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El pueblo no es corrupto ni traidor … ustedes sí…y esta es la prueba

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Al igual que el ladrón (que cree a todos de su condición), políticos de la Alianza y la Nueva Mayoría intentan desplazar sus culpas cargándoselas al pueblo, a las fiscalías, a las redes sociales.

Los miembros de las actuales cofradías parlamentarias se consideran  a sí mismos una casta diferente al grueso de la sociedad civil, e incluso exigen –en los actos oficiales y presentaciones públicas- ser llamados y atendidos como “honorables”, aunque también les acaricia el ego escuchar sus nombres antecedidos por la palabra “legislador”.

No solo de pecados económicos viven estos ‘honorables’, ya que con traiciones y entreguismos también alimentan sus bolsillos. Llama la atención que diputados y senadores salten en escandalizada defensa de sus pellejos cuando se les recuerda las corruptelas que llevan efectuando desde horas  después de protocolizado el triunfo del NO en el plebiscito de octubre de 1988. Un ejemplo de ello es el ocurrido en 1989, con Ricardo Lagos Escobar a la cabeza de los negociadores, cuando se concretó  “la bajada de pantalones” de la Concertación en el plebiscito de reforma constitucional.

Recordemos que en ese vergonzoso asunto,  en la Concertación de aquellos años el pandero –junto a Ricardo Lagos- lo llevaban los señores Edgardo Böenninger (filo PDC golpista el ‘73, y autor el 25 de septiembre de ese mismo año de un elaborado plan de limpieza de las universidades para la Junta Militar, promoviendo incluso  el exilio de académicos UP)  y Enrique Correa (PS- ex MAPU OC).

Los puntos principales de “la bajada de pantalones” que acordaron plebiscitar (a sabiendas que en conjunto tenían la mayoría suficiente) los dirigentes de la Concertación con el pinochetismo ese mes de julio del año 1989, fueron los siguientes:

a) Aceptar constitucionalmente la estafa binominal.

b) Renunciar a la mayoría legislativa parlamentaria que le aseguraba la propia Constitución del 80, que habilitaba  al Presidente para aprobar los proyectos de ley con mayoría simple en una cámara y sólo un tercio en la otra. Con esto Pinochet había querido asegurarse (si hubiese ganado el plebiscito y en el supuesto de haber seguido en la Presidencia) el poder legislar con los senadores designados que le daban mayoría a todo evento en el Senado, y con minoría hasta de un tercio en la Cámara de Diputados.

c) Renunciaron a la convocatoria de plebiscitos constitucionales, que se ganan con el 5% más un voto, de origen presidencial.  O sea, renunciaron al mecanismo por el cual se aprobó la Constitución del 80 y el mismo Plebiscito en que estaban votando en julio del  89 (!!). Ello significa entonces que la Concertación consideró no válidas ambas acciones, pese a que a través de ellas Chile recuperó la democracia y la propia Concertación accedió al gobierno. ¡¡De Ripley!!

d) Y otros asuntos de igual e incluso mayor gravedad, que están muy bien descritos en el libro “Chile, una Democracia Tutelada” del ensayista y sociólogo Felipe Portales (Editorial Sudamericana, 2000).

Fue así que el año 1989 se cerró el cofre institucional chileno y la derecha y el pinochetismo se quedaron con esa vital llave, pero siempre con el visto bueno de la Concertación que sólo se aseguró la Presidencia y los sillones principales de la “Administración”. Y hoy parece que la ‘amnesia consciente’ es parte fundamental de la línea política de la Nueva Mayoría. Los actuales dirigentes de ese bloque oficialista escabullen el cuerpo no bien alguien les recuerda estos asuntos, sobre los que obviamente no tienen respuestas.

Por cierto, todo lo anterior no fue gratis, pues a partir de tales acuerdos -entre los ‘kapos’ de la Concertación y los vástagos del pinochetismo-  comenzaron a encumbrarse las dietas parlamentarias, las llegadas de dirigentes concertacionistas a diversos directorios de empresas, y además, indudable es ello ya a estas alturas de la historia, se dio origen a la sociedad de intereses económicos formada por ambos bandos para meter poruñas y manos en dineros fiscales, fuese directamente o mediante la artimaña de la evasión de impuestos, utilizando a todo dar la información privilegiada a la que tenían (y siguen teniendo) acceso desde el gobierno y el Parlamento.  

De ahí en más, aprovechando el desinterés ciudadano por informarse debidamente en estas materias, el duopolio inició la maratón de corruptelas que han desangrado al país, convirtiéndolo también en una especie de “territorio oscuro” al que cualquier inversionista (nacional o extranjero) puede acceder para agenciarse recursos naturales por doquier, a bajo precio (pagando únicamente la ‘comisión’ impetrada por uno o más parlamentarios para protocolizar una ley en beneficio del capitalista), con ridículos impuestos y escuálidas o nulas exigencias en cuanto a legislaciones laboral y medioambiental.

MOP-GATE, Inverlink, La Polar, Johnsson’s, LAN, Agrosuper, Farmacias, Penta, SQM, Caval, y otros, resultan ser los casos que se salieron del control duopólico; por ello, es preciso reconocer que escándalos como los ya conocidos solo constituyen una mínima parte del total. Hay más, muchos más… y no únicamente en lo referido a dinero.
Ejemplo de lo dicho en la última línea anterior es el caso  del reinstalado presidente de la UDI, Hernán Larraín, un verdadero caradura político que  nunca ha dicho «pío» de su conspiración golpista -ordenada en su momento por Jaime Guzmán- con TV13, el cura Hasbún y los gremialistas (pre UDI) Enrique Bruna y Jaime del Valle, en junio 1973. Para más recuerdos y precisiones  de esa canallada golpista sobre las parlamentarias de marzo de 1973 hay que ver los anexos del panfleto «11 de Septiembre: Día Decisivo» de Augusto Pinochet (1979).

Larraín tampoco ha dado nunca explicaciones de su campaña pro Colonia Dignidad de 1990-94, ni de su irrestricto apoyo al pederasta y asesino Paul Schaeffer. Se incrementa la extrañeza al comprobarse que hasta hoy NINGÚN dirigente de la ‘democrática’ coalición oficialista llamada Nueva Mayoría le ha exigido explicaciones y, menos aún, alguno de los partidos que integran ese bloque ha hecho un intento  por llevarlo ante la justicia. Para nuestros eméritos políticos actuales, el dinero y el familisterio están por sobre todo lo demás, incluyendo al país y su gente.

La saga de corruptelas, traiciones y mentiras oficiales que se han venido desarrollando desde 1988 a la fecha, conforman un cúmulo demasiado voluminoso para desmenuzarlo en pocas líneas de una nota como esta. Lo único que es posible agregar se encuentra en la segunda lectura de las frases mencionadas hace pocos días por la presidenta Bachelet, cuando expresó: “Chile no es un país corrupto”… y no mintió, ya que de verdad Chile y su pueblo no lo son.

Los corruptos se encuentran, precisamente, en las filas y montoneras de aquellos crápulas del gobierno, del Parlamento y de las actuales dirigencias de los partidos políticos que conforman una sociedad de intereses llamada duopolio, sociedad a la que hoy intentan maquillar mediáticamente a objeto de parir nuevas engañifas con las cuales seguir mareando a la gente y, como corolario de ello, continuar haciendo lo que mejor hacen: corromper, mentir, traicionar.

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