Minka Comunicación
Por redacción – La Paz, 9 de noviembre de 2025
La justicia boliviana dio un nuevo giro político. A solo dos días de la asunción del presidente Rodrigo Paz Pereira, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló la condena de 10 años de prisión contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez y ordenó su liberación. El hecho no solo reescribe el relato judicial del golpe de 2019, sino que marca un punto de quiebre en la memoria de las víctimas de la represión que dejó 37 muertos en Sacaba y Senkata.
Durante el acto de posesión presidencial, el presidente del TSJ, Romer Saucedo, sorprendió al país al ofrecer disculpas públicas a Áñez “por los errores del pasado”.
Áñez fue invitada a la asunción presidencial por el nuevo presidente Rodrigo Paz, gesto que simboliza el blanqueamiento político de su figura. Su presencia en la ceremonia, ovacionada por sectores conservadores y legitimada por las máximas autoridades judiciales, representa una ofensa abierta a las familias de las víctimas que aún esperan justicia por las masacres de 2019.
La decisión del TSJ —bajo el argumento de que Áñez no debía ser procesada por la vía ordinaria sino mediante un juicio de responsabilidades parlamentario— no la absuelve de los delitos, pero traslada el caso a un terreno político donde la nueva mayoría derechista en la Asamblea Legislativa tiene escaso interés en reabrir el expediente. En los hechos, la medida consolida su impunidad.
Un perdón institucional en tiempos de derechización
El pedido de disculpas de Saucedo marca un hecho inédito: la máxima autoridad del Poder Judicial se disculpa con quien encabezó un gobierno cuestionado por violaciones a los derechos humanos. Ese gesto, más político que jurídico, fue leído como una señal de alineamiento con el nuevo bloque de poder encabezado por Paz, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora.
“El sistema judicial boliviano opera en función de los cambios de poder, no del derecho”, explica la socióloga Luciana Jáuregui. Para la investigadora, las recientes excarcelaciones de Áñez, Camacho y Pumari muestran que “la justicia ha decidido ponerse al servicio del nuevo orden conservador”.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), documentó en 2023 al menos 37 muertes y centenares de heridos en los primeros días del gobierno de Áñez. Pese a ello, ningún responsable político o militar ha sido condenado. Las familias de las víctimas denuncian que con esta nueva resolución se entierra cualquier posibilidad de verdad y reparación.
“El mensaje que deja el TSJ es devastador: las vidas de Sacaba y Senkata no valen lo mismo que el perdón a los poderosos”, expresó una de las abogadas de las víctimas tras conocerse la excarcelación.
Un cierre simbólico y un nuevo pacto de poder
Con la liberación de Áñez y el pedido de disculpas institucional, la justicia boliviana parece sellar un pacto con el nuevo gobierno. El discurso del perdón se convierte en la narrativa oficial de una nueva etapa, donde las élites políticas y judiciales buscan dejar atrás el “ciclo del MAS” y sus causas judiciales.
Rodrigo Paz, que prometió un “gobierno verde y de capitalismo popular”, eligió comenzar su mandato rodeado de los rostros más visibles de la derecha y con la expresidenta del golpe entre sus invitados de honor. Un gesto que, más que reconciliación, parece una declaración de impunidad.
Fuente: Erbol, Diario Ar
“Le hemos pedido perdón a nombre de los errores del pasado, que no los cometimos nosotros, pero que nos toca institucionalmente asumirlos. Vinimos a corregir algunos errores, pero sobre todo el manoseo político que hubo a la justicia no va a existir más”, dijo Saucedo en declaraciones difundidas por el alcalde paceño Iván Arias.
