Jano Ramírez, CIT Chile
El 8 de noviembre de 2025, Bolivia presentó el cambio de mando presidencial más contradictorio de su historia reciente. Rodrigo Paz Pereira afirmó el poder en medio de un clima de polarización, crisis económica e incertidumbre social. Su discurso de aceptación, centrado en la promesa de un “capitalismo para todos”, buscaba proyectar una imagen de renovación y moderación; Sin embargo, lo que realmente inauguró fue una nueva etapa de ofensiva contra las mayorías oprimidas, bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional (FMI) y las organizaciones del capital financiero internacional.
A esto se suma la reciente anulación de la condena a diez años de prisión contra Jeanine Áñez, símbolo del golpe de Estado de 2019, lo que constituye una señal inequívoca del restablecimiento del conservadurismo y la recomposición del poder judicial al servicio de la clase dominante. Ambos acontecimientos evidencian la profundidad del giro a la derecha en Bolivia, el agotamiento del ciclo progresista y la conclusión de una etapa del denominado “proceso de cambio”.
El colapso del reformismo y la derrota electoral del MAS
Las elecciones de 2025 reflejaron el colapso de un proyecto que, durante casi dos décadas, buscó reconciliar lo irreconciliable: capitalismo y justicia social. El Movimiento al Socialismo (MAS), surgido como expresión política de los levantamientos obreros, campesinos e indígenas de principios de siglo, llegó a estas elecciones divididas, agotadas y sin horizonte político.
La fractura entre Evo Morales y Luis Arce terminó por desintegrar el partido, generando candidaturas separadas, batallas legales por el nombre y, finalmente, una votación de castigo de dimensiones históricas. Ninguna de las dos facciones logró superar el 3%, mientras que el voto nulo —votos escindidos—, convocado por Evo Morales como forma de resistencia política, alcanzó casi el 20%, evidenciando el nivel de desconfianza hacia todas las opciones en disputa.
Sin embargo, sería un error reducir esta derrota a un simple conflicto personal. Lo que se derrumba es un modelo, el del capitalismo andino-amazónico, un proyecto que nunca buscó destruir los fundamentos del sistema capitalista, sino administrarlo bajo un control estatal parcial. La “nacionalización” de los hidrocarburos en 2006 fue, en realidad, una renegociación de contratos; los latifundios permanecieron protegidos en la Constitución de 2009, y la política económica, dependiente de la renta del gas, funcionó mientras los precios internacionales eran altos.
Cuando se agotó ese auge económico, también se agotó el reformismo. La inflación, que alcanzó el 25% en 2025, la escasez de combustible y la disminución de las reservas internacionales provocaron un rápido deterioro de las condiciones de vida. El MAS, en lugar de radicalizar el proceso, lo administró, mantuvo subsidios sin planificación productiva, reprimió movilizaciones como la del territorio indígena TIPNIS (2011) y aplicó medidas neoliberales como el “gasolinazo”. La distancia entre el discurso antiimperialista y la práctica del gobierno se volvió insostenible.
El error histórico del MAS no fue abandonar el capitalismo. No es que Morales haya traicionado los principios marxistas, sino que nunca los demostró su eje. Desde su fundación, su dirigencia, particularmente a través de Álvaro García Linera, sustituyó la lucha de clases por un discurso de “reconstrucción nacional” y “armonía entre los sectores productivos”. Bajo la tesis del “capitalismo andino-amazónico”, se argumentaba que Bolivia debía primero fortalecer un capitalismo regulado con participación indígena, antes de considerar el socialismo. En otras palabras, se renunció a la revolución y se optó por la gestión.
El nuevo gobierno, máscara populista, agenda del capital
El triunfo de Rodrigo Paz, con Edman Lara como vicepresidente, es la expresión más reciente del reciclaje político de la derecha latinoamericana. Paz, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, se presenta como un populista “moderno”, contrario al neoliberalismo clásico de Tuto Quiroga, pero defensor de la “iniciativa privada”. Durante la campaña, prometió mantener los subsidios que garantizan la estabilidad del costo de vida, consciente de que cualquier intento de eliminarlos provocaría una reacción inmediata del pueblo boliviano. Pero esa promesa choca frontalmente con la realidad.
Pocos días antes de asumir el poder, Paz viajó a Washington para reunirse con representantes del FMI, quienes anunciaron su “disposición a ayudar” al nuevo gobierno. La historia latinoamericana es clara: cada vez que el FMI “ayuda”, impone condiciones que destruyen los logros sociales y la soberanía. Bolivia no será la excepción.
Las medidas que se están preparando son las mismas de siempre:
- Eliminación progresiva de los subsidios a los combustibles y los alimentos, lo que aumentará el costo de vida.
- Recortes en el gasto público, que afectan a la salud, la educación y programas sociales como el programa de pensiones Dignity Income o el bono Juancito Pinto que se paga a los padres para la educación de sus hijos.
- Privatización de empresas estatales y apertura al capital extranjero, especialmente en energía y litio.
- Flexibilidad laboral, que atenta contra la estabilidad y los salarios reales.
El gobierno de Paz, como todos aquellos que se han subordinado al capital financiero, actuará como gestor del FMI, encargado de garantizar el pago de la deuda externa a costa de los trabajadores.
La anulación de la condena de Jeanine Áñez, un signo de impunidad y restauración conservadora
La decisión del Tribunal Constitucional que anuló la condena de diez años de prisión contra Jeanine Áñez, políticamente responsable del golpe de Estado de 2019 y de las masacres de Sacaba y Senkata, constituye un duro golpe a la memoria del pueblo boliviano. No se trata de un error jurídico, sino de una decisión política que refleja el nuevo equilibrio de poder tras el triunfo de la derecha.
Este hecho consagra la impunidad y reabre la puerta a la legitimación del golpe, bajo el discurso de la “reconciliación nacional”. Es el mismo guion que vimos en Chile tras la dictadura y en Argentina tras los indultos a Menem: la clase dominante necesita cerrar los procesos judiciales que la comprometerán para consolidar su restauración política.
Que Áñez recupere su libertad mientras decenas de activistas sociales siguen encarcelados es un síntoma de los tiempos: el Estado burgués se está readaptando, limpiando su fachada “democrática” mientras prepara un nuevo ciclo de represión contra quienes resisten la austeridad.
Crisis de representatividad y reconfiguración parlamentaria
El nuevo Congreso Plurinacional, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), refleja claramente la crisis de representatividad. Ninguna fuerza política cuenta con mayoría propia. El MAS, otrara hegemónica, se ha reducido a un mero escaño simbólico; las alianzas de derecha se dividen entre el populismo conservador y el neoliberalismo ortodoxo; y han surgido sectores “independientes” que no representan más que intereses empresariales regionales.
Este escenario reproduce, bajo nuevos nombres, la antigua “Democracia de Pacto” de los años noventa, un parlamento burgués que negocia cuotas de poder y reproduce las reglas del capital, mientras que el pueblo queda excluido de las decisiones fundamentales.
Perspectivas, tradición de lucha y tareas del momento.
Bolivia no es un país derrotado. Su pueblo posee una de las tradiciones de lucha más ricas de América Latina. Desde la insurrección de 1952 hasta la Guerra del Gas que comenzó en 2003, el pueblo boliviano ha demostrado que, cuando la clase trabajadora y el campesinado se movilizan, pueden derrocar gobiernos enteros.
El nuevo escenario inaugura un período de inestabilidad. La derecha gobernará en medio de una crisis económica, sin mayoría parlamentaria, frente a un pueblo que no aceptará pasivamente la pérdida de las conquistas pasadas. Obreros y campesinos defenderán las bonificaciones, subsidios y derechos sociales obtenidos durante el ciclo anterior. Se están dando las condiciones objetivas para un nuevo auge de levantamientos populares.
Pero la experiencia histórica demuestra que, sin un liderazgo revolucionario, las movilizaciones pueden desviarse hacia el reformismo o ser sofocadas por la represión. Por ello, la tarea fundamental no es reconstruir el MAS, sino construir un partido que proponga un programa de ruptura con el capitalismo y exprese los intereses históricos de los obreros y campesinos.
Programa de ruptura revolucionaria
- Expropiación y control obrero. Nacionalización inmediata y sin compensación de todos los recursos estratégicos (hidrocarburos, minería, grandes industrias, banca) bajo control obrero y campesino. Esto implica que la gestión de la producción y la distribución debe estar en manos de los propios trabajadores, a través de sus organizaciones democráticas (sindicatos, federaciones, comités).
- Incumplimiento del pago de la deuda externa. Rechazo categórico de las imposiciones del FMI y declaración de una moratoria unilateral sobre la deuda externa. Estos recursos deben utilizarse para financiar un plan de emergencia social y un programa de industrialización soberana.
- Reforma agraria radical. Expropiación de los latifundios y entrega de la tierra a las comunidades campesinas e indígenas, poniendo fin al legado colonial ya la concesión hecha por el MAS al derecho de propiedad de la tierra.
- Plan Económico Obrero. Implementación de un plan de industrialización soberana y diversificación económica que ponga la tecnología al servicio de las necesidades sociales y el cuidado de la naturaleza, y no del lucro capitalista. Este plan debe ser elaborado y supervisado por organizaciones obreras y campesinas.
- Gobierno obrero. Sustitución del Estado capitalista por un gobierno de los trabajadores y campesinos, basado en órganos de poder popular (asambleas, comités) que garantizan la más amplia democracia obrera y popular frente a los dueños del capital.
El nuevo gobierno de Rodrigo Paz no representa una renovación, sino la continuidad del poder capitalista con un nuevo rostro. Si bien el ciclo del MAS nunca rompió con el capitalismo, sí logró conquistas sociales parciales y una redistribución limitada del ingreso nacional, ahora amenazadas. La diferencia fundamental radica en que, en la práctica, el nuevo gobierno no mantendrá estas mejoras; su programa es el del retorno total a la austeridad, la privatización y la restauración abierta del poder capitalista. La anulación de la condena de Áñez, la inminente intervención del FMI y el retorno a las antiguas prácticas parlamentarias confirman el fin de un ciclo histórico: el del progresismo reformista que intentó humanizar el capitalismo.
Pero Bolivia aún no ha dicho su última palabra. La memoria insurreccional del pueblo, forjada en las calles de El Alto, Cochabamba y Potosí, se manifestará de nuevo cuando la austeridad afecte los bolsillos de los trabajadores.
La tarea inmediata de quienes luchamos por la emancipación social es transformar la resistencia en el poder, la indignación en la organización y la lucha en una perspectiva de clase. Solo un gobierno obrero y campesino, apoyado por la autoorganización de las mayorías oprimidas, podrá romper con la dominación capitalista y abrir el camino al socialismo.
Las tareas de los pueblos de América Latina
El giro a la derecha que experimenta Bolivia no es un fenómeno aislado; forma parte de una ofensiva regional del capitalismo y el imperialismo que cobra fuerza en América Latina. Sin embargo, esta recuperación no es ni estable ni pasiva. Por el contrario, se enfrenta a una amenaza concreta y militar por parte de Estados Unidos frente a las costas venezolanas, lo que demuestra que los pueblos de la región enfrentan no solo ajustes económicos, sino también una presión geopolítica directa.
La escalada de presencia de buques, submarinos, destructores y tropas estadounidenses en el Caribe, muy cerca de la costa venezolana, no es solo un acto de disuasión, sino una demostración de fuerza que permite al capital internacional ya las oligarquías locales reconfigurar América Latina bajo nuevos términos. Esta amenaza militar refuerza la agenda de ajuste, mientras que en Bolivia, al asumir el poder de un gobierno de «capitalismo para todos», se desarrolla una operación a mayor escala para imponer un capitalismo de mercado libre más disciplinado y una represión desde las bases.
Pero esta coyuntura también abre un escenario de resistencia continental. Las mayorías oprimidas —obreros, campesinos, pueblos indígenas, jóvenes—, aunque momentáneamente confinadas, se preparan para retomar la iniciativa. Porque la combinación del ajuste interno, la ofensiva del capital y la amenaza imperialista exigen una respuesta política de clase a escala continental. No basta con resistir localmente; el enemigo actúa globalmente, y la lucha de los pueblos latinoamericanos debe articularse en ese sentido.
La emancipación de los pueblos de América Latina no vendrá de nuevos administradores del capitalismo, sino de la unidad consciente de la clase obrera y campesina del continente, que se enfrenta tanto a las burguesías locales como a la intervención estadounidense. Bolivia es un nodo estratégico en esta lucha: si la restauración triunfa aquí, el ajuste se fortalece; si la resistencia autónoma crece aquí, se abre un nuevo ciclo revolucionario.
La amenaza de Estados Unidos en Venezuela nos recuerda que la clase dominante no respeta fronteras y que los mecanismos de subordinación se perfeccionan con el ajuste fiscal, la militarización y la represión. Pero, por otro lado, está la tradición insurgente de América Latina, viva en Bolivia, Ecuador, Chile y Colombia. Esa tradición debe transformarse hoy en poder organizado, en fuerzas de bloques obreros-campesinos-indígenas, en una dirección revolucionaria, capaz de consolidar transformaciones sin marcha atrás.
En definitiva, la tarea es continental, la perspectiva es socialista y no hay margen de error. Porque cuando el capital ataca, cuando el imperialismo despliega sus naves, cuando la deuda y los subsidios flaquean, solo la organización de las clases populares y su unidad continental pueden romper la cadena de ajuste y abrir el camino a una Federación Socialista de Repúblicas de América Latina.
