por Gabriel Muñoz
Durante febrero han ocurrido 120 ocupaciones de predios por parte de comunidades mapuche. Se concentran en las comunas de Nueva Imperial y Lautaro, pero también otras zonas de la Araucanía. Familias y comunidades enteras tomaron pacíficamente predios privados beneficiados por la usurpación del territorio ancestral por parte del Estado. Es la mayor ocupación masiva de tierras desde los ’90, según la propia Conadi (Corporación de Desarrollo Indígena).
200 comunidades cumplen con los requisitos para la restitución de tierras en toda la Araucanía, pero sólo 20 han obtenido respuestas. Muchas esperan desde hace 30 años. El desinterés del gobierno por la recuperación del territorio ancestral usurpado se demostró el año 2020: la Comisión de Tierras de la Conadi utilizó sólo el 8% de los fondos destinados para compra de terrenos de un total de $74 mil millones de pesos.
Agricultores y grandes empresas forestales
La totalidad de las ocupaciones pertenecen a agricultores pertenecientes al grupo de agricultores de ultra derecha APRA quienes se pasean libremente portando armas y difundiendo un discurso de odio contra el pueblo mapuche y fomentando la violencia contra éste. El 21 de febrero Carabineros y los grupos de choque de los empresarios agrícolas desalojaron el predio propiedad del concejal de Lautaro, Carlos Gutiérrez, militante de RN quien al grito de «esta es mi propiedad privada» comandó el desalojo a plena luz del día provocando un incendio.
La recuperación de tierras es legítima. El pueblo mapuche fue expoliado de sus tierras por la ocupación del Estado de Chile a fines del siglo XIX cuando el «Wallmapu» era un país independiente y libre. Sistemáticamente redujeron a las comunidades a tierras infértiles y prácticamente el Estado regaló tierras a empresarios nacionales y extranjeros. Además de esto, todas los predios ocupados recientemente se encuentran aprobados para restitución según Conadi, es decir, se demostró que son tierras usurpadas.
18 comunidades lanzaron un comunicado explicando que estas masivas tomas son legítimas y que se trata de empresarios que no producen alimento para la región. Y un porcentaje se trata directamente de grandes empresas forestales de grupos como SOFO y también del APRA, con una cantidad de puestos de trabajo mínimos, con sueldos bajos y abusos laborales. Actualmente dichas empresas avanzaron en depredar el bosque nativo y la producción de pino se destina a la exportación. Las comunidades también denuncian que las instalaciones de estas propiedades fueron utilizadas por la Dictadura Militar como centros de tortura y desaparición…
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