A más de un año del inicio de la pandemia, el gobierno y la casta política empresarial han demostrado ser completamente incapaces de ofrecer una respuesta a las necesidades inmediatas de la población, a la crisis económica y sanitaria; ni menos a las demandas sociales planteadas por la rebelión de octubre del 2019.
Socialismo Revolucionario.
Comité por una Internacional de los Trabajadores, CIT.
Los datos son claros, más de 1 millón de empleos perdidos, el trabajo informal supera el 25% de la fuerza de trabajo y además 2.3 millones de personas han caído en condiciones de pobreza, según el propio Banco Mundial. Por su parte, el gobierno se ha limitado a aplicar medidas de corte neoliberal, como la ultra “focalización” en ayudas sociales; que han resultado tardías y completamente insuficientes, entregando bonos miserables que no superan la línea de la pobreza.
Mediante la mal llamada “Ley de protección del empleo” se obligó a miles de trabajadores a ocupar sus ahorros del Fondo de Cesantía, dejándolos indefensos. Y se ha obligado a millones de trabajadores a ocupar sus ahorros del Fondo de Pensiones para sobrevivir en medio de la actual crisis.
De esta forma, el gobierno junto con la casta política y empresarial intentan hacer caer el peso de la crisis sobre los hombros de la clase trabajadora y los más pobres.
Un “gobierno” sin poder y una “oposición” sin alternativa
En medio del debate por el tercer retiro de los Fondos de pensiones, el gobierno ha recurrido al Tribunal Constitucional para frenar el proyecto aprobado en el Congreso; presentando a último momento su propio proyecto para intentar dilatar y contener la presión social. Finalmente, el Tribunal Constitucional no acogió a trámite el requerimiento del Ejecutivo; provocando una aguda crisis en el gobierno, su coalición y en la casta política en general. Las recientes encuestas así lo confirman, con apenas un 7% o 9% de aprobación al gobierno de Piñera.
Los conflictos que observamos entre el Gobierno y el parlamento, además de la crisis interna del Tribunal Constitucional; son una clara expresión del derrumbe de toda la institucionalidad heredada de la dictadura.
Esta crisis política, por otra parte, ha gatillado protestas y movilizaciones a nivel nacional; llevando a numerosas organizaciones sindicales y sociales a convocar una Huelga General para el 30 de abril.
El gobierno de Piñera cada vez pierde más legitimidad y poder; arrastrando en la caída, al resto de su coalición política. Esta crisis complicará enormemente los intentos de la casta política por controlar las fuerzas del estallido social y el proceso constituyente en curso.
Recordemos que el gobierno de Piñera hubiera caído hace mucho, a no ser por la intervención de la mayoría de los partidos políticos al firmar el denominado “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” en noviembre del 2019. Allí, el proceso constituyente fue establecido para frenar las movilizaciones y controlarlas por la vía institucional. De esta manera, bajo el amañado sistema electoral vigente, los partidos y sus representantes electos intentarían controlar el proceso de discusión y redacción de la nueva constitución.
Pero, la actual crisis ha gatillado nuevas y masivas movilizaciones que cuestionaran, cada vez más, la legitimidad del proceso Constituyente y la propia continuidad del actual gobierno.
En esta situación las principales fuerzas de la llamada “oposición” han sido parte del problema y no han planteado una alternativa real a este nefasto gobierno. Debemos recordar que, para el estallido social de 2019, la mayoría de la casta política firmó el llamado “Acuerdo por la Paz”. Ellos no solo temían que cayera el gobierno de Piñera, sino que, además, todo el sistema político y económico heredado de la dictadura; que también legitimaron como Concertación o Nueva Mayoría por décadas…
