A finales de noviembre, a funcionarios, que se desempeñan como auxiliares de aseo en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), le notificaron que sus contratos no serían renovados. Desde entonces están movilizados por su reintegro, pues denuncian que los despidos son injustificados. Dado este proceso, a la fecha, las autoridades han accedido a reincorporar a 4 de 11 trabajadores despedidos. Los funcionarios, actualmente, preparan un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones.
Teniendo en cuenta que hoy es 10 de diciembre y conmemoramos los derechos humanos, cabe destacar, que el trabajo decente también es un derecho fundamental, especialmente en un contexto de crisis social, económica y sanitaria, mientras estamos a días de las celebraciones de fin año, los trabajadores se han visto muy afectados por los despidos injustificados.
Funcionarios denuncian despidos injustificados en la UMCE
A finales de noviembre, a funcionarios, que se desempeñan como auxiliares de aseo en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), le notificaron que sus contratos no serían renovados. Desde entonces están movilizados por su reintegro, pues denuncian que los despidos son injustificados. Dado este proceso, a la fecha las autoridades han accedido a reincorporar a 4 de 11 trabajadores despedidos. Los funcionarios, actualmente, preparan un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones.
“A un trabajador a contrata que lleva más de dos años no se le puede despedir, así como así. Esto es sabido en la administración pública porque se trata de una obligación legal. Hay dictámenes de la Contraloría General de la República que regulan el acto”, explica Fabián Puelma, abogado representante de los funcionarios desvinculados.
El defensor legal añade que en este caso lo más irregular es que se argumenta como causal un mal desempeño, pero durante dos años no se ha hecho el proceso de calificaciones que establece la ley para todo servicio público. “Eso fue lo que incumplió la universidad no observando las exigencias y principios legales que toda institución pública debe cumplir al respecto”.
Los auxiliares de aseo también cuestionan el argumento de “mal desempeño”, pues aparte de no existir evaluación, durante casi todo el año, no realizaron sus funciones de forma presencial a causa de la pandemia.
La UMCE, también conocida como el ex pedagógico, actualmente se encuentra intervenida después de la crisis que implicó que la Institución no cumpliera con la certificación mínima que necesitan las Universidades fiscales. Por esto, el Ministerio de Educación ordenó una supervisión y tutoría por parte de la Universidad de la Frontera. Y es aludiendo a ese contexto que Joseffe Cáceres, dirigenta gremial de los funcionarios manifiesta “¿Por qué una Universidad que además se encuentra intervenida y en crisis, se atreve a no renovar contratos de manera tan irregular?
Ella misma responde su pregunta diciendo que “pareciera que la Universidad está acostumbrada a tomar decisiones arbitrarias que quedan en la absoluta impunidad. A los trabajadores ni siquiera les entregaron los Memorándum que supuestamente respaldan la decisión. Tampoco lo hicieron a la Asociación Gremial. Esto de por sí ya es escandaloso. Además, lo único en común que tienen los trabajadores despedidos, son enfermedades complejas que los llevaron a tener licencias médicas. Con esto las autoridades dicen que no hay derecho a enfermarse, sino te desechan”. La dirigenta también acusó prácticas antisindicales, pues pese a que le corresponde ir a trabajar, le han prohibido la entrada para evitar el roce con sus colegas desde que se anunciaron las desvinculaciones.
Debido a la presión que han ejercido los auxiliares de aseo, en compañía de estudiantes, administrativos y profesores, las autoridades han reintegrado a cuatro personas. Frente a esto el abogado Fabián Puelma señala: “No podemos olvidar que a todos los trabajadores los desvincularon por la misma causal, y si reincorporaron a cuatro trabajadores, ¿qué argumento tienen para no reincorporar al resto? Si los despedidos no se hubieran organizado, no hubiesen exigido a sus dirigentes, si no hubiesen impulsado una campaña en solidaridad que contó con el amplio apoyo de la comunidad universitaria, el rector jamás hubiese dado pie atrás en estos casos. Esto es un punto de apoyo para que no quede nadie fuera con prácticas tan cuestionables para una institución del Estado”.
En suma, debido a las irregularidades señaladas en el proceso, los funcionarios acudirán a la Corte de Apelaciones para interponer un recurso de protección, del cual esperan la “invalidación de la no renovación de contrato”, y en consecuencia que “se le pueda pagar todos aquellos meses que no fueron pagados desde el momento de su desvinculación hasta su reintegro.
Cabe destacar que lo que sucede en el ex- pedagógico no es un caso aislado, pues las no renovaciones de contrata también se están replicaron en otras Universidades del Estado, como la Universidad de Chile, la Universidad de Playa Ancha, entre otras.
