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Chile Mejor sin TLC rechaza prácticas de seguimiento y fichaje de Carabineros de Chile contra dirigentes sociales

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Declaración pública
Chile Mejor sin TLC rechaza prácticas de seguimiento y fichaje de Carabineros de Chile contra dirigentes sociales

Como Plataforma Chile Mejor sin TLC rechazamos en forma absoluta toda forma de intimidación, acoso y ejercicio de la violencia contra los y las luchadores sociales por parte de Carabineros cuya misión es resguardar el orden público y no vigilar a las personas en el legítimo ejercicio de sus derechos. Los 23 muertos en la revuelta popular, los herid@s y torturad@s, las abusadas sexualmente nos conmocionan, ya que esta vigilancia secreta podría desembocar en nuevos montajes policiales. Nuestras referencias previas son los casos de Macarena Valdés defensora del agua y su territorio, en que sucesivas autopsias y peritajes descartan el suicidio (2016), y el asesinato del dirigente sindical Juan Pablo Jiménez (2013) que permanecen en la más completa impunidad. Tenemos presente asimismo la militarización del Wallmapu y la constante represión y hostigamiento al pueblo mapuche y asesinato de sus luchadores.

El hackeo a la web de Carabineros de Chile conocido en estos días y recogido por CIPER e Interferencia, entre otros medios, evidenció estas vergonzosas prácticas propias de una dictadura, asociadas a la brutalidad con que las fuerzas policiales reprimen toda manifestación del descontento ciudadano. Está clara la vigencia de la doctrina del enemigo interno adoptada en tiempos de la dictadura cívico militar, lo cual ya había quedado al descubierto en la fallida Operación Huracán desatada desde las más altas esferas del poder con el objetivo de descabezar al movimiento mapuche.

Han sido vigilados, fichados y/o amenazados por agentes del Estado dirigentes sindicales, de profesores, socioambientales, estudiantiles, pobladores y territoriales, entre otros, organizados para defender los derechos de las y los trabajadores y la salud, para luchar contra la destrucción de sus territorios por megaproyectos, para defender el agua, la biosfera y la semilla. Entre ellos se cuentan destacad@s dirigentes de organizaciones que son parte Unidad Social, de la Coordinadora de Trabajadores de No más AFP, CUT, Colegio de Profesores, Modatima y Fech. Entre ellos hay también dirigentes sociales integrantes de nuestra Plataforma como Carolina Espinoza, Esteban Maturana de la Confusam y los dirigentes socioambientales Joel González, Claudia Arcos, de Limache asimismo miembros de nuestra Plataforma, al igual que Patricia Núñez, de Santiago, amenazada por desconocidos. Como parte de estas maniobras de la mal llamada “inteligencia” del Estado, circula también en redes sociales una delirante teoría conspirativa oficialmente desmentida por la Fiscalía, detallando el supuesto origen internacional de la revuelta popular y publicando esta versión en La Tercera, así como videos, fotografías y textos xenófobos, incitando a la violencia contra venezolanos y cubanos e involucrando en sus publicaciones a un miembro de la Coordinación de nuestra Plataforma, Esteban Silva, de la Fundación Constituyente XXI. Todo ello forma parte de un esfuerzo general de deslegitimación de las luchas populares y de descabezamiento de los movimientos sociales y/o políticos que rechazamos en los términos más enérgicos.

Constatamos al mismo tiempo que los responsables de la depredación de esos territorios, de la colusión y peor aún, de crímenes contra los derechos humanos durante y después del estado de excepción, están libres, en tanto que el soldado David Veloso que se negó a disparar contra el pueblo y el profesor Roberto Campos que se unió a quienes iniciaron la evasión en el metro, están encarcelados en condiciones deplorables.

Hacemos responsable al Estado de Chile de la seguridad de los luchadores sociales de todo el territorio y exigimos el fin de la impunidad y la investigación y castigo de todos los crímenes y violaciones de derechos humanos del período actual y anterior, ya que la impunidad de ayer ha permitido la repetición de la conducta terroristas de los agentes del Estado.

Santiago, 5 de noviembre de 2019

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