53 militares de EEUU permanecen en el país gobernado por Iván Duque, llevando a cabo “tareas de asesorías, cooperación y entrenamiento contra el narcotráfico”, aun cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló en contra, porque los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses ingresaron al País sin permiso del Senado.

El 16 de septiembre, un informe de la ONU realizado por la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela, integrada por Marta Valiñas, Francisco Cox Vial y Paul Seils, instó al gobierno venezolano a la rendición de cuentas por “crímenes de lesa humanidad”. El documento final, presentado el 23 de septiembre en el Consejo de Derechos Humanos, durante la 75° Asamblea General de Naciones Unidas, sostiene que “el Estado venezolano debe exigir cuentas a los y las responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y la tortura e impedir que se produzcan nuevos actos de esta naturaleza”. Cabe recordar que el pedido de elaboración del informe sobre la violación de derechos humanos fue gestionado por el Grupo de Lima, en Nueva York, en septiembre de 2019.

Un día más tarde, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, inició una gira por Surinam, Guyana, Brasil y Colombia, los últimos tres limítrofes con Venezuela. A pesar de la pandemia del coronavirus y los vuelos internacionales restringidos, Pompeo fue personalmente a entrevistarse con presidentes y cancilleres. En el caso de Surinam y Guyana, el viaje sirvió para imponer condiciones a gobiernos recién estrenados. A Chan Santhoki, presidente de Surinam, el secretario de Estado le advirtió que elija empresas estadounidenses, porque las inversiones de China tendrían costos políticos.

Con Irfaan Ali, presidente de Guyana, firmó un acuerdo bilateral para acelerar y proteger la inversión privada estadounidense, tras los hallazgos de petróleo en territorio guyanés, controlado en su mayoría por Exxon Mobil. El acuerdo, también, sirvió para el inicio, en conjunto, de operaciones marítimas y aéreas destinadas a “combatir al narcotráfico”.

El 18 de septiembre, durante la reunión con el canciller de Brasil, Ernesto Araújo, Pompeo acusó a Nicolás Maduro de narcotraficante y auguró “la caída del Régimen”, aunque no precisó fecha.

El 21 de septiembre, el gobierno de Donald Trump anunció nuevas sanciones unilaterales contra Nicolás Maduro, amparándose en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Un día más tarde, el Banco Interamericano de Desarrollo anunció la aprobación de una “donación, para asistencia humanitaria, por el monto de $200.000 dólares de recursos no reembolsables”. Si, bien, el comunicado menciona que la ayuda es para “los pobladores ubicados en las cercanías del Río El Limón”, luego afirma que “el principal objetivo de estos recursos es apoyar al Gobierno Interino de Venezuela”.

Juan Guaidó, quien comunicó esta noticia a través de su cuenta de Twitter, el 24 de septiembre, afirmó que los recursos serán canalizados por una ONG, aunque no precisó detalles. También, vale la pena recordar que Mauricio Claver-Carone, el estadounidense ex asesor de Trump que pertenece al ala dura contra Cuba, Nicaragua y Venezuela, asumirá la presidencia del Organismo, el 1 de octubre.

El 23 de septiembre, también en el marco de las reuniones y presentaciones que se realizan por fuera de los discursos oficiales de la Asamblea General de Nacional Unidas, Guaidó solicitó, formalmente, a la comunidad internacional “evaluar la implementación de la Responsabilidad de Proteger (R2P) para los venezolanos, dados los crímenes de lesa humanidad cometidos por Maduro”.

El R2P, como se lo conoce habitualmente, es un acuerdo firmado, en 2005, en la ONU, que se fundamenta en tres pilares: la responsabilidad de cada Estado de proteger a sus poblaciones; la responsabilidad de la comunidad internacional de ayudar a los Estados a proteger a sus poblaciones; y la responsabilidad de la comunidad internacional de proteger a las poblaciones de un Estado cuando es evidente que este no logra hacerlo. El objetivo del R2P es “proteger a las poblaciones frente al genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad”.

David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, sostuvo que “la doctrina de Responsabilidad para Proteger (R2P) es legítima en Venezuela cuando ha quedado evidenciado que el régimen es responsable de crímenes de lesa humanidad”. Vale la pena recordar, también, que Smolansky es un ex alcalde opositor al gobierno de Nicolás Maduro que, en agosto de 2017 fue declarado en desacato, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, lo que le valió 15 meses de prisión y la prohibición para salir del País. Sin embargo, el dirigente de Voluntad Popular pasó a la clandestinidad, hasta cruzar a Brasil para, luego, radicarse en Estados Unidos.

El 24 de septiembre, Luis Almagro, secretario general de la OEA, nombró como secretario de Seguridad Multidimensional a Arthur Bragança de Vasconcellos Weintraub, quien, hasta el 15 de septiembre, fue asesor del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

Weintraub es conocido en redes sociales por su racismo, homofobia, ataques constantes a lo que considera “comunismo”, anti barbijos/tapabocas y defensor de la hidroxicloroquina. En su cuenta de Twitter pueden encontrarse desde denuncias contra el gobierno venezolano hasta contra Google, por fomentar una “narrativa globalista de izquierda”.

Más allá de estos datos casi anecdóticos, lo cierto es que Arthur Weintraub tendrá bajo su dominio a los departamentos de Seguridad Pública, Crimen Organizado Trasnacional y las secretarías de Control de Drogas y lucha contra el Terrorismo. El brasilero estrenó su cargo en el discurso de apertura de sesiones del Comité Interamericano Contra el Terrorismo y afirmó que el terrorismo “tiene conexiones con la corrupción y el narcotráfico”.

En 10 días, hubo una catarata de hechos que nos permiten pensar que Estados Unidos podría invadir Venezuela. La velocidad de los acontecimientos y la prisa del gobierno estadounidense nos recuerdan que el 3 de noviembre son las elecciones y nadie puede asegurar la continuidad de Donald Trump, cuyo manejo de la pandemia y las constantes protestas desde el asesinato de George Floyd ponen en peligro su reelección. Además, no se puede dar por hecho que, en caso de que gane Joe Biden, mantenga la misma política internacional en la región latinoamericana y caribeña.

¿Se atreverán Juan Guaidó y el gobierno comandado por Donald Trump a invadir Venezuela o seguirán con la política de “presión internacional”? Mientras tanto, el País transita su camino hacia las elecciones legislativas del 6 de diciembre, con la participación de sectores de la oposición, a pesar de los intentos extranjeros, comandados por la Unión Europea, de posponer los comicios.

Venezuela entrega a ONU informe “La verdad contra la infamia”

 

El interés de Venezuela es que el Informe sea recibido a la mayor brevedad por el secretario general de ONU.

El interés de Venezuela es que el Informe sea recibido, a la mayor brevedad, por el secretario general de ONU. | Foto: MPPRE

Telesur– 28 septiembre 2020

El Estado venezolano busca revalidar ante el mundo la realidad que vive el País en materia de Derechos Humanos.

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, junto al fiscal general, Tarek William Saab y el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, hicieron entrega del Informe de la Verdad de Venezuela contra la Infamia: datos y testimonios de un país bajo asedio, al Nuncio Apostólico, Aldo Giordano.

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La entrega al representante del Vaticano, que tuvo lugar este lunes, fue en calidad de decano del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela. En la misma fecha, entregaron el pliego al coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el país, Peter Grohmann, a fin de que se lo entregue al secretario general de esa organización.

Posteriormente, los tres funcionarios ofrecieron una rueda de prensa, donde resaltaron las acciones recién ocurridas. El canciller Arreaza destacó la cooperación entre el Poder Ejecutivo, Judicial y Ciudadano, como establece la Constitución, llevando la verdad de Venezuela.

Arreaza, también, apuntó la falta de veracidad y legitimidad del informe presentado por el Grupo de Lima ante la ONU. Expresó que el reporte de Venezuela “desmonta ese adefesio, que ha circulado por el mundo”.

“Hacen política de agresión con los Derechos Humanos, en vez hacer política para los Derechos Humanos”, afirmó el diplomático.

Por su parte, el defensor del Pueblo manifestó “No se puede utilizar los Derechos Humanos como excusa para atacar al pueblo venezolano. No se pueden ver los Derechos Humanos de forma parcial”.

Entre tanto, el fiscal general pidió no obviar que “el Grupo de Lima utilizó una resolución paralela a la de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, para obstaculizar el verdadero trabajo asignado por Naciones Unidas”.

El informe La Verdad de Venezuela se elaboró por organismos del Estado venezolano, para refutar las infamias de un documento que fue redactado por unos supuestos expertos, que buscan dinamitar e implosionar el trabajo que hace la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el País.

El mismo fue financiado por el Grupo de Lima, aunque el 85 por ciento de las fuentes utilizadas por la supuesta comisión de verificación de hechos son secundarias: no hay familiares, ni testimonios directos.

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