Elaine Behring *
Esquerda Online, 12-11-2021
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Traducción de Correspondencia de Prensa
En las últimas semanas hemos sido testigos en Brasil de escenas con las que no querríamos encontrarnos ni en las peores pesadillas: filas para la donación de huesos y restos de carne en Río de Janeiro; mujeres jefas de familia sumergidas en la volqueta de un camión de basura en Fortaleza, en la búsqueda desesperada de alimentarse a sí mismas y a sus hijos, relataron desde la población, según la Encuesta Nacional de Inseguridad Alimentaria en el Contexto de la Pandemia de Covid-19, realizada por la Red Brasileña de Investigación sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Este espectáculo de crueldad ocurre en un país enormemente rico -se produjo un crecimiento en el número de multimillonarios brasileños en la lista anual de FORBES, de 45 en 2020 a 65 en 2021- y que exporta alimentos a millones de personas. La misma encuesta informó que el 55,2% de los hogares vivían con inseguridad alimentaria -falta de acceso pleno y permanente a los alimentos-, lo que supone un aumento del 54% desde 2018 (36,7%): 116,8 millones de personas. En los datos, que son de finales de 2020, se revela que en el 11,1% de los hogares encabezados por mujeres, sus habitantes pasaban hambre, frente al 7,7% cuando la persona de referencia era un hombre. Entre los hogares habitados por personas de raza negra y mulata, el hambre alcanza el 10,7%. Entre las personas de color/raza blanca, este porcentaje era del 7,5%, lo que revela la cara racial de la desigualdad. El hambre estaba presente en el 14,7% de los hogares en los que la persona de referencia no estaba escolarizada o tenía estudios primarios incompletos.
Es evidente que en 2021 se produjo un deterioro acelerado de estos datos por algunas razones que enumeraremos a continuación:
1- De los 108 millones de trabajadores que solicitaron el Auxilio de Emergencia en 2020, sólo 68 millones la recibieron, llegando al 44% de los hogares brasileños en montos entre R$ 600 y R$ 1.200 (1 dólar estadounidense = 5,4498 reales brasileños: ndt) por decisión del Congreso, ya que Guedes y su equipo querían una contribución de R$ 200. En 2021, hubo una disminución del valor del Auxilio de Emergencia a 150 reales a 375 reales, y su cobertura a 39,4 millones de personas. En octubre de 2021, el gobierno de Bolsonaro puso fin al Auxilio de Emergencia, recordando que involucraba a los usuarios del Programa Bolsa Familia (PBF), y se anunció que el PBF (que llega a 14,6 millones de familias) será sustituido por el Auxilio Brasil, que pretende alcanzar a 17 millones de familias, con una transferencia monetaria por un monto de R$ 400, pero con una cobertura muy inferior al Auxilio de Emergencia. Habrá unos 25 millones de personas desprotegidas tras estas reducciones de las transferencias monetarias en 2021, que han sido esenciales para la compra de alimentos por parte de las familias más pobres.
2 – A lo anterior se suma el impacto nocivo de la inflación acumulada del 10,25 (IPCA), especialmente en los artículos de primera necesidad como el precio de los alimentos, los combustibles, la electricidad y el gas de cocina, erosionando en general el poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores, que cayeron proporcionalmente un 10,2% (IBGE), una caída histórica, impactando también en el poder adquisitivo de los programas de transferencias monetarias. Un estudio de Daniel Duque, de la Fundación Getúlio Vargas, muestra que el 70% de los trabajadores gana menos hoy que en 2019.
3- Esto lo corrobora el hecho de que los acuerdos salariales de numerosas categorías de trabajadores se produjeron en condiciones desfavorables para estos últimos, como consecuencia de la contrarreforma laboral de 2017 y de las medidas adoptadas durante la pandemia en nombre de la «protección del empleo». Esto ha supuesto que sólo el 9,5% de los acuerdos hayan estado por encima de la inflación, el 23,5 dentro del cálculo de la inflación y el 70% por debajo de la misma.
4- La persistencia de altas tasas de desempleo – 14,1% de la Población Activa (PEA); subutilización de la fuerza de trabajo: 28,6% de la PEA; 14,4 millones de desempleados; 5,6 millones de desalentados (IBGE- Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, segundo trimestre de 2021) -, aún con algún retroceso de los números pandémicos, siendo que la calidad del empleo en el retorno ha sido peor que antes del cuadro pandémico, conforma este cuadro de desastre social, que los heraldos del ultraneoliberalismo quieren resolver con acciones empresariales de individuos en competencia «perfecta». La prolongación, tan perversa como innecesaria de la pandemia en Brasil por las prácticas negacionistas y las fake news estimuladas por el Palacio de Planalto (sede del Poder Ejecutivo en Brasilia: ndt) y sus aliados, que nos llevó a los más de 610.000 muertos, también alimentó el repunte del desempleo, que ya no venía bien en 2019, es bueno recordarlo
Hay que recordar que el capitalismo es un modo de producción y reproducción social que no se guía por las necesidades humanas, salvo cuando éstas constituyen una base material para el proceso de valorización del valor, que presupone una demanda solvente, es decir, para la que hay disponibilidad de medios de pago. El caso de la carne es emblemático: en un contexto de inseguridad alimentaria, los precios de la carne se orientan hacia el mercado exterior, sin ningún compromiso de abastecimiento interno. Según la CONAB (Compañía Nacional de Abastecimiento), el consumo de carne bajó de 36 kilos en 2020 a 26,4 kilos por habitante/año en 2021, después de alcanzar el récord de 96,7 kilos por persona en 2013. Mientras tanto, los ingresos de los frigoríficos -como Mafrig y JBS- aumentaron un 8,5% y el volumen de carne exportada creció un 3,3%, con una valoración anual de los cuatro principales frigoríficos de más de 60.000 millones de reales en la Bolsa. Y sorprendentemente: el precio de la carne de vacuno para los productores ha ido bajando, con la reanudación de la demanda china, ¡sin que ello repercuta en los precios del mercado interior! El ultraneoliberalismo de Guedes, con el concepto de que el mercado se mueve como una fuerza de la naturaleza que no debe ser regulada bajo ninguna circunstancia, impide cualquier control de precios y la protección de la población brasileña frente a la codicia de los superbeneficios. Por eso somos productores de alimentos y energía y al mismo tiempo vivimos con hambre endémica.
Otro elemento importante es recordar que se trata de un modo de producción que funciona sobre la base de la ley general de la acumulación, revelada por Karl Marx en El Capital. Según Marx, «la acumulación capitalista produce constantemente -y esto en proporción a su energía y dimensiones- una población trabajadora adicional relativamente superflua o subsidiaria, al menos en lo que respecta a las necesidades del capital» (Idem: 199). Se trata de una superpoblación relativa, que incluye un segmento en situación de pauperismo absoluto. El significado de la existencia de estos sectores de la población trabajadora para el capital es presionar el valor de la fuerza de trabajo a la baja y, en el contexto de la dependencia, siguiendo el ejemplo de Brasil, engendrar lo que Rui Mauro Marini (1973) caracterizó como sobreexplotación de la fuerza de trabajo, con el fin de compensar las relaciones desiguales de intercambio en el mercado mundial, lo que afecta a la reproducción de la fuerza de trabajo de diversas maneras. La ofensiva burguesa en el ambiente de crisis del capitalismo para reanudar las tasas de ganancia y extraer plusvalía pasa por la rebaja de los salarios de los trabajadores del centro, lo que remite a la condición de exportadores de alimentos de los países periféricos como Brasil, con la reanudación y agravamiento de un patrón de reproducción fundado en la agroexportación y la minería, proceso que no se inició tras el golpe de Estado de nuevo tipo de 2016, hay que decirlo. Al mismo tiempo, por tanto, se produce una reducción del fondo «normal» de reproducción de los trabajadores de la periferia.
La política social tuvo históricamente una baja cobertura en este país marcado por el peso de la esclavitud y la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, y donde el pleno empleo keynesiano nunca existió. En el Brasil actual, además del desempleo, hay que señalar que uno de cada cuatro trabajadores es informal, pero esta baja expansión del mercado laboral formal en el país es una marca constitutiva. Así, hemos estado muy lejos de un estándar socialdemócrata de protección social. A partir de los años 90, y en contra de las indicaciones constitucionales de 1988 y en el entorno de las contrarreformas neoliberales y el ajuste fiscal permanente, se ha construido una política social más a imagen y semejanza del neoliberalismo y la superexplotación, que del diseño constitucional indicado por la redemocratización. Evidentemente hubo contradicciones en este proceso, pero no hemos tenido un auge en la expansión de la seguridad social brasileña, como hemos señalado en numerosos trabajos. Hay que recordar que la política social no es una forma de resolver la desigualdad ni contiene la superexplotación, pero en su dinámica contradictoria es esencial para la reproducción de la vida de millones de trabajadores y también es una disputa de fondos públicos (Behring y Boschetti, 2006 y Behring, 2021).
Por lo tanto, está en el centro de la lucha política, de la lucha de clases. Reproduciendo aquí, con algunos añadidos, elementos tratados en esta columna en el texto de Behring y Boschetti (2021) (1), tenemos que en una sociedad monetizada, marcada por la lógica del valor -que implica la producción y la reproducción-, los que no tienen ningún ingreso están cerca de la muerte y de la brutalidad que provoca diariamente el pauperismo absoluto. Este debate implica cómo atender las necesidades más básicas de las mayorías que hoy -en Brasil y en el mundo- no encuentran trabajo o, cuando lo encuentran, se enfrentan a una inmensa precariedad, bajos salarios y superexplotación en el caso de los países dependientes. Los programas de «transferencia de ingresos» que se han extendido en los países capitalistas desde la crisis de los años 70 están lejos de ser políticas de izquierda, pero han sido utilizados sucesivamente por los partidos de derecha y socialdemócratas, con diferentes matices y alcances, ante la incapacidad del capitalismo de asegurar el pleno empleo. En su origen, fueron defendidos por neoliberales como Milton Friedman, siempre con valores muy bajos para no desincentivar el trabajo, aunque no haya empleo protegido para todos. El Programa Bolsa Familia, resultado de la unificación de varias ayudas asistenciales específicas y focalizadas del periodo FHC (Fernando Henrique Cardoso), se implantó en Brasil en 2003, al inicio del Gobierno de Lula, en la estela de la expansión de estos programas en toda América Latina. En su momento criticamos el Programa Bolsa Familia: su no reconocimiento como derecho social y la vulnerabilidad ante el gobierno de turno – elemento que ahora se manifiesta con fuerza – lo que permite su utilización de forma clientelar y electoral; sus valores extremadamente bajos entre 89 y 212 reales hasta 2019, y hasta 410 (en 2020 en el entorno de la pandemia), y su ínfima participación en la asignación del fondo público por el presupuesto general de la Unión, pero con gran equilibrio político. Por otro lado, estoy de acuerdo con Denise De Sordi en un reciente artículo en Folha de São Paulo (2), que señala la importancia de la articulación entre el PBF y la red de protección social proporcionada por el Sistema Único de Asistencia Social (SUAS) y que ha sido sistemáticamente destruida desde 2016, y no será asegurada en el anunciado y temporal Auxilio Brasil.
Los programas de ayuda a las transferencias monetarias son importantes estrategias político-económicas para garantizar mínimamente la supervivencia de los trabajadores con el fin de asegurar su disponibilidad para la explotación; para asegurar un flujo básico de consumo, evitando un cortocircuito en la rotación del capital, y para controlar socialmente el pauperismo y el comportamiento de las «clases peligrosas». Sin embargo, para quienes están desprovistos de todas las condiciones de reproducción social en el capitalismo, los programas que transfieren recursos públicos bajo el nombre de «transferencia monetaria», «renta básica» o «renta mínima» son una cuestión de vida o muerte, más aún en países como Brasil, marcados por la informalidad, los salarios bajos e inestables y la agresiva precarización. La condición de barbarie de más de 100 millones de hombres y mujeres se ha convertido en una pandemia explosiva. Si la transferencia monetaria es funcional para la reproducción del capitalismo, no se puede negar que es igualmente necesaria para la reproducción de la clase obrera. Por lo tanto, la izquierda debe hacer su defensa táctica, no en los términos y parámetros panópticos y draconianos de las propuestas neoliberales -incluso de un neoliberalismo de cooptación, según el análisis de Cislaghi (2020). Al construir el programa de Guilherme Boulos (PSOL) para la presidencia en 2018, defendimos un programa de transferencia monetaria de ½ a un salario mínimo, con financiación del impuesto a las grandes fortunas entre otros expedientes.
Por último, cabe hacer algunas observaciones específicas sobre el Auxilio Brasil, que sustituirá al PFC en noviembre de 2021, ya que este último se extingue después de 18 años de existencia y de impactos reales en la vida de millones de familias extremadamente empobrecidas, a pesar de sus limitaciones, y sin ningún debate técnico y democrático que respalde tal decisión. El Auxilio Brasil es el segundo intento bolsonarista de construir un programa de transferencias monetarias que pueda llamar suyo -el primero fue el anuncio de la Renta Brasil, que no prosperó-. Sólo que ahora, claramente chantajeando a la población en un año electoral, ya que el programa termina con el fin del mandato de Jair Bolsonaro en diciembre de 2022, poniendo a la población en una profunda inseguridad sobre el futuro, que sin duda será un lema electoral del capitán. Como ya hemos dicho, Auxilio Brasil viene acompañado del desmantelamiento de la red de asistencia social antes articulada con el PBF y del seguimiento de las familias en conjunto con otras políticas sociales. El programa se justifica por el énfasis en el emprendimiento y el esfuerzo individual, denominado «emancipación ciudadana», que refuerza la responsabilidad individual por la condición de pauperizado; a esta lógica se suma el hecho de que el beneficiario que participa en un curso de educación financiera puede solicitar un préstamo de nómina de hasta el 30% de la cantidad que recibe, con deducción directa del pago de las prestaciones. Aquí, además del refuerzo de la culpabilidad individual resultante de la mala gestión financiera de los individuos, se produce la inserción de los usuarios más pobres en el circuito de las finanzas y la deuda. Estos aspectos han sido ampliamente denunciados tanto por Denise De Sordi, como en un reciente artículo de Flávia Oliveira (3), entre otros.
Destacamos, por último, el oportunismo en la financiación de este programa, que denota la utilización de la pobreza y el hambre de millones para otros fines, electorales y privados. La PEC 23 (Proyecto de Enmienda Constitucional) está en debate en el Congreso, ya aprobada en la Cámara de Diputados con mayoría, aunque no absoluta e incómoda, y ahora se tramita en el Senado. Con este cambio constitucional -una Constitución desfigurada por cambios que se han convertido en habituales, lo que debería llevarnos a programar una Asamblea Nacional Constituyente urgente- quieren recaudar unos 91.600 millones de reales en un año electoral, entre 44 y 50 mil millones de reales para el nuevo programa, cerca de R$ 3 a R$ 5 mil millones para el fondo electoral y, sobre todo, lo que queda de esta cuenta para el presupuesto secreto – las enmiendas del ponente – y que ya se llama «bosolão» y las enmiendas parlamentarias que establecen el maridaje de siempre bajo la dirección del Centrão (bloque de partidos de alquiler: ndt) de Arthur Lira y sus cómplices. El STF (Supremo Tribunal Federal) ha indicado un límite a esta práctica en un reciente tinte de republicanismo, pero los parlamentarios ya están buscando otras formas de hacer uso de estos recursos. En esencia, la PEC 23 establece una especie de -¡ahora sí! – de pedalear el tope establecido por la EC/95 (Enmienda Constitucional también conocida como “límite de gasto” o “enmienda de la muerte”: ndt), para generar recursos en un año electoral: la magia está en que la inflación se mida por los últimos 12 meses y no por el año anterior para el cálculo del tope. A medida que ésta aumenta y alcanza los dos dígitos, como hemos visto, el techo también aumenta. Otra medida del PEC 23 para abrir resquicios a los recursos es la parcelación de los precautorios: deudas del sindicato con particulares y empresas en litigio en los tribunales desde hace años y ya con sentencia firme para su pago. Estas tortuosas vías de financiación del programa revelan que el techo de gasto es una excrecencia constitucionalizada en el contexto golpista, en nombre del Nuevo Régimen Fiscal ultraliberal, y que debe ser prohibida, ya que compromete políticas públicas fundamentales. Lo que está haciendo el gobierno de Bolsonaro no es más que burlar descaradamente el malogrado techo para sus intereses electorales y de poder. El oportunismo de tal forma de financiación es coherente con el plazo de finalización del programa, ya que la financiación futura no está asegurada, referida al juego político electoral de 2022.
Vean: sería posible crear en Brasil un programa de transferencias monetarias consistente y con valores decentes -de ½ a 1 salario mínimo-, lo que depende, obviamente, de otra agenda económica y de una correlación de fuerzas política: el fin del techo de gasto; la auditoría de la deuda pública y la reducción significativa del gambito de recursos para el pago de intereses, cargas y amortizaciones de la deuda pública en el presupuesto brasileño; el cobro de la deuda activa de la Unión; y, especialmente, el impuesto a las grandes fortunas.
Sin embargo, las luchas aún no han cobrado la suficiente densidad y fuerza para una reversión de la agenda económica y pública, y como nos enseña Felipe Demier (2017), el blindaje de la democracia ha alcanzado características oscuras en el gigante latinoamericano. Y, de esta manera, prevalece el viejo encuentro entre el oportunismo electoral y el hambre, que viene desde los tiempos fundacionales de la formación social capitalista brasileña, y que ha sido ampliamente denunciado por Victor Nunes Leal, Francisco de Oliveira, Florestan Fernandes y muchos otros críticos del drama crónico de la desigualdad social brasileña. Ratifica el compromiso del futuro en este presente que quisiéramos relegar al basurero de la historia lo antes posible.
* Doctorada en Servicio Social por la Universidad Federal de Río de Janeiro (2002). Fue presidenta de la Asociación Brasileña de Enseñanza e Investigación en Servicio Social (ABEPSS), en la gestión 2009-2010, y del Consejo Federal de Servicio Social (1999-2002). Es profesora asociada de la UERJ (Universidad del Estado de Río de Janeior), en la Facultad de Servicios Sociales, donde coordina el Grupo de Estudio e Investigación sobre Presupuesto Público y Seguridad Social (GOPSS), y el Centro de Estudios Octavio Ianni (CEOI). Ha publicado en el ámbito de la política social, el presupuesto público, los fondos públicos y el servicio social.
Notas
1.Los dos párrafos siguientes fueron publicados por los autores en el texto «Transferencia de ingresos», techo de gasto y oportunismo: hacia una crítica de la izquierda. Disponible aquí: https://esquerdaonline.com.br/2020/08/18/transferencia-de-renda-teto-de-gastos-e-oportunismo-para-uma-critica-de-esquerda/
2 Véase el artículo de Denise De Sordi.
3 El artículo de Flávia Oliveira está disponible aquí https://blogs.oglobo.globo.com/opiniao/post/de-improviso-e-desmonte.html
Referencias
Behring, Elaine Rossetti. Fondo público, valor y política social. São Paulo: Cortez Editora, 2021.
Boschetti, Ivanete. Política social – Fundamentos e historia. São Paulo: Cortez Editora, 2006.
Demier, Felipe. Después del golpe: la dialéctica de la democracia blindada en Brasil. Río de Janeiro: Mauad X, 2017.
