BLOQUEO CONTRA VENEZUELA
El desplazamiento de personas entre fronteras nacionales en búsqueda de mejores condiciones de vida es un fenómeno generalizado que afecta a distintas partes del planeta. Motivo de preocupación gubernamental a nivel global, vemos, por ejemplo, cómo los gobiernos europeos establecen drásticas medidas para frenar las oleadas migratorias provenientes de África. Las sucesivas administraciones estadounidenses ejecutan severos planes ante la avalancha migratoria procedente de México y Centroamérica. En el caso chileno, a partir de los años noventa, se ha planteado la problemática de la “masividad” de los movimientos migratorios procedentes de Perú, Colombia, Haití y Venezuela.
En concordancia con las definiciones propuestas por la ONU, asumimos que es responsabilidad de los estados salvaguardar los derechos de quienes se han visto obligados a migrar. Esa debe ser la perspectiva que dirija las acciones gubernamentales en la gestión de las poblaciones migrantes. Fortaleciendo las prácticas de reciprocidad por parte de los gobiernos que acogen a ciudadanas y ciudadanos que, igualmente, han salido de Chile en búsqueda de horizontes de mayor bienestar.
Hasta este momento la política migratoria por parte del Gobierno ha sido usada como un arma política y se ha caracterizado por la arbitrariedad en las reconducciones, dilataciones, fallas y hasta cierre del sistema para los trámites migratorios, dentro y fuera del país; trayendo consigo aumento de ingreso de los migrantes por pasos no habilitados, problemas de orden público, ajusticiamientos y violencia en manos de civiles, vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, tráfico de migrantes, trata de personas, muertes en frontera, estado de indefensión, dificultando o impidiendo su inserción en la vida social y productiva del país, violando así los derechos humanos de esta población.
Dado el escenario descrito, exhortamos al gobierno electo de Gabriel Boric a tomar medidas tendientes a la resolución de uno de los factores fundamentales de la diáspora venezolana. Es necesario atender a la crisis económica, política y social generada por las medidas unilaterales impuestas por los Estados Unidos contra Venezuela. El bloqueo a la economía de Venezuela, debe ser reconocido como uno de los factores mayormente generadores de una crisis social que ha conducido al éxodo de una parte de la población de dicho país.
En febrero de 2020, Venezuela presentó ante la Corte Penal Internacional una denuncia (remisión) para que se investiguen los graves delitos cometidos contra la población venezolana por parte del Gobierno de Estados Unidos, debido a la imposición de un bloqueo económico y de medidas unilaterales denominadas, eufemísticamente, «sanciones».
Por su parte ACNUDH, Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en julio de 2020, concluyó respecto de Venezuela que: “El aumento de las sanciones económicas y financieras ha exacerbado la crisis económica y social preexistente al mermar recursos que podrían haberse utilizado para proteger más adecuadamente los derechos económicos y sociales y hacerlos plenamente efectivos.”
La Relatora Especial de las ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en febrero de 2021, instó “al Gobierno de los EE. UU. a terminar la emergencia nacional relativa a Venezuela, reconsiderar y levantar las sanciones impuestas al sector público venezolano, revisar y levantar las sanciones secundarias impuestas a terceros países y abstenerse de imponer sanciones respecto al suministro de diésel que pudieran provocar una crisis humanitaria de proporciones sin precedentes.”
Considerando todo lo anterior, es que solicitamos públicamente al gobierno entrante, a través de la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, que encabece una acción diplomática decidida y tendiente a eliminar las criminales medidas de boicot a la economía venezolana, condenadas por la normativa internacional y causante de una de las crisis humanitarias más agudas ocurridas en nuestro continente.
Solo el fin del bloqueo norteamericano a Venezuela, y su consecuente reconocimiento del derecho a la autodeterminación en la resolución pacífica de los conflictos internos, permitirá avanzar en la superación de la crisis económica y social, que redundará claramente en la disminución de las tasas migratorias venezolanas, que tanto se exhiben afectando a nuestro país.
Por último, debemos recordar que nuestra propia historia nacional es inequívoca a este respecto. La intromisión norteamericana en Latinoamérica ha traído consigo desestabilización, dolor y crisis, generando graves perjuicios para el desarrollo de nuestra región.
Firman organizaciones sociales, académicxs, investigadorxs, dirigentxs:
• Red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en Defensa de la Humanidad – Capítulo Chile (REDH)
• Movimiento Acción Migrante (MAM)
• Asamblea de Migrantes de Tarapacá
• Comunidad Bolivianos en Iquique
• Centro de Formación Memoria y Futuro
• Federación de Trabajadoras/es de Call Centers (Fetracall)
• Asociación Cultural José Martí de Concepción
• Fundación Constituyente XXI Chile
• Comisión Ética contra la Tortura
• Instituto Chileno Cubano de Cultura, José Martí
• Centro de Encuentro y Formación y Biblioteca Popular Pedro Mariqueo, población La Victoria, comuna Pedro Aguirre Cerda
• Agrupación Nacional de Expresos Políticos de Chile
• Colectivo y Revista TejeR
• Asociación Cultural José Martí de Concepción
• Aotearoa Latin American Community Incorporated
• Cooperativa Audiovisual Latinoamericana (COOLAPSA) – Argentina
• Organización Soberanos
• Organización Trawun
• Chilenos en Canadá por AC
• Sergio Grez Toso, Historiador, Académico de la Universidad de Chile
• María Emilia Tijoux, académica Universidad de Chile
• Jorge Saavedra Caimanque, Concejal PAC
• Lorena Zambrano, Asamblea de Migrantes de Tarapacá
• Carlos Margotta Trincado, abogado de Derechos Humanos
• Ana Zuleta, Comunidad Bolivianos en Iquique
• Cristián Cuevas, dirigente sindical, vocero del Frente Unitario de Trabajadores (FUT)
• Paula Vidal, académica Universidad de Chile
• Patricio Guzmán S., Editor de Werken Rojo
• José Pérez Debelli, presidente ANEF
• Ibán de Rementeria, académico Universidad Central de Chile
• Soledad Falabella, Directora de la ONG ESEO
• Nicolás Romero, editor Revista De Frente
• Margarita Ibarra, Comisión de DDHH del Colegio de Enfermeras
• Ana María Olivares, Secretaria General del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas
• Carlos López Dawson, académico y abogado de Derechos Humanos
• Vivian Murúa Arroyo, profesora
• Celso Calfullan, Director de Werken Rojo
• Hernán Lechuga, médico y abogado
• Sergio Aliaga, Doctor y académico Universidad de Chile
• Fernando Cortés R., Sociólogo
• Carlos Moya Ureta, Instituto Latinoamericano de Altos Estudios Sociales, ILAES posgrados Chile
• Carlos Felipe Villa, consejero nacional del Colegio de Periodistas
• Iván Pincheira, académico Universidad Academia de Humanismo Cristiano
