Eduardo Gudynas *
OLCA, 29-3-2023
Las tensiones y las contradicciones sobre los combustibles fósiles arrecieran en las últimas semanas, tanto a nivel internacional como en Colombia. A nivel internacional, el Panel Intergubernamental en Cambio Climático (IPCC) presentó su reporte para los tomadores de decisiones, especialmente los políticos, insistiendo en que deben tomarse medidas drásticas para frenar la emisión de gases invernadero si es que se pretende evitar una catástrofe (1).
A los pocos días, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, agregó que era necesaria una transformación “radical” de los sistemas energéticos para “acabar con la dependencia de los combustibles fósiles”(2).
Si realmente se comprende lo que dice ese y otros reportes sobre el cambio climático, está claro que todos los países, incluso Colombia, deben abandonar la explotación de combustibles fósiles como los hidrocarburos y carbón.
En el caso de la minería de carbón, el gobierno Petro había dado un primer paso incluyendo en la propuesta de Plan de Desarrollo Nacional una prohibición a nuevos proyectos de minería de carbón térmico a cielo abierto a gran escala y el cierre definitivo de emprendimientos finalizados. Lamentablemente, en el primer debate en el Congreso, esa medida fue anulada a partir de reclamos que insistían en la importancia económica y laboral de ese tipo de extractivismo (3). Se concretó así el primero de dos reveses.
Los argumentos que se utilizaron para defender ese tipo de minería en su mayoría responden a los clásicos dichos sobre el beneficio económico y el empleo. Esos argumentos son típicos de las argumentaciones empresariales lo que contrasta con lo que se observa en los sitios donde operan esos enclaves. Muchos de ellos siguen sumidos en la pobreza, no llegan todos los beneficios económicos de esas actividades, la demanda de empleo es limitada, y los impactos negativos que producen son enormes.
Esa ceguera sobre los efectos locales quedó en evidencia cuando el 15 de marzo la explosión en siete minas de carbón térmico y metalúrgico en Cundinamarca dejó un saldo de 21 muertes. Las cuentas corporativas y los balances exportadores no toman adecuadamente en cuenta efectos como esos, y no es raro que los califiquen apenas como accidentes. El presidente Petro tenía razón cuando dijo en twitter que cada muerte no es solamente una falla empresarial sino también social y gubernamental (4). Y lo es, porque es el Estado el que otorga concesiones y habilitaciones, y es también el que debería monitorear y fiscalizar la calidad de sus operaciones. Las muertes no son accidentes, y en cambio muestran que esos controles fallaron o sin inadecuados.
En el caso del carbón, el gobierno Petro intentó dar un primer paso para descarbonizarse, pero en el manejo de los petróleos la situación es diferente. También en esos mismos días en que se alertaba sobre el cambio climático, el gobierno “unificó criterios” en su política energética. En un comunicado conjunto emitido el 15 de marzo, los ministerios de Hacienda, Minas y Energía, y Comercio e Industria, presentó la hoja de ruta “Una transición energética justa y sostenible”. En un breve documento se afirma que la transición será “gradual”, y se enumeran seis “instrumentos”, donde se destaca el cuarto. En éste se anuncia que se continuará “con la exploración y explotación de combustibles líquidos y gas” y se “propiciará” la autosuficiencia de la matriz energética (5).
Anunciar que se continuará tanto con la explotación como exploración petrolera supone renunciar a una de las promesas en el plan de gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. En aquel plan se decía: “No se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos”, y se prohibiría la exploración y explotación de petróleos no convencionales, todo ello en un capítulo titulado “Colombia líder en la lucha contra el cambio climático”. Por lo tanto, la nueva decisión gubernamental, si se mantiene, significa incumplir esa promesa y aleja cualquier liderazgo en ese frente.
Posiblemente sea cierto que en los días de campaña electoral muchas personas leyeron el programa muy apresuradamente, o no lo leyeron, y es por ello que se difundió la idea que se pondría en marcha una transición tanto post-petrolera como post-minera. Pero siendo riguroso, si se lee con cuidado aquel programa, es claro que se aceptaba continuar con la explotación de crudos convencionales en yacimientos en operación así como se podrían explotar aquellos que ya habían sido concedidos. Distintos voceros del petrismo dejaron eso en claro. Algunos incluso proponían recuperar pozos abandonados para extraer de ellos los crudos remantes. Pero a pesar de que solamente existía un compromiso enfocado en la exploración, se usaba eso como justificación de la existencia de una amplia transición energética o petrolera.
El anuncio que se acaba de hacer es un cambio sustancial por el cual se abandonaría la promesa de suspender nuevas exploraciones petroleras. Está claro que exploración y explotación son dos conceptos distintos, pero a nadie escapa que liberalizar la búsqueda de nuevos yacimientos lleva, más tarde o más temprano, a nuevas perforaciones.
La cuestión petrolera ha estado bajo muchos tironeos. La ministra Irene Vélez en declaraciones que posiblemente se dirigían al ministro de Hacienda, J.A. Ocampo, el pasado octubre de 2022, sostenía que no se firmarían nuevos contratos de exploración y explotación, y que ello se sustentaba en la “integridad ética y política” que “caracterizaría” al gobierno al enfrentar la crisis climática (6). También quedarían por el camino las declaraciones que el gobierno hiciera en el Foro Económico de Davos afirmando que se suspenderían los contratos de exploración hasta el 2026. La nueva hoja de ruta apunta en otro sentido, y además parecería que la conducción efectiva estará en el despacho del ministro de hacienda.
Si esto efectivamente se concreta, ya no habría una transición post-petrolera y, a la vez, sería una marcha atrás en la batalla contra el cambio climático. No sólo es un incumplimiento de la promesa electoral, que viola el título de aquel capítulo del programa de gobierno de Petro y Francia que se comprometía con luchar contra el cambio climático, sino que además opera en sentido contrario a lo que está pidiendo el reciente reporte del IPCC. En cambio, estamos ante un giro que es una victoria de los pro-petroleros. La exploración continuará, y desde allí se generarán más presiones, más proyectos y derechos comerciales que a su vez empujarán por más explotación petrolera. La presión petrolera sobre la Amazonia y sobre los mares aumentará.
Este giro del gobierno no ha merecido la atención que merece y por momentos es como si pasara desapercibido. Una razón puede ser en que la repetición de titulares ambiciosos por el gobierno, como el de “transición energética justa y sostenible”, que es muy efectivo publicitariamente en cubrir medidas que son mucho más humildes o que no se cumplen.
Se acentúa la maraña que hace unas semanas atrás describía como Confusión + Alucinación + Ofuscación, y que se puede abreviar como CAO. Aquella reflexión partía de recordar los viejos usos del término confusión cuando corrientemente se lo asociaba a esos otros dos. En sus significados originales confundir implica otorgar a unos objetos los atributos de otros, tomar unas cosas por otras, y mezclarlas en desorden; alucinar es concebir ideas de objetos o sucesos que no existen o combinarlos de modo contrario a lo posible; y ofuscar es perturbar el entendimiento, por ejemplo por la profusión de palabras impidiendo percibir adecuadamente lo que se quiere dar a entender (7).
Hay una postura CAO porque esas tres manifestaciones están presentes en la defensa de la petrolización. Allí está la confusión en los que dicen que Colombia depende de la recaudación fiscal petrolera o que sin éstas se derrumbaría la economía nacional, mientras que su participación está en el nivel del 10 % de la recaudación fiscal. La alucinación se observa en algunos de los ambientalistas pro-petroleros que sostienen que el país tiene “cero” emisiones de gases invernadero desde el sector petrolero, sin reconocer que esos dichos están reñidos con la ciencia y el sentido común (los compradores de petróleos colombianos los queman y por lo tanto emiten gases invernadero). No cabe otra calificación que ofuscación a quienes repiten que la explotación petrolera es un buen negocio para el país, a pesar que nadie resta los costos económicos de los daños sanitarios, sociales y ecológicos que produce.
Un hecho peculiar es que en Colombia la CAO es alimentada desde la academia, donde hay universitarios que tienen discursos ambientalistas, incluso denunciando el cambio climático, pero al mismo tiempo insisten en exportar todo el carbón y el petróleo posible, y minimizan o niegan las emisiones de gases invernadero que eso produce. O bien dicen apoyar una transición energética, pero ¡no por ahí!, como insiste Juan Pablo Ruíz Soto, para defender seguir exportando y explorando, aunque lo hace con argumentos que en un caso es errado y en otro es inapropiado (8).
Al final de cuentas son interpretaciones que no asumen justamente eso que el nuevo reporte del IPCC, indicado arriba, pone en evidencia: debe abandonarse la adicción a los hidrocarburos y demás combustibles fósiles, cuanto antes y en todo el planeta, sin excepciones.
Por lo tanto estamos ante tres senderos. Algunos entendían que tendría lugar una transición sustantiva que permitiría detener exportaciones y exploraciones. Pero en realidad se había prometido una transición acotada que mantendría las explotaciones sin otorgar nuevas concesiones. Parecería que esto finalmente no se concretará y estamos ante un giro que pasa por una transición muy diluida para finalmente volver a la condición inicial que persiste en la petrolización. Las confusiones, alucinaciones y ofuscaciones permitieron seguir jugando con la etiqueta “transición” mientras que en poco más de seis meses, el giro fue tan pronunciado que se está volviendo al punto de inicio. Habrá que estar atentos a si ese retorno finalmente se mantiene.
* Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES) e investigador asociado del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA).
Notas
1. AR6 Synthesis report – Climate change 2023, Summary for policymarkers, en: https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/
2. Calentamiento global: Guterres pide un 2023 “de transformaciones, no de retoques”, Noticias ONU, 23 marzo 2023.
3. Artículo que prohíbe la minería de carbón a cielo abierto fue eliminado del PND, L. Quiroga Rubio, El Tempo, Bogotá, 17 marzo 2023.
4. ¿Está Colombia preparada para decirle adiós al carbón?, M. C. Bonilla, El Espectador, 19 marzo 2023
5. Boletín del Ministerio Hacienda y Crédito Público, 15 marzo 2023, en: https://www.minhacienda.gov.co
6. Vélez vs Ocampo: MinMinas desmintió a MinHacienda por contratos de exploración (resumen de entrevista en W Radio), El Colombiano, 13 octubre 2022.
7. Transiciones: una necesaria intención de cambio atrapada en una maraña de confusiones, E. Gudynas, Desde Abajo, No 299 (febrero 2023)…
8. Los dos argumentos destacados en J.P. Ruiz son: Considerar que el Pacto Histórico ha enfatizado el debate sobre la “oferta” de petróleos, lo que es errado porque en realidad las propuestas y medidas concretas están sobre todo en el consumo y uso interno de energía (como queda en evidencia en el PND). Sostener que la oferta exportable de exploración y explotación depende de “múltiples factores” que no se conocen ni controla el país, lo cual poco agrega ya que esa condición se da para casi todas las materias primas, y para nada invalida que la decisión primordial, la de exportar o no exportar un bien, siempre está en manos del Estado. Su postura en Transición energética: ¡por ahí no es!, El Espectador, 7 febrero 2023.
(Versiones previas de este artículo se publicaron en el blog del autor, Embrollo del Desarrollo, en El Espectador, y en el periódico Desde Abajo, Bogotá).
