Kaos en la Red
Por Andrés Figueroa Cornejo Publicado el 19 Nov, 2020
El régimen de Piñera anunció durante la mañana de este jueves 19 de noviembre, la destitución del que fuera hasta hace poco, Director General de Carabineros de Chile, Mario Rozas, luego de casi dos años de conducir una entidad de muerte, tortura, amputaciones oculares, desapariciones, heridos por doquier.
El factor inmediato de la medida estuvo en el baleo de dos adolescentes por parte de agentes de Carabineros en uno de las residencias del Servicio Nacional de Menores, Sename, de Talcahuano, unidad dependiente de la entidad uniformada (https://kaosenlared.net/chile-carabineros-balea-piernas-de-adolescentes-del-servicio-nacional-de-menores/) y acaecido ayer 18 de noviembre.
Sin embargo, el prontuario criminal de Rozas comenzó a mostrar explícitamente su dentadura antipopular desde la revuelta social que inició el 18 de octubre de 2019, y que comportó el asesinato de personas aún sin aclarar; cientos de amputaciones oculares; heridos por miles, prisioneros y prisioneras políticas sin pruebas ni procesos y todavía cautivos en las cárceles del país andino; tortura, y decenas de miles de detenciones. Las violaciones sistemáticas de los derechos humanos capitaneadas por Mario Rozas, no sólo se concentraron en las disidencias políticas de Chile, sino que se cometieron con entraña fascista y racista sobre el pueblo mapuche en lucha por sus derechos territoriales y autonomía política.
La formalidad de la caída del ex Director General de Carabineros, se dio mediante su «renuncia», aceptada inmediatamente por el presidente y pinochetista Sebastián Piñera, quien despidió al uniformado, manifestando que, «Tengo el mayor aprecio, admiración y gratitud por la labor que ha cumplido el general Rozas”. Naturalmente, el general no se mandaba solo a la hora de dictar sus delitos legalizados. Piñera es el titiritero de tanta noche.
En el cargo vacante fue impuesto el general Ricardo Yáñez, quien aparece en la lista de los siete generales sumariados por Contraloría por su eventual responsabilidad administrativa en procedimientos ocurridos en el marco de la revuelta social comenzada el 18 de octubre de 2019. Ello simplemente quiere decir, que sólo se trata de un cambio cosmético en una de las instituciones más desacreditadas por la población del país andino (de acuerdo a sondeos de opinión, el rechazo ciudadano a la conducta de Carabineros raya el 70 por ciento de rechazo).
Un manotazo del pueblo se ha desecho de otro miembro clave del régimen de Piñera. No obstante, y debido al acuerdo espurio y a espaldas de la población del 15 de noviembre de 2019, entre el oficialismo y la mayoría de la oposición institucional (salvo el PC), «Piñera no se toca» y el contubernio considera que el mandatario degradado tiene la garantía, por arriba, de terminar su periodo presidencial.
Las movilizaciones populares, desde el 18 de octubre de 2019, evolucionaban organizacional y políticamente. Sin embargo, y como ocurrió en otros países, las medidas de cuarentena y confinamiento producto de la pandemia de la Covid, fue la excusa perfecta para que el poder impusiera estados de sitio, toques de queda, intensificación de la militarización y control social; cercenando a tajo un proceso de lucha social ascendente que estaba cuestionando no únicamente al gobierno de Piñera y al sistema de partidos políticos imperante, sino que a los propios fundamentos del régimen del lucro y la ganancia privada a costa del trabajo ajeno.
Piñera continúa pendiendo de un hilo en virtud de los acuerdos antidemocráticos y antisociales con la mayoría de la llamada «oposición institucional», que lo oxigenaron provisoriamente. Pero el pueblo despierto teje sus articulaciones para un nuevo momento de lucha superior.
En desarrollo.
