El Porteño
por Gustavo Burgos
La reciente propuesta de la convencional María Rivera en la Comisión Sistema Político de la Convención Constitucional que propone la disolución de los poderes del Estado —en la jerga liberal ejecutivo, legislativo, judicial— en una «Asamblea Plurinacional de Trabajadores y los Pueblos», ha tenido la virtud de echar luz sobre la vigencia del Acuerdo por la Paz y la consistencia de este bloque patronal comandado por Apruebo Dignidad, generando un unánime repudio por parte de estas fuerzas del régimen que la han calificado de antidemocrática y descabellada, entre otros epítetos. Este bloque que encabeza Boric —quien calificó la propuesta como fuera del «marco democrático» (sic)»—se extiende desde la ultraderecha hasta el PC, quienes coinciden en la necesidad alcanzar un texto constitucional de consenso, que modernice la institucionalidad vigente, pero que en lo sustancial la preserve.
Veamos el contexto de este exabrupto. Al día de hoy, faltando un mes para la instalación del Gobierno de Boric, la Convención Constitucional se nos presenta como la sala de máquinas del régimen y por lo mismo nada podemos esperar de ella. El llamado proceso constituyente no es más que la restauración del régimen. En efecto, si de algo sirvió el proceso de Iniciativas Populares de Norma (INP)—creado en apariencia para incentivar la participación popular en la conformación de normas constitucionales— fue para servir de balón de oxígeno a la Derecha la que logró llegar a esta instancia con las mayores propuestas patrocinadas. Por otro lado, que los principales reclamos que sirvieron de base al levantamiento popular del 18 de Octubre , como el de la libertad a los presos políticos, la nacionalización de la gran minería o el fin de las AFP, apenas hayan logrado superar el umbral de patrocinios, es un claro índice que las INP no lograron despertar al activismo y a las organizaciones de base, que vieron en ellas una simple maniobra comunicacional de la Convención sin ninguna perspectiva política real.
